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Sanciones aislarán a la Policía, “señalada como organización criminal”

Volver al sistema de pagos en efectivo abre las puertas a la corrupción y profundizaría crisis interna de la Policía, advierte Roberto Cajina

Las sanciones estadounidenses contra la Policía Nacional colocan a esta institución en una lista negra, en la que aparecen organizaciones criminales internacionales, y esto provocará su aislamiento internacional, según el experto en temas defensa y seguridad nacional, Roberto Cajina.

“Esa es una de las grandes pérdidas que la Policía tiene (con las sanciones). A parte de lo administrativo y lo político interno, también es el aislamiento internacional de la Policía”, advirtió el experto en una entrevista con el programa Esta Semana —que se encuentra censurado en la televisión— y se transmite en el canal de CONFIDENCIAL en YouTube.

Cajina detalló que “existe la Asociación de Jefes y Jefas de Policía de Centroamérica y el Caribe, que incluye a México y Colombia. Evidentemente que no habrá ninguna Policía de esta Asociación que quiera, o pretenda, mantener una relación con esta Policía (nicaragüense), que ha sido señalada prácticamente como una organización criminal internacional”.

El departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a la Policía, como institución, y a tres comisionados: Luis Alberto Pérez Olivas, jefe de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ); Justo Pastor Urbina, jefe de la Dirección de Operaciones Especiales (DOEP); y Juan Alberto Valle Valle, jefe de la Dirección Brigada de Tránsito de Managua.

Problemas administrativos internos

Las sanciones implican que quedan bloqueados todos los bienes que la Policía tenga en Estados Unidos, y que tampoco podrá hacer negocios con ciudadanos o empresas estadounidenses, quienes al mantener o establecer alguna relación comercial con la institución policial serían castigados por su Gobierno.

Cajina indicó que la Policía será afectada también “en términos de su gestión administrativa interna”, como en el caso de los pagos de los salarios de los agentes policiales, el pago de multas y el pago del récord policial.

“Ahorita hay un compás de espera, para que, al menos, le dé chance (a la Policía) de medio ver cómo resuelve la situación, porque tampoco se trata de poner en riesgo a los 17 500 efectivos de la Policía”, subrayó.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro, dio hasta el próximo seis de mayo, como plazo para que los bancos y entidades financieras pongan fin a sus relaciones comerciales con la Policía Nacional, lo que “incluye la gestión de pagos de salarios a sus empleados”.

“Si antes se pagaba vía tarjeta de débito, la primera opción es volver al viejo sistema del pago en efectivo y la recolección de multa también en efectivo. Eso abre las puertas a la corrupción, y sería un elemento que llegaría a profundizar la crisis interna de la Policía”, comentó.

Consultado sobre si los salarios de los agentes están amenazados por la sanción, el experto aseguró: “No, en este momento. Lo que está amenazado es cómo hará la Policía para resolver el problema del pago para junio”.

Recordó que “los policías, independientemente del grado, tienen una especie de amarre institucional, que es de carácter económico y material. Es un trabajo que les brinda mensualmente un salario, y tal vez no están en la Policía por lealtad o convicción de que la Policía está actuando bien, sino simplemente para preservar el salario, que significa la manutención de la familia”.

Violaciones de derechos humanos
Madres de Abril sortean el estado de sitio policial y protestan en demanda de justicia por sus hijos asesinados. Jorge Torres | EFE | CONFIDENCIAL

Cajina señaló que es “difícil” prever el impacto que tendrá la sanción entre las filas y mandos medios. Sin embargo, adelantó que “la cúpula policial va a desarrollar una especie de contracampaña para pretender convencer a los mandos medios, de quiénes son los responsables de las sanciones, que (según ellos) no es la Policía, como institución, sino que es la oposición de Nicaragua y el mismo Gobierno de Estados Unidos”.

Mensaje para otras instituciones

Para el experto, las sanciones también son un mensaje para “otras instituciones” del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. “Este es un mensaje muy claro que dice: ‘No hay institución del Estado de Nicaragua que esté fuera de la mira de las sanciones del Gobierno de Estados Unidos, cualquiera que sea, puede ser la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, el mismo Ejército’”.

“Esta es una escalada en el nivel de sanciones, que se pasó de sanciones individuales y de las empresas o negocios, y se elevó ya a nivel institucional”, apostilló.

Preguntado respecto a si el general Julio César Avilés, jefe del Ejército de Nicaragua, debería darse por aludido con las recientes sanciones, Cajina explicó que “la sanción a la Policía no es un mensaje indirecto o sugerido al Ejército como institución. Sin embargo, este fenómeno no es ajeno a la institución militar”.

Indicó que “la institución militar, a través de sus mecanismos, debe estar analizando el desarrollo de los acontecimientos, las implicaciones que tiene, y ver la situación estratégica global, que ha cambiado en el caso de Nicaragua”.

Destacó que “la correlación de fuerzas, por efectos de la presión internacional, también ha variado. Nadie puede desconocer que la sanción a la Policía y a estos tres altos oficiales, también significa un impulso para la oposición en Nicaragua, para todo el sector que está aspirando a una Nicaragua en paz, en libertad, con justica y democracia”.

Policía Nicaragua
Carlos Herrera | CONFIDENCIAL

Sin pruebas contra el Ejército

Una investigación de CONFIDENCIAL, en alianza con la plataforma CONNECTAS, documentó que al menos 30 campesinos opositores fueron asesinados por motivaciones políticas, entre octubre de 2018 y diciembre de 2019. La mayoría de estas ejecuciones fueron hechas por hombres armados con revólveres, fusiles AK-47 o escopetas. Testigos y familiares señalan a grupos paramilitares y oficiales de la Policía Nacional.

Consultado sobre el papel del Ejército ante los asesinatos, el experto manifestó que no hay “evidencias o pruebas” de que la institución castrense haya participado en estas ejecuciones.

“Al leer las sanciones de la OFAC, están detallados exactamente las razones, por las que se les acusa (a la Policía y comisionados). En el caso específico del Ejército no hay razones específicas que pudiera tener el Departamento de Estado o el Departamento del Tesoro, para sancionarlo”, subrayó Cajina.


Esta entrevista se transmtirá en Esta Semana este domingo 8 de marzo a las 8:00 p.m. en el canal de YouTube de CONFIDENCIAL y en Facebook.


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