16 de diciembre 2020
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Las palabras ausentes durante la clausura del año legislativo en la Asamblea Nacional fueron “reformas electorales”. Gustavo Porras, presidente del Parlamento y sancionado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, atacó en su discurso a la oposición y amenazó que para el 2021 se terminará el proceso de instauración de la cadena perpetua. Esto, según él, será prioridad en cuanto inicie el año.
Este martes, la Asamblea Nacional cerró su periodo sin cumplir su promesa de reformas a la Ley Electoral para los comicios del próximo año. El 9 de enero de 2020, Porras hizo alusión al tema al presentar la agenda anual del Parlamento. En ese entonces, dijo que fortalecería el voto popular, el sistema de partidos políticos, la organización electoral y el sistema técnico electoral.
Nada de eso sucedió en esta legislación, que durante los últimos meses aprobó leyes punitivas que han despertado preocupación entre organismos de derechos humanos. La anexión de cadena perpetua retroactiva en el artículo 37 de la Constitución Política, junto a la Ley de Agentes Extranjeros y la Ley de Ciberdelitos conforman el tridente que para la comunidad internacional buscan acallar a la oposición y restringir más libertades. Aprobadas de forma casi inmediata en octubre, Porras las describió en el discurso de clausura de la XXXVI Legislatura de la Asamblea Nacional, este 15 de diciembre, como una forma de “patriotismo”, siguiendo la retórica del régimen.
Un día después, la Junta Directiva convocó a los diputados acreditados a una sesión extraordinaria este 21 de diciembre a las 09:00 de la mañana en la Asamblea Nacional. Todavía no se conoce cuáles son los temas que se abordarán en esta sesión.
En la agenda parlamentaria, no están unas reformas electorales en este momento. “Nuestra primera tarea es trabajar el artículo 37 (de la Constitución) y luego pasar a la reforma del Código Penal”, dijo el presidente del organismo legislativo. El 10 de noviembre, la bancada sandinista modificó ese artículo y agregó la excepcionalidad de cadena perpetua cuando se comentan “crímenes de odio”. El Código Penal todavía establece 30 años de cárcel como pena máxima.
El camino hacia las reformas electorales
Los diputados se fueron de vacaciones —pero volverán a sesionar el 21 de diciembre— tras terminar la sesión solemne, y cerraron las puertas a todas las reformas constitucionales que demanda la oposición entre sus exigencias para el próximo año. Esto incluye la reelección, el umbral de votación y los temas relacionados con la autonomía de la Costa Caribe, algunas de ellas promovidas desde el 2019 por el Grupo Pro Reformas Electorales (GPRE), conformado por expertos y especialistas en derecho.
“Ya no puede haber reformas constitucionales, a menos que cambien el reglamento de la Ley Orgánica de la Asamblea Nacional”, que establece que los cambios a la Constitución deben pasar por dos legislaturas. “Esa sería una concesión del régimen que no creo que la ceda”, asegura el politólogo José Antonio Peraza y experto en sistemas políticos y electorales.
Pero la oposición guarda algunas esperanzas, ya que a pesar que en el discurso oficial el FSLN habla de un “2021 victorioso”, todavía hay tiempo para que se gesten reformas electorales que garanticen elecciones libres y transparentes. “Elecciones habrá, reformas habrá, todavía es posible que se hagan cambios sustantivos en la Ley Electoral”, comenta el politólogo.
Lo que no queda claro, todavía, es a qué niveles ni cuándo. En lo que sí “hay bastante claridad” es en los elementos que se deberían cumplir. Peraza explica que existen cuatro de ellos que son fundamentales: la observación electoral, la fiscalización de los partidos políticos, la actualización del padrón y la cedulación. “Todos esos son temas de negociación profunda que van a requerir asesoría y asistencia técnica para implementarlos”.
Para el abogado Eliseo Núñez, la prioridad del régimen en el 2020 fue el control social. Las leyes que buscan castigar a los opositores, a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y a los medios de comunicación, “son la prueba de ello”.
En un año preelectoral, manda un mensaje contundente: “En caso de que lo obliguen a dar elecciones más o menos libres, él (Ortega) ya quiere dejar sentado desde ahora que es invencible. Eso desincentiva el voto, la movilización, la capacidad que podás tener de aglutinar”, argumenta. Núñez también cree en la posibilidad de reformas electorales durante la siguiente legislación, a más tardar en abril.
