Política

Victoria Cárdenas y Berta Valle, en Washington, demandan “mayor presión” para liberar a reos políticos

Se han reunido con congresistas de EE. UU. y comisión bipartidista para abogar por la libertad de los 146 presos políticos, incluidos sus esposos

A cuarenta y cinco días del arresto de los precandidatos presidenciales Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga, sus esposas Victoria Cárdenas y Berta Valle, respectivamente, demandan al Gobierno de Estados Unidos que utilice “todos los mecanismos disponibles de mayor presión” para lograr la liberación de los 146 presos políticos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, entre ellos sus esposos.

Cárdenas y Valle están en Washington para participar en reuniones con funcionarios del Gobierno de Estados Unidos, senadores y una audiencia de una comisión bipartidista del Congreso, donde han denunciado particularmente el secuestro de sus maridos el pasado 8 de junio y otros 24 presos políticos, en una nueva ola represiva iniciada a finales de mayo “con la intención –afirman– de desaparecer a la oposición”.

“Todos los días pedimos información sobre nuestros esposos que nos han negado, por lo que siguen en estatus de desaparecidos, al igual que otros 24 líderes que fueron detenidos, en un mensaje claro del régimen de intentar  mantenerse en el poder a toda costa y querer reelegirse sin la participación de la oposición”,  manifestó Valle durante su intervención en la audiencia de la Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos (TLHRC, por sus siglas en inglés), del Congreso de Estados Unidos.

Valle, entre lágrimas, narró que ha querido “conocer el estado físico y mental” en el que se encuentra Maradiaga, pero las autoridades carcelarias les niegan información. Una situación que, remarcó, también viven los familiares de los demás opositores detenidos.

“Mi esposo ha sido perseguido por hablar con la verdad y denunciar los atropellos y crímenes del régimen, durante meses estuvo secuestrado con casa por cárcel por la Policía con la intención de silenciarlo (…) pero ahora lo tienen desaparecido porque no nos dicen dónde ni cómo se encuentra”, explicó.

La Comisión Lantos realizó una audiencia especial sobre las violaciones de derechos humanos en Nicaragua desde las protestas sociales que comenzaron en abril de 2018, hasta las recientes detenciones de seis aspirantes a la presidencia y líderes opositores en el país.

Esta comisión se estableció con el consentimiento unánime de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos en 2008 y está encargada de promover y defender los derechos humanos internacionales consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos pertinentes de derechos humanos.

“Venir aquí nos da la esperanza de poder demandar a la comunidad internacional que utilice cualquier mecanismo que tenga disponible para hacerle entender al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo que su tiempo ya terminó y que debe de dejar a los nicaragüenses el futuro que se merecen”, insistió Valle.

En la audiencia del Congreso la esposa de Maradiaga mostró la lista de los 146 reos políticos y contó como la represión la obligó a salir de Nicaragua y convertirse, junto a su hija, en una refugiada. “Aunque mi corazón sigue en Nicaragua”, declaró Valle.

“No vamos a descansar hasta ver a nuestros maridos libres y cumplir el sueño de una Nicaragua libre”, remarcó.

Una situación “dramática”

Por su parte, Victoria Cárdenas, describió la situación de Nicaragua como “dramática” por lo que se necesita el apoyo de la comunidad internacional para exigir la liberación de todos los presos políticos.

“No sabemos dónde se encuentran nuestros esposos, ni su estado de salud, absolutamente nada, porque además no han dejado que los vean ni su familia ni sus abogados”, mencionó Cárdenas.

Asimismo, lamentó que han sido sometidos a un período de investigación de 90 días acusados de supuesta traición a la patria y, pese a no estar condenados, permanecen detenidos.

Indicó que su esposo había sido citado por la Fiscalía a una entrevista para el 9 de junio, pero la noche anterior, llegaron decenas de policías a arrestarlo a su vivienda. “Desde entonces no sabemos nada de él”, denunció.

“Soy una madre y una esposa, que nunca me he involucrado en política, pero las circunstancias que ocurren en Nicaragua no me han dado otra opción que levantarme contra la represión, por el secuestro de mi esposo, los otros 25 líderes secuestrados en las últimas semanas y el resto de presos políticos”, explicó Cárdenas.

