14 de diciembre 2018
AA
A la opinión pública nacional e internacional:
El Centro de Investigación de la Comunicación (CINCO) denuncia y rechaza la arbitraria e ilegal cancelación de su personería jurídica realizada hoy por la espuria Asamblea Nacional, por órdenes del régimen dictatorial de Nicaragua.
Esta acción represiva ha sido antecedida por la imposición de un estado de excepción de facto que viola la Constitución, así como el despojo de su personería jurídica a otras organizaciones civiles como el CENIDH, CISAS, IEEP, Hagamos Democracia, Ipade, Fundación Popol Na, Instituto de Liderazgo de las Segovias, y Fundación del Río.
La pretensión de eliminar a CINCO es la culminación de una larga persecución que comenzó hace una década con el retorno de Ortega al poder y la acusación contra CINCO y el Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM) por el presunto delito de ¨triangulación de fondos y lavado de dinero¨, por la implementación de un proyecto, financiado por fondos de Gobiernos europeos, para promover los derechos de las mujeres. En agosto de 2008, siguiendo órdenes de la Presidencia de la República, la ministra de Gobernación y la Fiscal Adjunta, nos acusaron por supuestos delitos criminales, sin presentar ninguna prueba. El Ministerio Público, abusando de sus funciones, y con el despliegue de 40 policías, el 11 de octubre de 2008 allanó por la fuerza las oficinas de CINCO, ejecutando un secuestro de bienes, basado en una anómala orden judicial emitida por la jueza María Concepción Ugarte del Juzgado Segundo de Distrito de lo Penal de Audiencia de Managua.
Tras el allanamiento ilegal de CINCO, levantaron abusivamente el sigilo bancario de los miembros de su directiva, se llevaron 15 mil folios de información contable y equipos. La Fiscalía tuvo cinco meses para investigar los supuestos delitos y fabricar un caso jurídico, y al final, concluyeron lo que todo mundo sabía desde el principio: que no habían pruebas para acusarnos criminalmente en los juzgados, para justificar la persecución política. Sin embargo, no se detuvo el hostigamiento contra CINCO y otras organizaciones promotoras de derechos civiles y valores democráticos, a lo largo de la década.
Como asociación sin fines de lucro, especializada en estudios de comunicación, cultura, democracia y opinión pública, CINCO posee personería jurídica otorgada mediante decreto No. 247 del 3 de abril de 1990 y tiene 23 años de funcionamiento, desde enero de 1995 que comenzó a operar de acuerdo con sus estatutos publicados en La Gaceta el 14 de marzo de 1995.
En estos 23 años nuestra organización ha producido más de un centenar de investigaciones, ha contribuido al desarrollo de medios de comunicación independientes, al fortalecimiento de organizaciones y movimientos sociales y al desarrollo del uso de las redes sociales; al debate público libre e informado, así como a la observación de los medios de comunicación y al estudio de la gobernabilidad en Nicaragua.
CINCO ha cumplido anualmente sus obligaciones con la Dirección General de Ingresos y con el Ministerio de Gobernación, obteniendo su último Certificado de Cumplimiento en el año 2017. El pasado martes 11 de diciembre de 2018 el Secretario de la Junta Directiva de CINCO, que se encuentra vigente hasta el año 2020, acudió a una citatoria con el Director de Asociaciones Civiles del Ministerio de Gobernación, quien le solicitó la presentación de libros contables y de actas para hoy jueves, 13 de diciembre.
Pero antes de que Gobernación recibiera y revisara los documentos y comprobara la legalidad en que se encuentra CINCO, la Asamblea Nacional ya había aprobado en “trámite de urgencia” la cancelación de la personería jurídica de CINCO junto a la de otras cuatro organizaciones, recurriendo a falsedades, e imputaciones calumniosas.
CINCO rechaza los alegatos esgrimidos por el Ministerio de Gobernación y los diputados orteguistas, sobre la supuesta ilegalidad de su Junta Directiva y la no presentación de sus estados financieros. Ambas imputaciones son falsas, y únicamente constituyen un pretexto para despojar a esta organización de su personería jurídica por razones políticas
Rechazamos de forma categórica las acusaciones, que sin ofrecer pruebas, nos imputan la promoción de actos delictivos de “desestabilización del país” y de promover un inexistente golpe de Estado. Se trata de acusaciones falsas con las que se pretende criminalizar los derechos constitucionales de asociación, movilización, libertad de prensa, y libertad de expresión, que defienden los ciudadanos con el acompañamiento de CINCO.
Los verdaderamente ilegales e ilegítimos son los miembros de la Asamblea orteguista que ocupan curules como resultado de sucesivos fraudes electorales. Por lo tanto, no le reconocemos ninguna autoridad ni legitimidad a la Asamblea Nacional, para legislar o para despojar a las organizaciones civiles de sus personerías jurídicas y confiscar sus bienes o patrimonios.
Los únicos golpistas y desestabilizadores, son los responsables de la dictadura Ortega-Murillo que han provocado la peor matanza de la historia nacional en tiempos de paz, así como una crisis política que tiene a la economía nacional al borde del colapso.
Exigimos verdad y justicia por los crímenes cometidos por la dictadura.
Exigimos el cese de la represión, y la liberación de los presos políticos.
Exigimos el cese de la persecución contra los periodistas independientes y medios de comunicación.
Exigimos el cese de la represión contra las organizaciones civiles
CINCO continuará reclamando y defendiendo el derecho a la libertad de expresión, de organización, de participación y en la defensa de los derechos humanos, con o sin personería jurídica.
La voluntad y decisión del pueblo de Nicaragua prevalecerá frente a la dictadura.
Managua, 13 de diciembre de 2018
Centro de Investigación de la Comunicación (CINCO)
Junta Directiva
Sofía Montenegro Alarcón
Presidenta