Vista de la fachada del edificio de la Asamblea Nacional. Foto: Nayira Valenzuela
Presión internacional
Tanto Peraza como él revelan que el régimen se verá obligado a ello por todas las presiones internacionales y la falta de credibilidad de su Gobierno a nivel mundial. “Una elección sin ningún tipo de reforma y sin ningún tipo de cambio en el sistema electoral es una elección que no va a ser reconocida por la comunidad internacional y que a la postre va a dar como resultado un Gobierno ilegítimo”, asevera el abogado.
En octubre, la Organización de Estados Americanos (OEA) demandó garantizar “elecciones libres y justas”, y estableció mayo de 2021, como un plazo máximo. La resolución, denominada “Restableciendo las instituciones democráticas y el respeto a los derechos humanos en Nicaragua a través de elecciones libres y justas”, fue aprobada con veinte votos a favor, dos en contra y doce abstenciones.
A grandes rasgos, la OEA le demanda al régimen un despliegue amplio y efectivo de misiones de observación electoral, una modernización del Consejo Supremo de Electoral (CSJ) controlado por el oficialismo, apertura para que nuevos partidos políticos puedan inscribirse, actualización de los registros electorales y auditoría independiente de las listas de votantes, entre otros aspectos.
Para José Pallais, integrante de la Coalición Nacional, no existe mayor expectativa sobre la voluntad política que pueda tener el régimen sobre este tema. Cree que la única forma será hasta que ellos se vean compelidos, y esto solo sucederá a través de una “correlación de fuerzas”.
“Son dos ejes para que podamos hablar de elecciones verdaderas: una reforma profunda, y las condiciones habilitantes, que es suspender este estado de sitio de facto que vivimos”, asegura el opositor.
Según él, Ortega deberá sentirse presionado tanto interna como internacionalmente. Pero fuentes vinculadas al Frente Sandinista han dicho a CONFIDENCIAL que el mandatario ha creado un grupo de trabajo con el fin de diseñar un proyecto de reformas a la Ley Electoral enfocado en aspectos de “orden técnico”. No tendría contemplado la observación ni facilitaría el registro de nuevos partidos o alianzas. Solo abordaría el padrón electoral, la composición de las Juntas Receptoras de Votos, y el papel de los fiscales.
Este proyecto de Ortega para los comicios de 2021 no reconoce las condiciones que demandan el GPRE. Además de las reformas constitucionales, el Grupo Promotor solicita la liberación de los presos políticos y el restablecimiento de las libertades democráticas. Estas exigencias han sido consensuadas por la Coalición Nacional y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, junto al endoso del sector empresarial.
“Más presión para arrancar las reformas”
Para Guillermo Incer, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), la dictadura “no tiene la mínima intención de permitir reformas ni libertades”. Para él, un cierre de año legislativo sin este apartado no representa ninguna novedad.
“Deberíamos estar concentrados, la ciudadanía y la oposición, en ejercer la máxima presión para arrancarle a la dictadura esas reformas y esas libertades, porque voluntariamente no va a ceder nada”, reafirma el opositor. “El problema es que hemos estado más concentrados en la agenda de organizativa, en lugar de organizarnos para ejercer presión”.
Incer asegura que, en febrero de 2021, la oposición debería desplegar una estrategia nacional que obligue al régimen a realizar reformas electorales y los posteriores comicios. Sin embargo, durante los últimos meses, el Gobierno ha instaurado mayor vigilancia y asedio a líderes opositores y a la ciudadanía que ha intentado organizarse. La Policía les ha dicho que tienen prohibido reunirse. En otros casos, los han desalojado de los lugares e impedido la libre circulación.
"Aquí toca poner la barba en remojo, en la Unidad estamos insistiendo desde Coalición Nacional, y le hemos dicho a toda la comunidad con quien nos hemos reunido, que hay que ejercer la máxima presión", agrega.
Para Eliseo Núñez el control social fue una de las prioridades de Ortega durante este año. “La capacidad organizativa que tengás se traslada en capacidad de presión en las calles, en la sociedad y en todos lados”.
El experto identifica al menos tres escenarios que podrían darse en 2021: El primero es no conceder reformas, lo cual podría ser reconocido como ilegítimo. El segundo dar reformas, pero preparar un fraude. Y el tercero serían unas elecciones verdaderamente libres donde Ortega perdería.
El camino hacia las reformas es más accidentado de lo que parece. Peraza asegura que tendrá que existir una negociación política y que el régimen lo atardará lo más posible para producir angustia en la población. “Todo eso está por verse. Entre más rápido, mejor”, finaliza.
