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Mediación e impunidad: la “fórmula” que condena a muerte a decenas de mujeres en Nicaragua

Miles de mujeres denuncian a sus agresores en busca de ayuda, y la respuesta que reciben es que “deben mediar”; decenas de ellas han sido asesinadas

Quince días antes de ser asesinada por su expareja, Carla había “conseguido” una orden de alejamiento después de ser obligada a un proceso de mediación. El hombre la esperó en el camino de regreso a su casa, le disparó dos veces y luego se suicidó. “Martha” denunció las amenazas de su esposo y “logró” que lo enviaran un año de prisión, pero él fue puesto en libertad antes de cumplir su condena. Ahora la asedia, y ella teme ser asesinada. Guadalupe, por miedo, no denunció los maltratos de su esposo, un exmarine estadounidense que residía en Nicaragua. Aguantó golpes e insultos, hasta que decidió separarse. Él la buscó, pero no la encontró sola, y también asesinó a la prima que la acompañaba.

Hasta mediados de noviembre de 2020, 69 mujeres han sido asesinadas en Nicaragua y otras 100 han escapado de ser parte de la primera cifra, que ya es la más alta de los últimos cinco años, según las estadísticas del Observatorio Voces de Católicas por el Derecho a Decidir (CPDD), aunque la Policía Nacional solo reconoce 11 de estos femicidios, y prefiere destacar las supuestas “señales” de confianza en el trabajo policial y la justicia nicaragüense.

Entre el primero de febrero y el siete de agosto de 2020, según la Policía, recibieron 9880 denuncias por violencia y abrieron 7900 expedientes. De esos, celebra, el 80% fue enviado y “resuelto” por mediación entre las víctimas y los agresores. “Carla”, fue una de ellas: obligada a mediar con su asesino.

“Las mujeres que han ido a mediar –y está en las estadísticas y en los testimonios– son asesinadas o quedan casi muertas”, denuncia Maricé Mejía, coordinadora nacional de la Red de Mujeres Contra la Violencia (RMCV). La activista sostiene que, cuando una mujer presenta una denuncia, “es porque está desesperada completamente, porque ya no puede más” y advierte que “si el agresor te amenaza con que te va a matar, es porque lo va hacer”.

Doble muerte en Tepalón

Carla María Duarte Olivas solía dar clases en una escuela remota de Tepalón, una comunidad rural ubicada a orillas del río Malacatoya, de la comarca del mismo nombre, en el departamento de Granada. Para llegar a la escuela, Carla se había comprado una moto que dejaba escondida a la mitad del trayecto. Ahí el camino es tan malo, que ni siquiera en moto lograba pasar durante el invierno. Fue en ese camino donde la disparó su expareja.

Ilustración: Juan García | Confidencial

Sobre la muerte de Carla se dijeron muchas mentiras, reclaman sus familiares. Es cierto que la asesinó Edgar Meneses, su expareja. Es cierto que ella denunció que él la maltrataba, y que estuvo preso por esa denuncia, pero es falso que él fuera uno de los 7920 reos que han sido liberados este año. En realidad, Meneses solo estuvo preso un día, en una estación local de la Policía. Después “mediaron” y a él le dieron una orden de alejamiento, que no sirvió de nada el día que la esperó en el camino para asesinarla.

Era difícil que la orden de alejamiento se cumpliera en esa comunidad remota, lamentan sus familiares, que por primera vez pueden hablar del caso ante este que es el único medio de comunicación que ha llegado en busca de la historia de Carla, madre de dos niños de catorce y seis años.

Dos semanas después de la mediación, Meneses esperó a Carla cuando ella regresaba de la escuela a su casa. Le dio dos disparos, y luego se suicidó con la misma arma. Aún con vida, Carla fue trasladada a un centro de salud.

“Aunque la hubieran traído antes, se hubiera muerto porque tenía las venas destruidas”, le dijeron a sus familiares, que prefieren no dar más declaraciones porque ha sido un golpe emocional muy fuerte.

El asesinato de Carla, seguido del suicidio de su femicidia, es el tercero con ese patrón en 2020. En abril, otras dos mujeres fueron asesinadas en condiciones similares, una de ellas otra maestra de Puerto Morazán, Chinandega.

“Puse mi casa en venta, porque temo que me mate”

Sentada en un sillón de su cuarto, en el que pasó la noche en vela por miedo a ser asesinada por su esposo, “Martha” decidió que, apenas amaneciera, iría a la Policía para que se lo llevaran. Hace una semana él había comenzado a dormir con un cuchillo debajo de su almohada, y ella temía dormirse y ya no despertar.

En público, el esposo de “Martha” era un hombre cariñoso y atento. En poco tiempo se ganó el cariño de todos y antes de casarse, a finales de 2019, nadie notó señales de que él era violento.

“Esta es la doble moral del agresor, que en caras públicas se mira como alguien educado, decente, confiable, y es un patrón peligroso, porque cuando una mujer pide ayuda no le creen”, advierte Mejía de Red de Mujeres contra la Violencia.

El hombre comenzó a discutir con “Martha” alegando celos. De un día a otro, comenzó a llevarle el almuerzo a su trabajo. Su familia pensó que él era muy atento. Sin embargo, su verdadera intención era controlarla.

Él quería ver con quienes hablaba, para después reclamarle. Lo hizo hasta por una fotografía con un grupo de trabajo, porque salió a la par un compañero, y las agresiones siguieron aumentando: siempre quería saber dónde y con quién estaba, en varias ocasiones la golpeó y la obligó a tener relaciones sexuales.

