Economía

Gobierno nacionaliza la distribuidora eléctrica que controlaba Albanisa

Especialistas en energía dudan que al asumir el estado TSK Melfosur, traerá beneficios para los consumidores

La declaración de interés público del total de las acciones de la empresa distribuidora de energía TSK Melfosur, no necesariamente traerá beneficios para los consumidores, según dos analistas consultados por CONFIDENCIAL, quienes consideran que está demostrado que el “Estado no es capaz de hacer una buena gestión de este sector”.

Los analistas recuerdan el estado en que se encontraba la distribución energética en el año 1998 cuando fue nacionalizada la empresa de distribución de energía y Unión Fenosa se encargó de ello, posteriormente asumió Gas Natural hasta que vendió sus acciones a TSK Melfosur en el año 2013. Sin embargo, la administración de TSK Melfosur siempre estuvo subordinada al control financiero de Albanisa. 

Este 18 de diciembre el régimen de Ortega mandó la Iniciativa de Ley de Aseguramiento Soberano y Garantía del Suministro de Energía Eléctrica a la población nicaragüense, con el que pretende “nacionalizar”, la totalidad de las acciones de la española TSK Melfosur. 

“Por ministerio de la presente Ley, la participación accionaria de TSK-Melfosur Internacional S.A., en Disnorte y Dissur, pasa a ser propiedad total del Estado de la República de Nicaragua”, dice el artículo uno del documento que sería aprobado en la Asamblea Nacional este próximo lunes 21 de diciembre. 

Aunque de hecho, TSK Melfosur se retiró de las empresas distribuidoras de energía Disnorte-Dissur, de las que era el accionista principal, según confirmaron fuentes del sector energético a CONFIDENCIAL en febrero de este año. 

La salida se debió, según dijo la misma fuente en ese entonces, a que la empresa llegó a un arreglo para traspasar sus acciones a otra compañía privada, cuyo nombre no fue revelado, que fungió como administradora desde entonces. 

La ingeniera Patricia Rodríguez, consultora en temas energéticos, considera que es una mala señal la acción del gobierno, porque, “la experiencia así lo dice y lo que ha pasado en los últimos años desde que se fue Unión Fenosa, es que la calidad del servicio ha disminuido, las pérdidas han aumentado, las tarifas han subido enormemente”. 

Rodríguez considera que las condiciones del sector no son las óptimas, para que en este momento el Estado pase a controlar la empresa distribuidora. Y agrega que “esta Ley es un desorden el que está armando porque le da facultades a la Empresa Nacional de transmisión Eléctrica (Enatrel) para distribuir y comercializar energía”. 

Según la consultora, “el sector tiene que estar ordenado en el segmento de generación, el de transmisión y el de distribución y comercialización”, sin embargo, ahora con la nueva Ley, Enatrel pasará a encargarse de la transmisión, la distribución y la comercialización de la electricidad en el país. 

Mediante el decreto presidencial 07-2015, el sandinista Daniel Ortega nombró como Ministro de Energía y Minas a Salvador Mansell, quien ya ocupaba el cargo de presidente de Enatrel desde el año 2007. 

“No es la persona, es la institucionalidad. Hay una mezcla de funciones, de responsabilidades. Incluso le están pasando a Enatrel una Dirección de Operación de Sistemas Aislados (DOSA) que, de hecho, ya tiene como 10 años de estar en Enatrel y se la están dando hasta ahora por Ley. Estaba ilegal entonces”, dijo Rodríguez. 

“Es una confiscación”

El ingeniero César Aróstegui, considera que lo hecho por Ortega es, prácticamente, una confiscación, por cuanto no aclara la iniciativa de Ley de cuánto será la compensación que se le otorgará a la empresa por esta declaración de “interés público”. 

“Con todo esto se está distorsionando todos los esfuerzos que se han hecho para darle una estructura jurídica sólida a toda la industria eléctrica. La tendencia que ha demostrado este gobierno, es que se está volviendo al monopolio vertical de toda la industria eléctrica”, dijo Aróstegui. 

El especialista cree que toda esta mezcla que está creando Ortega no hará más que provocar confusión entre la función de política energética con la de empresa que tiene Enatrel. 

El otro problema que ven los especialistas es que el sector energético, a pesar de haber sido privatizado en 1998, no ha logrado mejorar significativamente, considerando que, por ejemplo, las pérdidas por distribución eléctrica se mantienen todavía altas, llegando hasta el 18.74%, según las estadísticas 2020 del Instituto Nicaragüense de Energía. 

Aróstegui no duda de que esta medida también pueda ser una movida del gobierno para evitar que, ante una eventual sanción de Estados Unidos a la empresa Alba de Nicaragua (Albanisa), el sector eléctrico del país se vea afectado. 

La misma razón, dijeron anteriormente fuentes del sector eléctrico a CONFIDENCIAL, fueron las que llevaron al consorcio TSK Melfosur a abandonar el país en febrero de este año. 

Sin embargo, Aróstegui recuerda que cuando las sanciones alcanzaron a DNP Petronic en diciembre de 2019, el régimen nacionalizó la empresa para garantizar su funcionamiento y abastecimiento de combustible. 

Reforman Ley creadora de Enatrel 

La iniciativa de Ley enviada por Ortega además manda a reformar la Ley 583, creadora de Enatrel para otorgarle las nuevas funciones incluidas en la iniciativa. 

El artículo cinco que detalla la finalidad de Enatrel, si se aprueba la iniciativa en la Asamblea controlada por Ortega, se leerá así en su numeral 13: 

“Comercializar energía eléctrica así como ejercer la actividad de distribución de energía eléctrica dentro de las áreas que le sean concesionadas y/o asignadas por el Ministerio de Energía y Minas. De igual forma participar en la constitución y creación de empresas de distribución de energía eléctrica nacionales, así como ostentar la titularidad directa o indirecta de acciones, asociarse y/o crear alianzas con empresas de distribución eléctrica en operación”. 

Además, Ortega manda a reformar la Ley 272 de la Industria Eléctrica para que el artículo 29 permita a Enatrel ser el único transmisor de energía que podrá comprar y vender electricidad. 

“Los agentes económicos dedicados a la actividad de transmisión no podrán comprar y/o vender energía eléctrica, exceptuando de esta disposición a Enatrel”, se lee en el documento.  


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