11 de junio 2016
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Si el próximo 6 de noviembre hay elecciones nacionales bajo las condiciones que fueron establecidas esta semana, serán sin observación electoral independiente y con una representación política “zancudista”, que analistas y representantes de la oposición consideran que ha sido revivida de la vieja cultura política para calzar a la medida del comandante Daniel Ortega, quien busca un tercer período consecutivo en el poder.
El fallo de la Sala Constitucional, que el miércoles arrebató a la opositora Coalición Nacional por la Democracia la bandera y casilla para participar en los comicios, cierra el espacio electoral en Nicaragua y formaliza un sistema de partido único, añaden expertos constitucionales, analistas políticos y opositores.
Después de casi seis años y a menos de cinco meses del día de la votación, los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvieron este 8 de junio una disputa por la representación legal y sellos del Partido Liberal Independiente (PLI), despojando de esta a la organización liderada por el diputado Eduardo Montealegre. La Coalición que está integrada por un total de nueve movimientos y partidos políticos, dependía de esa casilla para participar en la contienda.
"Groseramente extemporánea”
Carlos Herrera | Confidencial
La sentencia presenta varias “ilegalidades” y contradicciones con la Constitución Política y la Ley Electoral, según análisis del abogado constitucionalista, Gabriel Álvarez, y del analista político Carlos Tünnermann.
Además, la misma fue calificada como “una situación realmente grave” por el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerrí, para quien los efectos de esta no abonan a la estabilidad económica ni al clima de negocios en el país.
Los representantes de la Coalición y su fórmula presidencial, integrada por Luis Callejas y Violeta Granera, rechazaron la sentencia y convocaron a una “resistencia cívica”, que este viernes tuvo su primera expresión en las calles con una marcha que salió de la sede de la alianza hasta la rotonda Rubén Darío, de Metrocentro.
“La ley establece que la sentencia de los recursos de amparo se emiten en un máximo de 45 días y esta ha tomado más de seis años. Es decir que esta es exorbitante y groseramente extemporánea y desde ahí cabría cuestionar la validez de la misma, y aún hay más detalles”, analiza Álvarez.
Tünnermann también señala que “la litis debió resolverse en 45 días” y agrega que el artículo 173 de la Constitución Política establece entre las atribuciones exclusivas del Consejo Supremo Electoral (CSE): “Vigilar y resolver los conflictos sobre la legitimidad de los representantes y directivos de los partidos políticos” (Inciso 13).
Miembros de la Coalición coincidieron en que el fallo en pleno desarrollo del proceso, convocado el pasado 6 de mayo, no les parece casualidad, sino parte de una estrategia de Ortega, para anular competencias en búsqueda de su segunda reelección sucesiva.
Magistrado Solís justifica tardanza
Carlos Herrera | Confidencial
El Poder Judicial resolvió reconocer la representación legal al jurista Pedro Reyes Vallejos, miembro de una de las cuatro “facciones” que reclamaba ser el grupo legítimo, aunque fue bajo la dirección de Montealegre que el PLI participó en las elecciones nacionales de 2011, conservando su personalidad jurídica y colocándose como segunda fuerza política del país.
El magistrado Rafael Solís justificó la tardanza para dilucidar el caso. Según el funcionario leal a Ortega, hubo durante estos años una serie de escritos, controversias y esfuerzos unitarios por parte de las facciones del PLI. “También hubo solicitudes de abstención de parte de ellos, porque estaban en conversaciones, en pláticas”, aseguró Solís.
Los magistrados también declararon nula la convención que el PLI, representado por Montealegre, realizó el pasado 5 de junio, en Managua, invalidando así la ratificación de Callejas y Granera como fórmula presidencial de la Coalición.
La alianza opositora que rechaza la sentencia, mantiene que el diputado y la exdirectora del Movimiento por Nicaragua (MpN) se mantendrán como candidatos, y que ambos continuarán su campaña, a la cual ahora han sumado el reclamo de que el país tenga la opción de elegir en unas elecciones con verdadera competencia.
El miércoles en entrevista con el programa de televisión Esta Noche, Callejas estimó que la sentencia judicial “es una ordenanza de Ortega para demostrar poder ante el miedo de tener unas elecciones competitivas que podrían poner en peligro su presidencia”.
Granera añadió que “sin elecciones libres y competitivas, lo que se va a venir en Nicaragua es un caos”.
