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Familias denuncian violentos desalojos y allanamientos en Tisma y Managua

Describen palizas, abusos y arrestos ilegales de parte de oficiales de la Policía Nacional: "Me dijeron que si seguía gritando, me los iban a matar"

// Foto: Cortesía

Ana Cruz

5 de julio 2020

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Una familia del municipio de Tisma, en Masaya, denunció que su propiedad fue allanada “ilegalmente” por un fuerte contingente de la Policía del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y además fueron golpeados, desalojados y arrestados, este tres de julio. Se trata del segundo caso en menos de un mes. El otro, a mediados de junio, ocurrió en contra de otra familia en Managua.

“Ellos se metieron a la propiedad como a eso de las cuatro de la madrugada y fue poco antes de las siete de la mañana que empezaron a  atacarnos. Entraron y les pedíamos una orden y solo nos decían de boca que era orden de la Procuraduría (General de la República)”, denunció Mayra Medina, pareja del dueño de la propiedad Napoleón Aburto.


En videos filmados por la familia Aburto Medina, durante el allanamiento, se observa cuando increpan a los oficiales exigiendo una orden judicial, pero los agentes no mostraron ningún documento. En la denuncia, afirman que fueron desalojados de cinco de las ocho manzanas de su propiedad.

Policías responden a desalojos con paliza y amenazas

Yelba Asunción Aburto, de 19 años, denunció ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) que los oficiales golpearon a por lo menos a cuatro miembros de la familia, incluyéndola, solo porque reclamaban que les entregaran la orden de allanamiento.

“Nosotros nos encontrábamos en la propiedad de mi abuelo. Los antimotines llegaron y nos comenzaron a atacar, al ver que estaban atacando a mi padre entré en defensa de él y uno de los antimotines me golpeó por detrás y me rajó la ceja”, denunció mostrando su camisa ensangrentada.

La joven fue llevada junto con su padre Rogelio Aburto Medina, hijo de Napoleón, y su primo Francisco Aburto, quienes hasta el momento permanecen detenidos arbitrariamente.

Aburto explicó que sus dos parientes que aún están detenidos fueron, al igual que ella, subidos con fuerza a la patrulla policial y golpeados con las armas de reglamento de los oficiales. "A mi padre lo estaban asfixiando, le pusieron la bota en la cara, le aflojaron los dientes y le pegaron con las AK que ellos caminan. Yo iba gritado mientras nos paseaban por las calles del pueblo y me dijeron que si seguía gritando me los iban a matar", señaló.

El abogado Maynor Curtis, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), informó que ambos detenidos, de 51 y 29 años, respectivamente, siguen en la estación policial de Masaya y estaban a la espera de que sean liberados en horas de la tarde de este sábado, según la información que dieron oficiales a los parientes de Rogelio y Francisco.

Propiedad continúa tomada

Las cinco manzanas de tierra, informó Medina, siguen tomadas por los oficiales de la Policía de Masaya. Además, denunció que las casas construidas en esa área de terreno fueron desmanteladas por los agentes, que no han dado “ninguna explicación” del por qué se han tomado la propiedad.

“Nunca nos han dado ningún documento, ningún papel, ningún citatorio, ningún juicio, nada. Él tiene más de cincuenta años de tener su propiedad y ahora se la quieren robar”, denunció.

El abogado Curtis apuntó que, primeramente, se enfocarán en la libertad de ambos miembros de la familia Aburto, para luego ejercer todas las gestiones legales para que la propiedad sea desocupada o en su defecto se dé por lo menos una explicación del allanamiento ilegal y la toma de las cinco manzanas de terreno, ya que la familia le ha mostrado todos los papeles que prueban que Napoleón Aburto, de 80 años, es el dueño de esas tierras.

Otro violento desalojo en Managua

Las denuncias por allanamiento ilegal y posibles despojos de propiedades dirigidos por la Policía de los Ortega-Murillo y miembros del Frente Sandinista han resurgido en las últimas cuatro semanas. El 17 de junio, el ciudadano José Pastor Rostrán Soza denunció públicamente que el comisionado Bladimir Cerna, de la Policía de Managua, dirigió un operativo en el que lo golpearon y desalojarlo, para dejarle la propiedad a la señora Junieth Antonia Dávila Cruz, la arrendataria de un local donde funciona el bar Homero, en Altagracia.

Miembros de la familia Rostrán aseguraron -en videos publicados en las redes sociales- tener la solvencia de su propiedad y señalaron que la Policía estaba amparando al arrendatario del bar "Homero", aparentemente, por su amistad con personas ligadas al Frente Sandinista.

"Me sacaron mis cosas y yo soy el legítimo dueño... Yo hice la construcción, tengo la solvencia, tengo 42 años de vivir aquí", denunció Rostrán a medios independientes, mientras se le quebrantaba la voz y mostraba el contrato de arriendo que tenía con Dávila.

Otros de los integrantes de la familia Rostrán explicaron que, durante el allanamiento y desalojo, se presentaron funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR), pero estos tampoco informaron nada.

"Nos sacaron a todos como que fuéramos delincuentes, me quebraron el teléfono, cerraron el perímetro, pusieron seguridad, la PGR se presentó, Marlon Mairena tengo entendido que era el que andaba, pero no nos dejaron hablar, no nos dieron o mostraron ningún documento y ahora vamos a dormir en la calle mientras esto se resuelve", afirmó una de las hijas de Rostrán.

Curtis explicó que todo procedimiento de allanamiento y desalojo, donde no se presente ningún tipo de orden judicial, se puede considerar "ilegal" y se tiene que llevar un proceso para denunciar esa arbitrariedad y usar todas las vías legales para recuperar las propiedades ocupadas ilegalmente. Sin embargo, en Nicaragua los defensores de derechos humanos han reiterado en varias ocasiones que no hay un verdadero acceso a la justicia.

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Ana Cruz

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