8 de septiembre 2019
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La decisión de los personeros del régimen dentro de las universidades públicas, especialmente en los dos recintos de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, está posponiendo la posibilidad de que se gradúen los estudiantes que se involucraron de forma decidida en las protestas contra el régimen de Daniel Ortega.
Esta semana se conocieron dos casos más, de estudiantes a los que se les niega la posibilidad de continuar sus carreras, como a la estudiante de Medicina y expresa política Amaya Coppens, de la UNAN – León, o culminar sus estudios, defendiendo su tesis, como sucede a un estudiante de Filología y Comunicación, de la UNAN – Managua, que guarda su nombre bajo el seudónimo Josep Clayderman.
Coppens –de nacionalidad belga y nicaragüense- publicó en su perfil en Facebook, una copia de la carta que este tres de septiembre, dirigió a Jorge Alemán Pineda, decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la universidad leonesa, en la que le solicita “formalmente, se aclare mi situación académica”.
La joven, que ya llevaba quinto año de su carrera, explica que “desde mediados del año pasado, se me negó el ingreso al hospital, y circuló el rumor que se me había expulsado de la universidad, no obstante, nunca se me comunicó nada por vía oral ni escrita sobre mi situación académica, ni de las razones que justificasen una expulsión”.
Coppens fue una entre cientos de ciudadanos capturados y encerrados en las cárceles del régimen, muchos de los cuales fueron juzgados y condenados por medio de procesos judiciales que fueron denunciados como farsas, y finalmente liberados cuando el régimen trataba de comprar un poco de tiempo para retrasar la aplicación de nuevas sanciones internacionales.
La estudiante aboga en su misiva, porque se regularice no solo su situación, sino también la de “estudiantes universitarios que, contra su voluntad, y por resguardar su integridad física, tuvieron que abandonar sus aulas de clase”.
“Quiero mi título, pero no con sangre”
El estudiante capitalino que oculta su nombre bajo el alias de Josep Clayderman, desde el exilio, narra en su perfil de Facebook que un compañero de clase le comunicó que la universidad otorgará “la última oportunidad” para los que no han defendido.
Clayderman destaca que desde 2017 tiene lista su monografía, que versa premonitoriamente sobre las consecuencias de ejercer el periodismo de investigación en Nicaragua, elaborada después de entrevistar a varios periodistas “reconocidos nacional e internacionalmente”.
Sin embargo, aunque admite que “me duele demasiado perder otro año de estudios”, y que contar con su título, le abriría puertas en el exilio en que reside, considera que acudir al llamado de lo que creyó era su Alma Mater “sería como tragarme mi escupitajo”.
Lo dice recordando las muertes de varios estudiantes atrincherados en las universidades públicas del país, a los que menciona por sus nombres o seudónimos: Javier Munguía, en la Upoli; el Oso; Andrés; el Topo; Steven; Armando y Nariz, de los que recuerda “somos estudiantes y hermanos del mismo portón”.
“¿Cómo me sentiría defender sobre su sangre? ¿Por qué si muchos depusieron su vida e integridad física, no puedo deponer mi título?”, se pregunta, para luego asegurar que “voy a defender y a graduarme cuando los expulsados retornen”, antes de denunciar que “la UNAN busca cómo normalizar las cosas”.
Esa normalización, significa en la práctica, que los estudiantes deben identificarse con su carné de estudiante o su cédula, ante un guarda que también los revisa, y coteja sus nombres con una lista, narró un tercer estudiante que estudia una ingeniería en la UNAN, y pidió omitir su nombre para evitar represalias de las autoridades académicas.
