Centroamérica: entre la consternación y la esperanza

Hace un par de días, Centroamérica atravesó un sacudón grande. No es que la región sea particularmente tranquila: en ella se vive cotidianamente la desigualdad, la debilidad de las instituciones del Estado, el riesgo para defensores/as de DDHH que enfrentan grupos de poder.

Sin embargo, y cuando pensamos que habíamos visto bastante, las máximas autoridades de los Estados de Guatemala y Nicaragua nos sorprendieron con noticias que tienen un peso no sólo simbólico, sino que impactan directamente en el futuro democrático de estos pueblos.

Primero, el presidente de Nicaragua y protagonista de una crisis sin precedentes en la historia reciente del país, anunció que la misión especial del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) debía abandonar el país. La decisión se hizo pública dos días después de que OACNUDH publicase un informe en el que confirma que el Estado nicaragüense es el responsable de la violencia que azota a su pueblo.

Horas después, y sin que pudiésemos siquiera digerir semejante amenaza al escrutinio internacional y a los valores democráticos, el presidente guatemalteco Jimmy Morales interrumpió en la agenda pública con una conferencia de prensa para anunciar que no renovará el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG). Esto, a través de una conferencia rodeada de altos mandos militares, emulando algunas de las imágenes más oscuras de la historia guatemalteca.

El recuento es doloroso y alarmante: en menos de 12 horas, dos gobernantes optaron por cerrarse al escrutinio público, debilitar aún más la institucionalidad y dar rienda suelta a la impunidad.

Ortega y Morales coincidieron en un punto fundamental: pese a encontrarse en ejes ideológicos opuestos, ambos han optado por gobernar para la conveniencia de unos pocos, hacerlo desde las sombras y expandir su autoritarismo sobre las débiles democracias que subsisten. Es notorio cómo en ambos discursos la retórica para fundamentar sus decisiones es similar: aquellos que luchan por la justicia son “enemigos de la nación”, que se “extralimitan en sus facultades” y atentan contra la “soberanía nacional”.

Cabe recordar que OACNUDH ingresó a Nicaragua, por petición del Estado, para dar asistencia técnica en la actual crisis. Asimismo, la CICIG nació con el objetivo de combatir estructuras criminales y así, extraer el omnipresente quiste de la corrupción, que se da en medio de uno de los países más desiguales de América Latina. Su gestión ha sido exitosa y ha dado cuenta cómo empresas, políticos/as, autoridades de gobierno forman parte de estructuras criminales en Guatemala.

Las decisiones del pasado viernes 31 de agosto confirman que un nuevo capítulo de nuestra realidad se está escribiendo, en el que el autoritarismo no tiene color ni ideología.

 Sin embargo, también es posible hacer otra lectura: la asistencia técnica internacional sí funciona, sí es posible remover estructuras de corrupción y romper con retóricas falaces.  Como parte de una organización de derechos humanos, lejos de sentirnos afectados, estas decisiones arbitrarias nos motivan presionar aún más, para exigir que la soberanía nacional no se confunda con dar carta abierta a la corrupción, a la violencia y a la impunidad.