13 de diciembre 2020
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A dos años del asalto y ocupación de la redacción de Esta Semana y Confidencial, el régimen orteguista mantiene a agentes antimotines en el interior del inmueble, y ejerce la censura televisiva en canal 12 y el sistema de cable.
La Policía saqueó las instalaciones la medianoche del jueves 13 de diciembre de 2018. El equipo periodístico llegó la mañana del viernes 14 y encontró el desastre: se habían llevado 35 computadoras, siete cámaras de televisión, dos editoras, dos cámaras de fotografía, decenas de discos duros, teléfonos celulares, accesorios de producción audiovisual, documentación contable de las empresas Invermedia-Confidencial, Promedia-Esta Semana, y Cabal, consultora de servicios ambientales que compartía oficina con los medios de comunicación.
María Lilly Delgado, corresponsal de Univision, dio cobertura al asalto del medio de comunicación y asegura que fue un “golpe duro para la prensa independiente y para la sociedad en sí, que necesita información verificada, información de interés público”. Recuerda que fue “impactante”, “llegar y ver aquella sala de redacción... todo tirado, todo destruido, y uno no sale de su asombro”, narró.
Durante el asalto a la redacción de Confidencial, la Policía dejó graves daños materiales. Se llevaron cerca de 35 computadoras, discos duros, teléfonos celulares, entre otros equipos, según un informe preliminar. Foto. Archivo Confidencial
La Policía regresó el 14 de diciembre para tomarse de facto las instalaciones. Una semana después, la noche del 21 de diciembre de 2018, el régimen ocupó el canal 100% Noticias y encarceló a los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda, a quienes excarceló por medio de una amnistía, junto a otros presos políticos, hasta junio de 2019.
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Durante 24 meses, el director de Confidencial y Esta Semana, Carlos Fernando Chamorro ha denunciado, a nivel nacional e internacional, la ocupación de facto de la redacción, y ha demandado el cese de la confiscación ilegal.
Especialistas en medios de comunicación, periodistas, empresarios, y un experto en derecho constitucional, coincidieron en que la acción policial contra el medio, lesiona el derecho a la información contemplado en el artículo 66 de la Carta Magna de Nicaragua.
El derecho de los ciudadanos
El abogado constitucionalista, Gabriel Álvarez, explicó que el allanamiento de Confidencial, “fue una lesión de derecho tan burda, tan flagrante, que afecta el sistema general de la libertad de prensa, de información y de expresión”.
Según Guillermo Medrano, coordinador de derechos humanos de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), se violentaron al menos 14 derechos constitucionales.
Medrano consideró que la prohibición a Canal 12 de transmitir los programas Esta Semana y Esta Noche, no solo violenta el derecho al medio como tal, sino que se está irrespetando el derecho que tienen las audiencias de escuchar los programas de opinión o los noticieros que tengan a bien.
La censura impuesta por el régimen no ha vencido al periodismo de Confidencial, aunque ha producido inestabilidad en el equipo periodístico, afectando sus condiciones laborales y profesionales, destacó el director de Artículo 66, Álvaro Navarro.
“Es un intento del régimen de acallarlos y también quitarnos por completo el derecho de los nicaragüenses a saber. Todo mundo sabe que el periodismo que hace Confidencial y Esta Semana, y para la dictadura es un medio de comunicación incómodo”, señaló Navarro.
Guillermo Rothschuh Villanueva, investigador de comunicación, sostiene que Esta Semana sigue llegando cada domingo a la audiencia nicaragüense a través del canal de YouTube y “eso demuestra que la ciudadanía está consciente de la relación que se establece entre el medio de comunicación y las necesidades que tiene de contar con análisis y con información que de una u otra manera no aparece en los demás medios de comunicación”, expresó.
“A pesar de que no tenían su sala de redacción, empezaron a trabajar con las uñas y no dejaron de informar en ningún momento. Podrán confiscar los equipos, pero no te pueden confiscar la conciencia crítica, ni la convicción de informar”, destacó María Lily Delgado.
Para Ivania Álvarez, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, la ocupación del medio debe verse como una “alerta roja”, “una alerta máxima” del Estado de opresión que vive el país, acciones como estas solo se ven en regímenes totalitarios, expresó.
El empresario Mario Arana, presidente de la Cámara Americana Nicaragüense AMCHAM aseguró que la ocupación corresponde a una política represiva, violatoria de las libertades y de la libertad de empresa, que deja una deuda pendiente por saldar.
Asimismo, el régimen incumplió los acuerdos alcanzados en el segundo Diálogo Nacional con representante de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, en el que se comprometió a devolver los bienes ocupados de facto.
Instalaciones de la redacción de Esta Semana, Esta Noche y Confidencial, después del asalto ejecutado por la Policía durante la medianoche del 13 de diciembre de 2018.
Foto: Archivo Confidencial
Sometimiento del sistema judicial a la dictadura
La versión policial, que fue expresada por medio de un documento oficial enviado en febrero de 2019 a la Corte Suprema de Justicia, señala que la Policía recibió una solicitud del Ministerio de Gobernación (Migob) para incautar los bienes de la organización no gubernamental Centro de Investigación de la Comunicación (CINCO), que fue despojada de su personería jurídica el 13 de diciembre de 2018.
Sin embargo, los agentes policiales arremetieron contra el edificio donde operaban los medios de comunicación y la empresa consultora de servicios ambientales, y que no tenían relación alguna con CINCO.
La Corte Suprema de Justicia no ha fallado ninguno de los tres recursos de amparo que se introdujeron por las tres empresas allanadas. El abogado constitucionalista Álvarez, explica que este es otro ejemplo del sometimiento del poder judicial “a los designios, a los intereses políticos de los señores Ortega, y Murillo”.
“¿Cómo va la Corte a pseudo justificar?, ¿Qué tipo de argumento jurídico va a usar para decir que está bien confiscada una persona jurídica que no es la persona jurídica que está siendo de facto confiscada? Hasta esta Corte Suprema, creo yo, tendría problemas para elaborar, redactar y firmar una resolución de este tipo”, cuestionó Álvarez.
El 15 de diciembre de 2018, cuando el equipo de Confidencial buscó respuestas ante la ocupación ilegal de su redacción. Los antimotines agredieron a los periodistas nacionales y extranjeros que se encontraban en la entrada principal de "Plaza El Sol" en Managua. Carlos Herrera | Confidencial
Eduardo Enríquez, editor jefe del diario La Prensa, explicó que “aquí ni las leyes, ni el derecho juegan ningún papel en la Corte ni en el sistema judicial, todo obedece a lo que le dirija la pareja dictatorial, que es la que tiene todo el control del poder político, y gran parte del poder económico”, aseguró.
Por su parte, Ivania Álvarez, de la UNAB, considera que en la Corte persiste un “silencio administrativo que te dice que los únicos que pueden ejercer o favorecer a alguien con las leyes son ellos- el régimen Ortega Murillo-”. Este mismo silencio ha sido un patrón en otros recursos de amparo sobre la libertad de expresión, movilización, que “duermen en el sueño de los justos”, concluyó.
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