4 de junio 2019
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En agosto del año pasado, Iván Acosta, ministro de Hacienda y Crédito Público, admitió públicamentelo que los economistas independientes venían diciendo desde varios meses atrás: que la economía decrecería. Como resultado, la recaudación tributaria se contrajo en -9.2%.
Los trabajadores del Estado pronto comprendieron cuáles serían algunas de las consecuencias de ese bajón recaudatorio, tal como lo narraron a CONFIDENCIAL, tres empleados que laboran en dependencias de tres de los cuatro poderes del Estado, que vieron cómo comenzaron a perder privilegios desde el año pasado, hasta cerrar mayo de este año sin recibir el 5% de ajuste salarial.
“La primera medida de austeridad fue el ahorro de energía. Antes, los aires acondicionados de las oficinas se encendían a cualquier hora, pero al comenzar el último trimestre de año, se ordenó encenderlos a las nueve de la mañana y apagarlos a las cuatro de la tarde, y nos enviaban correos orientando apagar las luces de los auditorios y de los espacios que no se estuvieran utilizando”, recuerda una de las fuentes.
Las limitaciones afectaron no solo a los que estaban trabajando en las entidades del Estado, sino también a quienes ya habían renunciado. “El pago de las liquidaciones a los empleados despedidos —o que renunciaron— se hizo hasta el cierre de año. Gente despedida desde mayo fue liquidada hasta la última quincena de noviembre”, explicó una de las fuentes.
“Desde luego, se acabaron los festejos y derroches en fiestas de despedida de año y todo eso”, añade otro empleado público.
Trabajadores del Estado y simpatizantes del FSLN en una rotonda de Managua. Carlos Herrera | Confidencial
Los conductores de entidades como la Asamblea Nacional, también tuvieron que pagar los ‘platos rotos’, en especial, después que la administración del primer poder del Estado cancelara (o no renovara) el contrato con la empresa de transporte que hacía el recorrido a los trabajadores.
Lo que no esperaban es que el sindicato tomara la iniciativa de reclamar para que no les quitaran ese beneficio, por lo que se decidió que los conductores hicieran los recorridos usando los vehículos de la institución, lo que generó descontento entre ese gremio.
Menos dinero para repartir
Las afectaciones también llegaron a los estratos administrativos más altos, después que se acordara entregar aumentos salariales de hasta 14% para los trabajadores que recibían los salarios más bajos, mientras que los que estaban en la parte más alta del escalafón, solo recibieron 5% y 3%.
Aún más arriba, los diputados también se vieron afectados, cuando ya no se les entregó el último de los cuatro desembolsos que reciben cada año, para otorgar ayudas económicas con fondos del presupuesto.
En 2019, ronda la incertidumbre entre los trabajadores del Estado, porque temen que la Administración de Ortega se quede sin dinero suficiente para mantener toda la planilla, de modo que se vive bajo la sospecha de inminentes recortes de personal, mientras tienen que trabajar más por el mismo salario.
Esto es así, porque la Administración no piensa llenar los puestos que han quedado vacantes. En vez de eso, están promoviendo a los empleados más leales, pero eso no resuelve el problema porque, “al no haber contrataciones ni traslados, hay sobrecarga de trabajo”, dijo otra fuente.
Carlos Herrera | Confidencial
Y si bien es cierto, “nuestros pagos mensuales siempre están puntuales: el cinco de cada mes están hechos los depósitos”, hay algo que preocupa a los servidores públicos —danielistas o no— que siguen trabajando en la Administración del Estado: el aumento del 5%, que esperaban haber recibido para estas fechas “pero no se ha dado aún”.
Al finalizar el mes de marzo, el Informe de Ejecución Presupuestaria del primer trimestre de 2019, reconocía sin ambages que “aún no se ha aplicado el ajuste salarial del 5.0% a los servidores públicos”. Dos meses después, “no está confirmado si lo van a dar o no. Se escucha que sí lo van a dar. ¿Cuándo? Eso no se sabe”, confió una de las fuentes.
Sacando sangre al enfermo
Más allá del predicamento de los trabajadores del Estado y de las familias que dependen de esos salarios, está el hecho de que la contracción del gasto público y de las transferencias, contribuirán a frenar aún más el dinamismo económico.
Es casi como sacarle sangre a un paciente que está extenuado.