Tünnermann opina que la sentencia de la Sala Constitucional “no es en contra de la Coalición únicamente, porque en realidad afecta a todos los ciudadanos, negando el derecho a tener una opción electoral, y en pleno proceso”.
Corte ordena a CSE “violar Ley Electoral”
Carlos Herrera | Confidencial
En su decisión, el tribunal de justicia también “insta” al CSE a “adecuar” el calendario actual de los comicios para que el nuevo comité ejecutivo del PLI convoque a otra convención “a la mayor brevedad posible”.
Según el presidente de la Sala, el magistrado Francisco Rosales (también del FSLN), la “readecuación” del calendario electoral “cae por su propio peso”.
“La sentencia tiene que mandatar al CSE adecuar para que la representación del PLI sea acogida correctamente. Asimismo, le decimos al PLI que haga la convención nacional”, expresó el magistrado.
Sin embargo, el constitucionalista Gabriel Álvarez, explica que con esto la CSJ está “instando” al CSE a violar la Ley Electoral, que tiene carácter constitucional.
“Las fechas del calendario electoral, como el nombramiento de los Consejos Electorales Departamentales y Regionales del pasado 3 de junio, están establecidas en la Ley Electoral, es decir, no es algo que define el CSE porque sí y eso no se puede cambiar sin una reforma porque está escrito en la Ley”, cuestiona Álvarez.
PLI de Reyes sin fecha para convención
Carlos Herrera | Confidencial
Según la orden de la CSJ, el PLI reconocido a Reyes debería presentar toda su estructura electoral para participar en el proceso.
Reyes hizo su primera aparición pública como representante legal del PLI durante una conferencia de prensa en el Hotel Hex, al día siguiente. En la mesa central estuvo acompañado por José Venancio Berríos, otro que reclamaba la representación legal, pero ahora afirmó estar en alianza con Reyes y no descartó ser parte de los candidatos.
El nuevo presidente del PLI, al cual han dado el apellido de “histórico”, también afirmó que Valmore Valladares, otro de los reclamantes del sello partidario, ya le aseguró que le desocupará la antigua sede nacional del PLI, ubicada en Ciudad Jardín, para que la ocupe como oficinas y casa de campaña.
Sin embargo, en la conferencia de prensa Reyes afirmó que aún no tienen fecha para la convención, a pesar de que la CSJ les ordenó realizarla de inmediato.
En febrero de 2011, el CSE otorgó a Indalecio Rodríguez la representación legal y los sellos del PLI, y bajo la Casilla 13 el partido compitió en las elecciones presidenciales de 2011 y también en las municipales de 2012. En abril de 2014, Montealegre sucedió a Rodríguez como representante legal y presidente nacional.
Las facciones de Reyes Vallejos, Valladares y Rolando Prado Sequeira (en representación del exvicepresidente de la República, Virgilio Godoy Reyes) introdujeron entre febrero y marzo de 2011 sus recursos de amparo contra el CSE ante el Poder Judicial. El cuarto reclamante fue Berríos.
La sentencia reconoce como “único consejo ejecutivo nacional del PLI” a Rolin Belmar Tobie Forbes (q.e.p.d.), quien por haber fallecido le hereda la representación legal a Reyes Vallejos”, dijo la Sala Constitucional.
El diputado Wilfredo Navarro, disidente del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y ahora directivo del Movimiento Liberal Constitucionalista Independiente (MLCI), anunció que iniciará “acercamiento” con el PLI de Reyes. Aunque Navarro tampoco ha descartado una alianza formal para competir bajo la bandera del gobernante Frente Sandinista.
A juicio de Tünnermann, “lo que la CSJ obediente a Ortega ha hecho, es permitir que el caudillo del FSLN compita cómodamente contra candidatos zancudos, que buscan prebendas electorales”.
Reyes, por su parte, se molestó ante el cuestionamiento de que si eran un “partido zancudo” inflado por Ortega. “Nos llamaron payasos, nos llamaban garrapatas, nos decían disidentes, nos decían de cualquier cosa. Pero Dios es grande y nos ha puesto donde estamos en este momento”, declaró.
Álvarez: “precariedad jurídica”
Carlos Herrera | Confidencial
El experto en Derecho Constitucional, Gabriel Álvarez comentó que según la lectura de la sentencia los magistrados argumentan su fallo citando artículos de la Reforma Constitucional del 2014 para referirse a procesos de tres años antes, “mostrando una precariedad jurídica impresionante”.