A la mañana siguiente de su vigilia, “Martha” le dijo que iría a hacer unas compras, y regresó una hora después con una patrulla que se lo llevó detenido.

Decidida a recuperar su tranquilidad, “Martha” interpuso una demanda. El proceso no tardó, pero a pesar de que narró todas las veces que él la agredió física y psicológicamente, las autoridades solo lo enjuiciaron por amenazas y lo condenaron a un año de cárcel, desde donde él se las arregló para tratar de persuadirla de volver con él y pedirle que lo fuera a visitar. Como ella se negaba, la amenazó de muerte.

“Yo voy a salir peor de la cárcel, alístate cuando salga”, le dijo.

El 14 de julio, el Gobierno de Daniel Ortega liberó a 1605 reos que estaban recluidos en las cárceles de todo el país. Uno de ellos fue el esposo de “Martha”, que se enteró por unos contactos en una institución del Estado, aunque ninguna autoridad le informó oficialmente. A los pocos días, ella misma lo confirmó, porque lo divisó en la esquina de su casa, y días después también le llegó a apedrear la vivienda. Igual lo ha visto rondar por los lugares que ella frecuenta, y un día llegó a sentarse en la acera ubicada enfrente a su trabajo.

Ilustración: Juan García | Confidencial

“Martha” volvió a presentar una denuncia, pero la “invitaron” a mediar con él y nada más le otorgaron una orden de restricción y lo amenazaron con volver a arrestarlo si sigue acechándola. Pero “Martha” siente tanto miedo que ya ha cambiado varias veces su número telefónico y hasta puso en venta su casa. “Mi mayor miedo es que este hombre me encuentre y me mate”, confiesa.

Los hijos de Guadalupe, preguntan por su madre

El único sueño de Guadalupe García era dar a su hijo, de seis años, y a su hija, de tres, el futuro cómodo y lleno de oportunidades que ella no tuvo. La joven de 23 años, planeaba terminar de construir la casa de madera y láminas de zincs, que con esfuerzo venía levantando desde hace tiempo en el terreno de su abuelo. Pero la vida ya no le alcanzó.

Ilustración: Juan García | Confidencial

El lunes dos de marzo de 2020, a eso de las cinco de la tarde, ella y su prima, Martha Lorena López, fueron asesinadas a balazos por el esposo de Guadalupe, Larry Robert McCartney, de quien se había separado porque la maltrataba física y psicológicamente.

“Ella me comentó que se quería separar porque él la golpeaba. Y ella nunca lo denunció porque tenía miedo. La había amenazado de muerte. Le dijo que si la veía con otro hombre la iba a matar”, cuenta Ana Isabel García, madre de Guadalupe.

Horas antes cometer el doble asesinato, McCartney llegó a despedirse de doña Ana Isabel. Le dijo que ahora sí le falta poco para morir, porque el cáncer de cerebro, del que supuestamente se venía tratando desde hace años, ya estaba en etapa terminal. Ese mismo día, también llamó a Guadalupe y le dijo que quería reconciliarse con ella y le pidió encontrarse.

La joven salió junto con su prima. Según entendía su mamá, había salido a jugar naipes, pero casi al final de la tarde de ese día, se encontraron y él la asesinó.

“Ustedes no se imaginan como mis niños buscan a mi hija, a las 12 de la noche se despiertan buscando a su madre”, dice entre lágrimas Ana Isabel.

La Policía capturó a McCartney el mismo día del asesinato. Lo encontraron tomando en un bar de Managua, a más de 60 kilómetros del sitio donde arrojó a Guadalupe y Martha Lorena. Cuatro meses después, el exmarine fue condenado a la pena máxima por femicidio, asesinato agravado y portación ilegal de armas. “Mi abogado incluso pensó que no íbamos a lograr nada, que él se iría para su lugar (Estados Unidos), pero gracias al Señor sí hubo justicia. Eso para mi fue un logro inesperado. Algo que Dios me debía”, valora la mamá de Guadalupe.

Sin embargo, McCartney solo estuvo cuatro meses y medio encarcelado. El pasado 18 de noviembre falleció de un infarto, según medios afines al Gobierno.

Según el monitoreo de CPDD hasta el 12 de noviembre de 2020 han ocurrido 69 femicidios, de los cuales 35 fueron procesados, 17 femicidas están prófugos tanto en el extranjero como a nivel nacional, 10 asesinatos están impunes, cuatro se suicidaron y uno fue absuelto. Pero el Gobierno tiene otras cifras.

Según el último informe de la Policía Nacional, actualizado a principios de agosto, en 2020 solamente han ocurrido 11 femicidios: el otro medio centenar, entre los que está el de Martha Lorena, la prima de Guadalupe, no lo reconoce como tal, porque no considera que fueron delitos de violencia machista, sino simplemente asesinatos u homicidios.

En Nicaragua, el artículo noveno de la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, aprobada en 2012, define como femicidio aquel donde “el hombre, en el marco de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, diere muerte a una mujer ya sea en el ámbito público o privado”.

Pero en julio de 2014, el actual jefe de la Policía Nacional y consuegro del presidente Ortega, Francisco Díaz, declaró que, para la Policía, el femicidio “es que el hombre que le da muerte a una mujer tiene un vínculo afectivo”, una interpretación que promueve el subregistro.


*Este reportaje es parte la investigación sobre violencia de género en el contexto de la pandemia, de Alianza Centinela COVID-19, un proyecto de periodismo colaborativo y transfronterizo sobre la respuesta a la COVID-19 en América Latina, del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP). Lee el reportaje regional: “En pandemia, Latinoamérica no logra proteger a las mujeres de sus agresores”.

 

 



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