Política

Ortega anula competencia política en elecciones de 2021

Redacta ley que veta inscripción de candidatos que el régimen considera “golpistas”. “Es totalitario”, dicen opositores

El presidente Daniel Ortega envió este viernes a la Asamblea Nacional, bajo su control absoluto, un proyecto de ley de “defensa de los derechos del pueblo a la independencia, soberanía y autodeterminación para la paz”, que de antemano prohíbe las candidaturas que el régimen considera “golpistas”, o que aplauden las “sanciones internacionales”, impuestas a funcionarios del gobierno por graves violaciones a los derechos humanos.

Representantes de la oposición política calificaron la ley como “totalitaria”, “represiva” e “ilegal”, pues aseguran que su fin es “darle el poder al Frente Sandinista para decidir quién participa o no” en las elecciones generales programadas para 2021.

La iniciativa, que podría ser aprobada este lunes por la mayoría de diputados que tiene el Frente Sandinista en la Asamblea Nacional, solo tiene dos artículos; el segundo donde indica su publicación y vigencia y el primero en el que establece que “los nicaragüenses que encabecen o financien un golpe de estado, que altere el orden constitucional, que fomente o insten a actos terroristas… no podrán optar a cargos públicos”.

Tampoco quienes “inciten a la injerencia extranjera”, “pidan intervenciones militares”, “organicen con financiamientos de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización que propongan y gestionen bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país”.

Tamara Dávila, integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), afirmó que la nueva propuesta de Ley es una clara intención del régimen de Ortega de “inhibir por la vía de facto la intención de cualquier ciudadano que decida competir en unos comicios”.

El exdiputado José Pallais, miembro de la Coalición Nacional considera que la iniciativa de Ortega es parte del “fraude sistémico de condiciones para prohibir que los opositores participen libremente” en la contienda electoral de 2021.

Sostiene que de ser aprobada esta Ley el Frente Sandinista se estaría otorgando el poder de “decidir quién puede correr y quién no”.

En consonancia, Félix Maradiaga, también de la Coalición Nacional,  valora que el actuar de Ortega es de alguien “desesperado”, pues busca “cualquier artimaña para detener su inminente derrota en un escenario electoral”.

“Es una patraña que llevaría a inhibir a millones de personas en Nicaragua que, al unísono, hemos pedido y seguiremos pidiendo, sanciones focalizadas para quienes han cometido crímenes de lesa humanidad”, sentenció Maradiaga, también integrante del Consejo Político de la UNAB.

Ortega: Quienes “piden sanciones… perdieron derechos”

La propuesta del Frente Sandinista, además de ser enviada a la Asamblea, fue interpretada y defendida por el presidente Daniel Ortega durante la graduación de cadetes de la Policía Nacional, donde señaló a los opositores de ser “nicaragüenses de nombre”.

Además, insistió en calificarlos como “terroristas, criminales, y vendepatrias porque piden más sanciones”, aunque no mencionó el por qué se han solicitado a lo largo de estos tres años dichas sanciones, las cuales suman más de 24 funcionarios públicos, entre los que figuran la vicepresidenta Rosario Murillo y nueve instituciones públicas o entidades mixtas, que son señalados por Gobiernos como el de Estados Unidos de cometer violaciones contra los derechos de los nicaragüenses.

“El que no defienda a Nicaragua, el que pide sanciones en contra de Nicaragua, ese no merece llamarse nicaragüense. No podemos expulsarlo porque nació aquí, pero automáticamente, de acuerdo con lo que manda la Constitución y las leyes, está perdiendo sus derechos, ya perdió esos derechos de optar a cargos públicos cuando vienen elecciones en este país”, dijo Ortega.

Agregó, haciendo alusión a la oposición, que “ni se sigan peleando por buscar candidatos a la presidencia, porque las leyes no los permiten”.

Ortega busca solución “no pacífica”

Eliseo Núñez, analista político y afiliado a la Alianza Cívica, señala que la postura del régimen de Ortega es una clara muestra de “falta de voluntad por cualquier tipo de reformas o libertades electorales”, advirtiendo que de mantenerse la situación “no hay ya ninguna esperanza” de futuras reformas o cambios sustanciales en el sistema electoral para unas elecciones libres, justas y transparentes, tal como lo solicitó la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Núñez afirma que “no es admisible que Ortega pueda elegir a sus propios contrincantes, ni es admisible continuar a este juego”, además, advierte que –con esta nueva propuesta– el régimen confirma que “está apostando por salidas no pacíficas” a la crisis sociopolítica que inició en abril de 2018.

Por su parte, el opositor Pallais considera que aún es posible “desmontar el diseño fraudulento organizado por Ortega”, aunque rescata que la decisión de “desistir” de ir a las elecciones debe “irse valorando hasta que ese diseño armado por Ortega sea totalmente imposible de desmontar”.


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