Reporte ciudadano

Eurodiputados demandan a la UE sancionar a 14 jueces orteguistas

Tres europarlamentarios proponen a Josep Borrell, incluir en la lista de sancionados a los jueces que han condenado a los presos políticos en Nicaragua

Tres eurodiputados solicitaron al alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, imponer sanciones contra catorce jueces orteguistas, que han condenado y sentenciado a más de cincuenta presos políticos en Nicaragua.

En una carta dirigida a Borrell, los miembros del Parlamento Europeo señalan que “la impunidad está aumentando en Nicaragua y los jueces deben ser considerados directamente responsables de la represión en el país”.

Los jueces orteguistas han condenado a 55 de 68 personas capturadas en la última oleada represiva en el contexto de las votaciones generales de 2021. En su mayoría, líderes cívicos, sociales, políticos, estudiantiles y defensores de derechos humanos, a quienes les impusieron penas de entre siete y trece años de prisión.

La misiva fue firmada por los eurodiputados Soraya Rodríguez, Javier Nart y Jordi Cañas, los tres son integrantes del grupo político Renovar Europa. 

“Con estas sentencias judiciales ilegítimas contra presos políticos detenidos arbitrariamente, los jueces también se han convertido en responsables de violaciones de los derechos humanos”, subrayan los europarlamentarios.

En la carta se enlista a los catorce jueces, con sus nombres y cargo; los nombres de los presos políticos que condenó; los supuestos delitos imputados; y los años de las sentencias.

La UE ha sancionado a más de 20 altos funcionarios del régimen, entre ellos la vicepresidenta Rosario Murillo, acusados de violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. Los sancionados tienen inmovilizados sus bienes y, además, los ciudadanos y las empresas de la UE están sujetos a la prohibición de poner fondos a su disposición.

Para que la UE imponga sanciones, primero el alto representante de Política Exterior debe presentar una propuesta, que es analizada en diferentes instancias de cada país miembro y del Consejo Europeo y luego se pasa a votación de los ministros, que debe ser unánime. La decisión entra en vigor cuando se publica en el Diario Oficial de la Unión Europea.


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