“Esto es algo muy grave y realmente pone en seria tela de juicio la validez y rigor con que la Sala dictó su fallo”, valoró el abogado.
Tras la lectura de la sentencia, Montealegre consideró que esta “fue sacada de la manga” y que el Poder Judicial está abriendo las puertas de la inestabilidad por cerrar totalmente el cauce institucional.
“Se le niega al pueblo la posibilidad siquiera de ir a votar por una fuerza de oposición en las próximas elecciones. Es empujar a este país a la violencia y retroceder el carro de la historia”, advirtió el diputado y también excandidato presidencial en las elecciones de 2006, tras las cuales Ortega volvió al poder, dieciséis años después de la derrota de 1990.
El MRS también emitió un comunicado en el cual valora la decisión de la Sala como “un grave precedente”, porque esta sugiere que “en cualquier momento un grupo ad hoc puede hacer reclamación de los sellos de un partido político, dejando a la organización que posee su personalidad jurídica en condición de una facción más”.
Tünnermann valora que la Coalición actúa correctamente al desconocer la sentencia, que subraya “no tiene validez ni cabe a esta altura. Según el analista, la sentencia en sí “pone en jaque mate el proceso electoral”.
Las estructuras de la Coalición que marcharon este viernes en Managua expresaron su decisión de seguir la desobediencia civil.
Montealegre, en calidad de coordinador nacional de la Coalición, recordó que tras el fraude cometido en 40 municipios durante los comicios de 2008 —incluida la capital, en la cual él era candidato a alcalde— se tomó la decisión de llamar a la calma a un pueblo que “estaba encendido” y estaba dispuesto a tomarse las calles. “Ahora —dijo— no voy a detener a nadie”.
Ortega: “régimen de partido único”
Además de las consideraciones jurídicas, Álvarez observa que la sentencia provoca que se termine el proceso electoral como la vía cívica para garantizar la alternabilidad en el poder, reduciéndolo a un simulacro al servicio de los intereses del Ejecutivo.
“Tendremos elecciones con Ortega como candidato del partido de gobierno, contra Ortega como partido de oposición (representado en partidos satélites), con Ortega de árbitro, contando los votos, porque controla el Poder Electoral”, critica.
Álvarez agrega que siguiendo la lógica de este escenario, “para el 2017 lo que tendremos es a Ortega como partido de gobierno y partido de oposición, controlando por completo la Asamblea Nacional y nombrando desde ahí a los miembros de todos los demás Poderes del Estado. Es decir, se le estaría entregando el 100% del espacio institucional”, advirtió.
El experto también comenta que esta realidad amenaza la paz y la estabilidad del país y evidencia que a pesar de un aparente pluralismo político, lo que en realidad funciona es un sistema de partido único, como el que funciona en Cuba y Corea del Norte.
A juicio del jurista, Ortega empieza así a “dejar de ser un activo para un sector del país (con los cuales mantiene “alianzas estratégicas”, como el gran capital) y empieza a ser una carga y lastre para toda la nación”, por lo mismo, sugiere que es “urgente” notar que el mensaje del mandatario es la instalación del “totalitarismo vitalicio y dinástico”.
La candidata a vicepresidente de la Coalición, Violeta Granera, considera que “aquí no nos queda más remedio: O aceptamos la dictadura, el sometimiento y la situación en la que está el país, que se va a poner peor en el futuro, o el pueblo de Nicaragua levanta el valor que siempre ha tenido para dar esta lucha de manera cívica”.
“No estamos a favor de la violencia —aclaró—, pero debemos hacer que Ortega entienda que no es dueño de Nicaragua”.
Oposición no tiene casilla disponible
Carlos Herrera | Confidencial
*El caudillo del PLC, Arnoldo Alemán, apareció en escena, insistiendo en alianza. Coalición responde que no es opción.
Además del PLI que lideraba Montealegre y del MRS (cuya personería jurídica fue suspendida en 2008), la Coalición Nacional por la Democracia está integrada por la Unión Demócrata Cristiana (UDC, con personería cancelada en 2013), una facción de la Resistencia Nicaragüense, el Movimiento Liberal Constitucionalista “Ramiro Sacasa Guerrero”, la Cruzada Liberal por la Unidad y el Partido Nueva Alianza Cristiana (Panac), de los cuales ninguno tiene personería reconocida por el tribunal electoral.