Chamorro, precandidato de la Alianza Ciudadanos por la Libertad, fue arrestado en su vivienda la noche del 8 de junio, menos de doce horas después de Maradiaga, arrestado al salir de un interrogatorio en el Ministerio Público. Según la Fiscalía, Chamorro es “investigado por la posible comisión de actos ilícitos a través de Funides”.  Además, “presuntamente ha realizado actos que menoscaban la independencia, la soberanía, y la autodeterminación de Nicaragua y que ha incitado públicamente a la injerencia extranjera”.

Maradiaga, precandidato de la Unidad Nacional Azul y Blanco, es “investigado por desarrollar actividades ilícitas a través de la Fundación Libertad”. También fue detenido el 8 de junio pasado, y desde entonces sus familiares no han logrado comunicarse con él y le fue negado un recurso de exhibición personal.

Encuentro con congresistas

Cárdenas y Valle también sostuvieron encuentros con los congresistas estadounidenses Marco Rubio, Mark Green y Albio Sires, para solicitar apoyo por la liberación de los presos políticos y el restablecimiento democrático en Nicaragua.

“Conocí a Berta Valle y Victoria Cárdenas, las esposas de Maradiaga y Chamorro, quienes fueron detenidos arbitrariamente y desaparecidos por la fuerza en Nicaragua por el régimen criminal de Ortega”, indicó Sires en su cuenta de Twitter.

Tras el encuentro, Sires llamó al Gobierno de Ortega a confirmar el paradero de ambos detenidos y liberar de inmediato a todos los prisioneros políticos.

Además, aplaudió el anuncio hecho por el secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, de restricciones de visado contra 100 funcionarios del régimen y llamó a la Administración del presidente Joe Biden “a mantener la presión” al régimen Ortega-Murillo.

“No dejaré de denunciar los abusos de este régimen hasta que se escuchen las voces del pueblo nicaragüense”, indicó Sires.

Valle, esposa de Maradiaga, agradeció a través de su cuenta de Twitter la solidaridad de Rubio con el pueblo de Nicaragua y los familiares de los presos políticos y argumentó que “su compromiso con la democracia da fuerza a nuestras voces”.

El encuentro con el senador Rubio, el pasado 20 de julio, ocurrió un día después que Cárdenas y Valle sostuvieron una reunión con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.

Cárdenas y Valle participaron el lunes 19 de julio en una marcha de protesta frente a la embajada de Nicaragua en Estados Unidos.

Piden poner mirada en Nicaragua

La nicaragüense Bianca Jagger, defensora de derechos humanos, compareció en la sesión bipartidista del Congreso y exhortó a la comunidad internacional a mostrar su apoyo a Nicaragua en la lucha por la democracia.

“El mundo necesita prestar más atención a Nicaragua. El sistema internacional diseñado para defender los derechos humanos no está funcionando para el pueblo de Nicaragua. La solidaridad, las resoluciones públicas y las condenas son importantes y son bienvenidas, pero no son suficientes. Solo serán efectivos si la presión es proporcional al nivel de represión del régimen”, expresó la presidenta de la Fundación de Derechos Humanos Bianca Jagger.

También llamó a actuar a los países centroamericanos y a las Naciones Unidas. “El hecho de que Nicaragua sea un Estado fallido que aterroriza a sus propios ciudadanos, es sin duda un factor de inestabilidad regional que requiere que el secretario general de las Naciones Unidas Naciones actúe”, dijo Jagger.

Mientras, el abogado, Boanerges Fornos, representante de la Organización Acción Penal, una iniciativa de sociedad civil creada para defender presos políticos y víctimas de la represión estatal, afirmó que en Nicaragua se ha “instrumentalizado la justicia” para condenar a opositores y para garantizar la impunidad ante la brutal represión estatal.

“El Gobierno de Ortega instrumentalizó el sistema de justicia penal en Nicaragua, de tal forma que los utilizó como un órgano represor (…) por su parte los jueces y magistrados no ejercen el control de legalidad de las actuaciones de la Policía y la Fiscalía”, indicó.

Fornos explicó que el sistema de justicia “representa la inexistencia del debido proceso y del Estado de derecho” porque “no se permite el acceso a abogados, ni se permiten pruebas contundentes que ayudan a los acusados”.  “Tampoco se garantiza acceso a salud de los prisioneros”, lamentó.

Denunció que muchos de los abogados se han tenido que ir al exilio por la represión y las amenazas, lo que deja en indefensión a los presos políticos.


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