9 de mayo 2020
AA
Al menos seis trabajadores de los laboratorios del Complejo Nacional “Conchita Palacios”, de Managua, donde el Gobierno de Daniel Ortega centraliza las pruebas de covid-19, han sido aislados de sus puestos, tras haberles hecho el test, confirmaron a CONFIDENCIAL fuentes vinculadas a las oficinas centrales del Ministerio de Salud (Minsa).
Los contagiados son parte del personal de recepción de muestras de los laboratorios, debido a que el Complejo es el único lugar para hacer las pruebas de covid-19 en el país. Una de las personas infectadas trabaja en la recepción del Secretario General del Minsa, Carlos Sáenz, y es encargada de registrar las fichas de las muestras que ingresan a los laboratorios.
“La llevaron a una clínica previsional para que la atendieran, no le dieron el resultado de la prueba, y la mandaron a su casa”, afirma una fuente del laboratorio.
Esta semana las autoridades del Minsa realizaron una calendarización para realizar pruebas del coronavirus a todo el personal que trabaja en los laboratorios del complejo, que asciende a 100 personas, sin embargo, fuentes internas de la sede central aseguraron que no se les está dando el resultado a los colaboradores, “solo se le aísla”. “Si le dicen que es positivo, las autoridades saben que eso se va a filtrar, y que se saldrá de sus manos”, dijo la fuente.
Instalaciones del Complejo de Salud Conchita Palacios, donde el Gobierno ha centralizado las pruebas de covid-19 en Nicaragua. // Foto: Carlos Herrera
Sonia Castro, puente de comunicación con El Carmen
La exministra de salud y asesora para la presidencia en temas de salud, Sonia Castro, visitó la sede central del Minsa el martes cinco de mayo, para “esperar los resultados” de algunas pruebas realizadas a los trabajadores. Según fuentes del Minsa, Castro sigue siendo el puente de comunicación con El Carmen y ejerce poder e influencia en ese Ministerio.
Castro fue sancionada el 21 de junio de 2019 por el Gobierno de los Estados Unidos, señalada por haber girado órdenes para que en los hospitales públicos no se atendiera a los ciudadanos heridos en las protestas de la Rebelión de Abril, en 2018. El 26 de julio del mismo año fue destituida y nombrada asesora de la presidencia en temas de salud. También ha sido sancionada por el Gobierno de Canadá y esta semana también fue sancionada por la Unión Europea.
En el “Conchita Palacios”, el responsable de hacer las pruebas del covid-19 es el virólogo cubano, Ángel Balmaceda, quien está al frente de la dirección del Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia, del Ministerio de Salud. Balmaceda obedece la orientación política, y con él trabaja su esposa Yara Saborío, especialista en influenza humana, más “un grupo reducido de tres y cuatro personas” que hacen las pruebas del coronavirus de todas las muestras que llegan a diario de los diferentes hospitales.
Personal de salud desprotegidos en el Minsa
La negligencia estatal frente a la pandemia del coronavirus pasa de no reconocer la emergencia hasta no ofrecer a los mismos especialistas de laboratorio clínico, las herramientas para protegerse del contagio. “Hasta hace una semana, la gente del laboratorio de virología (encargados de hacer pruebas de covid-19) andaban sin protección, sin mascarillas, sin nada”, afirma una fuente del Complejo.
A partir de los contagios en los laboratorios del Ministerio de Salud en esta semana, los funcionarios ordenaron facilitar los espacios para lavado de manos y el uso de mascarillas que serían “reutilizables”, por la falta de insumos de protección.
Personal médico afuera del Hospital Manolo Morales, el jueves 19 de marzo, cuando el Gobierno ordenó un simulacro nacional multiamenazas. // Foto: Carlos Herrera
“Los trabajadores públicos nos sentimos solos, en el abandono, sin protección, sin liderazgo de alguien que nos diga qué hacer. No nos tienen consideración, ni mucho menos respeto. No sabemos lo que pasa. Tenemos temor de llegar a casa y contagiar a nuestras familias”, cuenta exasperada una fuente.
Silencio y secretismo total
De los más de cien empleados estatales que trabajan en los laboratorios del Minsa, nadie tiene certeza de lo que realmente pasa con la pandemia del coronavirus en Nicaragua. La información y la aplicación de pruebas están centralizadas en la dirección superior del ministerio, subordinado a la orientación política de la presidencia.
Durante cinco días, el Ministerio de Salud realizó solamente una comparecencia televisiva de dos minutos para anunciar un caso nuevo positivo de covid-19, sin detallar el origen del contagio y el estado de salud del paciente.
La vocera del Gobierno, la vicepresidenta Rosario Murillo, dijo en los medios oficiales que la línea telefónica del Minsa habilitada para consultas sobre la pandemia, recibe más de 3000 llamadas diarias de la población, pero no dijo cuántas de esas llamadas era de denuncias de casos sospechosos, tampoco cuántas pruebas realiza el Minsa a diario, y si las 26 000 pruebas donadas por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), ya se comenzaron a utilizar.
“El ambiente de los laboratorios es bastante tenso. Los trabajadores que son muy fanáticos del Gobierno, aunque estén inconforme, se callan, pero saben que mienten”, asegura una fuente vinculadas a las oficinas centrales del Minsa.
Sistema colapsado
El laboratorio de virología del Minsa recibe a diario contenedores de muestras de pacientes sospechosos de covid-19 de todos los hospitales de la capital. El Gobierno no detalla cuántas pruebas hace y tampoco cuántas de esas resultan “negativas”, sin embargo, el subregistro de la pandemia ya está mostrando aceleradamente su costo humano. “Estas mentiras son insostenibles”, dice un trabajador de los laboratorios del Minsa.
Fuentes médicas y familiares de los pacientes han confirmado a CONFIDENCIAL, que los hospitales públicos del país están al borde de su capacidad, una semana antes de llegar a lo que los expertos y epidemiólogos advierten de una evolución exponencial de contagio en el país.
El Observatorio Ciudadano COVID-19, integrado por ciudadanos, médicos y expertos independientes, contabilizan en su último reporte un acumulado de 781 casos sospechosos en todo el país, incluyendo los casos positivos confirmados por el Gobierno, más los 16 casos a los que afirman dar seguimiento.
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