Otro de sus miembros, el Partido Movimiento de Unidad Costeña (Pamuc), sí cuenta con casilla, pero por tratarse de un partido regional solo puede competir en la Costa Caribe.
El último partido que se integró a la Coalición, en abril de este año, fue el Partido Acción Ciudadana (PAC), del exmiembro de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional de principios de los años ochenta, Moisés Hassan. El PAC cuenta con personería jurídica, pero contra Hassan también hay una disputa por la representación legal y sellos, similar a la que arrebató el PLI a Montealegre.
El expresidente de la República y caudillo del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Arnoldo Alemán, apareció en escena insistiendo en su llamado de unidad alrededor de la bandera y casilla del partido que él controla. Pero miembros de la Coalición afirman que esa oferta no es una opción.
En el 2008, después de que Montealegre fue despojado de la representación legal de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) —aquella vez por decisión del CSE y no de la CSJ, como ahora—, el entonces candidato a la Alcaldía de Managua aceptó la oferta de Alemán y compitió bajo la bandera del PLC.
El desenlace de esos comicios fue el fraude en al menos 40 municipios, y la confirmación de que Alemán mantenía vivo su pacto con el comandante Daniel Ortega.
Cosep: “Esto es realmente grave”
*“No abona a la estabilidad ni al clima de negocios”, afirma José Adán Aguerri.
El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, opinó tras el fallo de la Sala Constitucional contra la representación legal que tenía Eduardo Montealegre que “si esto es así, esto no abona a la estabilidad ni al clima de negocios que requiere el país” y calificó el hecho como “una situación realmente grave”.
El miércoles, Aguerri explicó que aún no conocía la sentencia en detalle, porque durante su lectura se encontraba en la reunión semanal del Cosep.
Sin embargo, agregó que tal como lo conocía hasta ese momento, el fallo provocaría una situación de inestabilidad. “Esto pone en una situación totalmente precaria, débil al sistema”, valoró Aguerri tras recordar que el PLI, liderado por Montealegre, estaba reconocido como la segunda fuerza política del país.
“Aquí tendríamos que sopesar cuál es esa situación que está llevando adelante la Corte, pero de que va a tener un impacto, va a tener un impacto”, estimó el empresario.
El martes, en su posición editorial semanal, el Cosep había solicitado a la CSJ que fallara pronto sobre la disputa del PLI, debido a que la falta de sentencia sirvió antes para que la Corte ordenara al CSE que no nombrara a representantes del PLI en los Consejos Electorales Departamentales y Regionales (CED y CER), juramentados el 3 de junio.
“Ortega calcula que protesta será insuficiente”
*El analista político Oscar René Vargas, afirma que Ortega sienta las bases de su dinastía, tal como antes hizo el patriarca de los Somoza.
El sociólogo y analista político Oscar René Vargas valora que Daniel Ortega mostró esta semana “su autoritarismo total” y que en 2017 vendría “un gobierno mucho más autoritario que los anteriores”.
“Ortega cruzó la línea roja. Es decir, no le importan las consecuencias internas (el mismo FSLN, oposición, empresa privada, Iglesias católicas y evangélicas) como externas (comunidad internacional, cooperantes, OEA, Centro Carter)”, afirma.
Según Vargas, Ortega calcula que “la respuesta que va a dar el PLI de Montealegre (al fallo) no va a ser tan peligrosa como si ese PLI corre”, porque el mandatario cree que “va a ser insuficiente, que no va a ser la gran cosa”.
Además, sostiene que Ortega optó por no correr riesgos y cita como otra muestra que el Congreso Nacional Sandinista, del 4 de junio, también lo autorizó a escoger al candidato a vicepresidente y definir las listas de diputados ante la Asamblea Nacional y el Parlacen.
Vargas opina que Ortega está reeditando varias condiciones que el dictador Anastasio Somoza García utilizó para sentar las bases de la dinastía, derrocada en 1979.
“Somoza García creó la acumulación de capital originaria para su familia y sus allegados, creó el zancudismo en Nicaragua, el sometimiento de la autoridad militar a su poder autoritario, su alianza con el gran capital. Y esos elementos los tiene Ortega”, analiza.
Para Vargas, uno de los errores al comparar a Ortega con Somoza, es que se recuerda a Somoza Debayle, y a quien hasta ahora él se parece “es a Somoza García”.
“Los hijos de Somoza (Luis y Anastasio) llegaron a administrar el poder que creó su papá —dice— y Ortega está creando el poder para que sus sucesores lo administren”.