Así es como lo ve el economista Enrique Sáenz, para quien las medidas que está aplicando el Gobierno, impulsan la contracción de la economía, porque al restar recursos a los agentes económicos, ellos tendrán menos dinero para invertir y, por consiguiente, habrá menos actividad que desarrollar.
Un economista independiente que accedió a hablar con el compromiso de mantener su nombre en el anonimato, opina que “a la dictadura, lo que le interesa es que se generen los ingresos necesarios para sostener al conjunto de sus aparatos represivos y de control social, que funcionen algunas instituciones clave, y que se sostengan los subsidios básicos”.
“Ellos pueden sobrevivir ajustando el gasto por el lado de la compra de bienes y servicios, las transferencias de capital de alcaldías y universidades”, aunque no necesariamente las transferencias del gasto corriente, porque este se considera parte del soporte a alcaldías y universidades, como aparatos represivos y de control.
“En Nicaragua, la lógica de la política económica del Gobierno, es hacer lo necesario para sostenerse en el poder, no para administrar un presupuesto como en tiempos normales”, concluyó.
Los préstamos externos no son suficientes
Si bien en años previos, la cooperación externa —expresada en términos de préstamos o donaciones— era clave para cerrar el déficit presupuestario, este año, el Gobierno sabe que no podrá contar con montos similares a los de antaño, lo cual no quiere decir que esté en una ‘sequía’ absoluta.
En el primer trimestre de 2019, el Gobierno obtuvo el equivalente a 31.7 millones de dólares (la mayoría, en calidad de préstamos, y unas muy pocas donaciones), de parte de diversos organismos, entre los que destacan el Banco Mundial, el BID, el BCIE, la Unión Europea, Taiwán, y las agencias suiza y española (Cosude y Aecid, respectivamente).
Pese a ello, el economista Róger Arteaga no cree que el Gobierno pueda resolver sus problemas financieros con la ayuda internacional. “Podrá tener algunos préstamos, pero eso no será suficiente”, sentenció.
El experto observa que “el ritmo (de la entrega de recursos) ha disminuido. Las agencias internacionales son cada vez más quisquillosas en el uso de los fondos, y ese mayor rigor atrasa los desembolsos. Si esas agencias no se van, es porque quieren mantener los vínculos con Nicaragua”, reveló.
Su vaticinio es que “el déficit aumentará, aunque el Gobierno esté reduciendo el nivel de sus gastos para tratar de evitar un desorden de tipo inflacionario, y para evitar afectaciones sobre el tipo de cambio”.
Al hablar de tendencias, observa que la de los flujos internacionales de recursos es incierta, mientras que la de la recolección de impuestos es a la baja. La acumulación de 5900 millones de córdobas al final del primer trimestre, “es para curarse en salud: estaban creando un superávit en ese momento, para no aumentar el endeudamiento del Estado, en especial, porque saben que el cierre de BanCorp puede significar una salida de reservas netas”, interpretó.
Su colega Sáenz explica que “si hubiera una inyección grande de recursos, uno podría pensar que se puede neutralizar” la disminución de las recaudaciones, “pero no veo de dónde podrían salir esos recursos”, complementa.
Viendo a futuro, remarca que “en el horizonte aparece que sus fuentes están prácticamente agotadas, o ya están señaladas”, en referencia a que ya existe una programación de desembolsos que, en todo caso, puede mermarse o ralentizarse, pero difícilmente crecerá o se acelerará.
“No hay posibilidad de que consigan fuentes adicionales, porque el BCIE ya tiene un marco de financiamiento, igual que todos los demás, porque los flujos de los organismos multilaterales que aportaron recursos en el primer trimestre pasado, ya están predeterminados para cada año”, aseguró el experto.
De todos modos, aún si esos flujos (el Gobierno obtuvo el equivalente a 37.1 millones de dólares entre enero y marzo de 2019), se mantuvieran invariables en el resto de 2019, el acumulado al cierre de año sería inferior a los 150 millones, o sea “apenas una fracción del año pasado”, señaló.
Efectivamente, el Informe de Liquidación del Presupuesto General de la República 2018 señala que el Financiamiento Externo Neto, compuesto de desembolsos de préstamos concesionales atados a programas y proyectos, sumó 8850.5 millones de córdobas el año pasado, lo que equivale a 280.5 millones de dólares.
