23 de noviembre 2021
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El informe final de las votaciones del 7 de noviembre del Observatorio Ciudadano Urnas Abiertas registró 2031 anomalías, hechos de violencia política e intimidación durante la jornada, en la que el mandatario Daniel Ortega se reeligió sin competencia política. Hechos que fueron más visibles en horas previas al cierre de los Centros de Votación (CV), con el único objetivo de "desalojar a las personas y evitar que permanecieran fiscalizando la publicación del cartel de resultados", que cada Centro de Votación debe de publicar.
"La manifestación de violencia política que fue reportada con mayor frecuencia fue la presencia paramilitar en los alrededores de los Centros de Votación, quienes ejercieron un rol de control de las personas que llegaban y también ejercieron acciones intimidatorias contra la ciudadanía", dice el noveno informe del Observatorio que fue divulgado la tarde de este lunes.
Agregan que al menos el 35% de las 1450 personas que realizaron observación in situ, tanto de anomalías como de participación ciudadana, reportaron haber sido intimidadas por policías, paramilitares o técnicos electorales. "En algunos casos, los paramilitares realizaban rondas al interior de los CV para vigilar a las personas que se encontraban adentro. Asimismo, habitantes de los diferentes municipios también reconocieron como integrantes de las mesas electorales a personas identificadas como paramilitares", agrega el texto.
Coacción del voto
Sobre las acciones dirigidas a coaccionar el voto de la ciudadanía, Urnas Abiertas observó durante 895 veces el despliegue de vehículos y recursos del Estado trasladando votantes, por parte de trabajadores del Estado y dirigentes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Situación que evidencia "una acción coordinada proveniente del más alto nivel de toma de decisiones del partido-Estado", dice el informe.
La coacción del voto "estuvo marcada por amenazas de despidos, obstáculos futuros para realizar trámites en instituciones y alcaldías, retiro de becas a estudiantes, prohibición de ingreso a residencias de estudiantes, represalias durante la evaluación de fin de año a docentes y exclusión de programas sociales", señalan los observadores.
El uso de vehículos del Estado se registró en 105 municipios de los 14 departamentos y las dos regiones autónomas, que corresponde a un 69% de los 153 municipios del país. Río San Juan fue el único departamento en el que no se observó el uso de vehículos del Estado para tales fines.
Las alcaldías fueron las instituciones que más vehículos pusieron a disposición, seguidos por el Ministerio de Salud, la Policía Nacional y el Ministerio de Educación.
Detenciones arbitrarias
Los observadores también verificaron 35 detenciones en diez departamentos del país. Solamente nueve personas han sido liberadas y 26 permanecen detenidas, producto de un incremento de asedios focalizados, hostigamiento, citatorias y amenazas. La vigilancia policial y parapolicial en los departamentos de Managua, Masaya, Nueva Segovia, Matagalpa, Rivas y Carazo, fue más notoria entre el 3 y el 7 de noviembre.
Entre los detenidos el día de las votaciones están los periodistas del medio digital Masaya al Día: Elvin Daniel Martínez y Mileydi Trujillo, quienes fueron puestos en libertad el mismo día. "Los periodistas fueron detenidos como hecho intimidatorio por estar realizando cobertura periodística en el departamento de Masaya". Ambos fueron obligados a usar uniforme de reclusos, les tomaron huellas dactilares sin investigación previa y sufrieron el robo de sus equipos.
Ese mismo día se reportó la detención de tres mujeres indígenas mayangnas por reclamar transparencia en el recuento de los votos: Rosa Samuel, Nidia Erants y Nely Juan, las tres fueron dejadas en libertad el 8 de noviembre.
Además, "se tuvo conocimiento de otra modalidad intimidatoria que consistió en retener a las personas opositoras durante algunas horas en las estaciones de Policía, sin oportuno control judicial. Durante ese período las personas fueron víctimas de amenazas y agresiones".
Observación ciudadana en las votaciones
La observación ciudadana, realizada por Urnas Abiertas y otras organizaciones que permanecen en anonimato, fue la única fuente de información independiente durante la jornada de votaciones en Nicaragua, ya que la presencia de observadores fue suprimida de la Ley Electoral por el régimen de Ortega. Es así que, producto de la observación in situ y el reporte ciudadano, se estableció hasta en un 81.5% de abstencionismo ciudadano, contrastando completamente con los datos del Consejo Supremo Electoral que en sus informes establece este renglón en tan solo un 35%.
Para el desarrollo del informe, al menos 1450 personas acudieron a 563 Centros de Votación con los objetivos de observar la participación ciudadana usando el método de conteo de flujo de votantes y registrar anomalías y hechos de violencia política que pudiesen darse en el lugar.
También, se realizó una revisión exhaustiva de la información oficial emitida por el Gobierno e instituciones del Estado, y publicaciones de medios de comunicación oficialistas e independientes. Asimismo, se revisaron reportes, informes y análisis de diversas organizaciones nacionales e internacionales vinculadas al proceso.
