Xanthe Scharff | Dánae Vílchez
25 de enero 2018
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¿Qué pasará con las niñas y mujeres deportadas de los Estados Unidos hacia Centroamérica? Muchos temen la respuesta.
El gobierno de Donald Trump anunció hace dos semanas que para septiembre de 2019 deportará a 200,000 inmigrantes salvadoreños a quienes se les permitió, hasta ahora, quedarse y trabajar legalmente en los Estados Unidos gracias al programa de protección temporal (TPS por sus siglas en inglés). El mismo permiso tampoco fue renovado para los nicaragüenses, quienes también recibirán protección por solo un año más. Se teme que los hondureños puedan ser los siguientes.
Mujeres y niñas de El Salvador se encuentran particularmente en peligro. Despojadas del TPS, ahora enfrentan no solo el miedo a la separación familiar, sino también la posibilidad de regresar al país que tiene una de las tasas más altas de femicidios en el mundo. La deportación podría ser una sentencia de muerte.
La violencia contra las mujeres es una gran preocupación en Centroamérica. Las pandillas MS-13 y Barrio 18, que operan en El Salvador, Guatemala y Honduras, son consideradas como los grupos criminales más violentos del mundo. La violación sexual se usa para intimidar, demostrar lealtad y reclamar a las niñas como propiedad de las pandillas.
"Es increíble lo violentos que pueden ser [los miembros de la pandilla] ... cómo tratan a sus esposas y madres”, dijo un ex miembro de la mara “Barrio 18”, entrevistado por el International Crisis Group.
Entre 2010 y 2015, El Salvador fue el segundo país en el mundo con la tasa más alta de muertes violentas de mujeres, tan solo por debajo de Siria.
Cada 18 horas una mujer es asesinada en este país centroamericano. "En El Salvador, las mujeres están aterrorizadas, especialmente las mujeres jóvenes. Sabemos que vamos a salir, pero no sabemos si vamos a regresar vivas a la casa ”, dice Vilma Vázquez, fundadora de Las Dignas, una asociación feminista en El Salvador. ".
En caso de un embarazo producto de una violación, el Estado tampoco protege a las mujeres pues el aborto está penalizado en todas sus formas. Tal como informó el Fuller Project for International Reporting el año pasado, El Salvador tiene una de las leyes antiaborto más estrictas del mundo.
En Estados Unidos, los inmigrantes que huyen de la violencia sexual en sus países de origen pueden solicitar una forma especial de asilo, pero rara vez se concede. "Si sobrevivís a una violencia traumática, es difícil explicársela a funcionarios del gobierno", explica Cecilia Muñoz, ex asesora política del presidente Barack Obama y ahora vicepresidenta de la New America Foundation.
La gran mayoría de las mujeres salvadoreñas que enfrentan la deportación contribuyen activamente a la economía de los EE. UU. 82 % de las mujeres salvadoreñas, hondureñas y nicaragüenses entrevistadas en una encuesta de la Universidad de Kansas dijeron que formaban parte de la fuerza de trabajo, y más de dos tercios informaron que pagaron impuestos a la seguridad social.
En una declaración a la Alianza Nacional TPS, la salvadoreña Vanessa Velasco, residente en el norte de California dijo que "es vergonzoso para este país no considerar siquiera las contribuciones reales que nuestra comunidad ha hecho durante décadas".
Muchos también están planteando preguntas sobre los efectos económicos que podrían tener estas deportaciones, tanto en las familias de los EE. UU, cómo en la economía salvadoreña. La forma más común de empleo para mujeres de Centroamérica con TPS es el cuidado de niños. En 2017, los trabajadores salvadoreños en los Estados Unidos enviaron más de $ 4 mil millones a sus familias en El Salvador.
A pesar del sombrío futuro que se avecina, las mujeres bajo amenaza de deportación permanecen esperanzadas. "Aunque es devastador para mi familia esta situación también me da la fortaleza para luchar", le dijo Veronica Lagunas, titular de TPS en California, al National TPS Alliance. "No nos sentaremos en silencio a esperar la deportación. Seguiremos buscando aliados ... No tenemos otra opción” expresó.
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*Este artículo fue publicado originalmente en Newsweek.
Xanthe Scharff es directora ejecutiva y Dánae Vilchez reportera, basada en Nicaragua, para The Fuller Project for International Reporting, un equipo de periodismo que informa sobre derechos de las mujeres en el mundo. El artículo es parte de una serie de reportajes sobre mujeres, seguridad y paz financiada por Women, War & Peace II y the Fuller Project for International Reporting.
