18 de enero 2019
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Ante el cierre de espacios que viven las agrupaciones de la sociedad civil y particularmente la criminalización de los defensores de derechos humanos por parte del régimen de Daniel Ortega, doce organizaciones se unieron para formar el "Observatorio Internacional sobre la Situación de Derechos Humanos en Nicaragua".
El espacio de articulación y coordinación está formado por organizaciones internacionales con amplia trayectoria en la defensa y promoción de los derechos humanos en diversas regiones del mundo, entre las que se encuentran el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).
También el Observatorio está conformado por Civicus- Alianza Mundial para la Participación Ciudadana, Fondo de Acción Urgente para América Latina y el Caribe (FAU-AL), Front Line Defenders, Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Red EU-LAT, JASS- Asociadas por lo justo.
Además lo integran la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IMD), Brot für die Welt (Pan para el Mundo), Plataforma Internacional contra la Impunidad, Race and Equality, Unidad de protección a defensores y defensoras de Guatemala (UDEFEGUA) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).
El régimen canceló el año pasado personerías jurídicas de nueve organizaciones de la sociedad civil, entre las que destaca el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), con una amplia trayectoria en el apoyo a la ciudadanía ante las violaciones de sus derechos.
Siguen las violaciones
"El Observatorio se constituye en virtud del contexto descrito y siendo que la crisis se mantiene y se agudiza, lo que hace imperante que la sociedad civil internacional continúe y refuerce su labor de supervisión y monitoreo de la situación de Derechos Humanos de una manera coordinada, constante y propositiva", explicaron en un comunicado.
El recién creado Observatorio señala que el 18 de abril de 2018 "marcó un punto de inflexión en la historia reciente de Nicaragua, al producirse el estallido de una crisis política y social que ha generado un fuerte impacto sobre la garantía de los derechos humanos de la población nicaragüense".
Insisten que tras nueve meses del inicio de esta crisis de derechos humanos, la represión ejecutada por el régimen de Ortega "contra manifestantes, líderes, organizaciones de derechos humanos y movimientos sociales continúa, generando que los espacios de participación social y de defensa de derechos humanos sean cada vez más difíciles de sostener".
