26 de enero 2020
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La recaudación del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) se ha convertido en un mecanismo de acoso de parte de los recaudadores de la Alcaldía de Managua sobre la ciudadanía. Las notificaciones escritas que dejaron en los residenciales a inicios de año parecen no haber funcionado y ahora los recaudadores están llamando por teléfono a los contribuyentes y amenazándolos con llevarlos a juicio sino pagan sus impuestos. Dicho juicio es “poco probable”, señalan personas conocedoras de la materia, pero representa “una medida desesperada” para presionar a los contribuyentes.
Un contribuyente —quien pidió mantener en reserva su identidad— explicó que su deuda en impuestos asciende a 7000 córdobas. Hace una semana recibió una llamada telefónica desde el número 22527730, de la Alcaldía de Managua, a través de la que una persona, con un tono de voz “bastante rudo y directo”, le preguntó "¿Cuándo va a pagar?”. Luego lo amenazó con llevarlo a juicio si no honraba la deuda.
Otro ciudadano consultado, cuya deuda asciende a 8,000 córdobas, aseguró que no ha podido pagar sus impuestos, ya que fue con su esposa a solicitar “que nos perdonaran la multa”. “Sin embargo, la respuesta del señor de la alcaldía fue un no rotundo.”, relató.
Infundir temor
El abogado Juan Carlos López, quien se especializa en atención a los consumidores, precisó que la legislación civil de Nicaragua siempre ha facultado a instituciones como las alcaldías, la Dirección General de Ingresos (DGI) y el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) a “perseguir las deudas en materia tributaria”. No obstante, advierte que “es más caro iniciar un juicio” que llegar a un arreglo de pago con los deudores de impuestos.
“Es más caro el pago del abogado que vaya a ver el caso, el gasto de tiempo… como mínimo sale en 10,000 córdobas”, enfatizó López. Por otro lado, aseguró que la amenaza de juicio a los contribuyentes es “una manera desesperada en la recuperación de los adeudos de impuestos”, porque “eso significaría que tendrían que embargar un montón de negocios y casas”. “Mucha gente tiene deudas acumuladas desde hace años… yo creo que es más para poner en alerta a la gente, una especie de forma de meterles temor para que busquen qué pagar”, comentó.
Una bandera nacional ondea en un camión recolector de basura, que dependen de la Alcaldía de Managua, dominada por el régimen. Foto: EFE/Jorge Torres.
“Un hueco fiscal”
A criterio de este abogado la razón por la que la Alcaldía de Managua está presionando de una manera coercitiva a los contribuyentes es porque “hay unos huecos fiscales grandes que deben de llenar”. “La única forma de hacerlo, al no tener plata la gente, es amenazar su patrimonio para que, al ver la notificación, vayan a hacer un arreglo de pago”.
Sin embargo, la opción de un arreglo de pago no es completamente aceptada en la municipalidad. Esta medida, que se ha aplicado en años anteriores, pareciera que depende del estado de ánimo del recaudador.
Otro contribuyente anónimo expresó que “en las oficinas de los distritos tienen mayor flexibilidad que en el Centro Cívico”. Comentó que, inclusive, estableció “un calendario de pago” con el contador de la alcaldía de su distrito. “El señor bien amable y consciente de la situación en la que estamos. Sin embargo, en la central no. Esos de vez en cuando me llaman amenazantes, incluso cuando ya he abonado la mensualidad”, subrayó.
Otro aspecto que tiene alarmados a los contribuyentes es que los recaudadores están cobrando deudas acumuladas de los últimos años. “Me incluyen cobro de basura de cinco años lo cual suma más de 7,000 córdobas”, dijo otro ciudadano. Sin embargo, el Plan de Arbitrios de la Alcaldía de Managua establece en su artículo 71 que este tipo impuestos “prescriben a los dos años contados desde la fecha en que fueron exigibles por la Alcaldía”.
Aunque los juicios civiles contra los deudores de impuestos están contemplados en la legislación nicaragüense, no se conoce un precedente de personas que hayan enfrentado un proceso judicial por deudas menores. Los casos que normalmente llegan a los juzgados “son juicios de bienes grandes, por cosas del barrido catastral, pero en estos casos de 8000 o 10 000 córdobas no”, agregó el abogado López.
