Política

Unión Europea sanciona a Rosario Murillo y a siete altos funcionarios

La lista la completan Juan Carlos Ortega Murillo, Bayardo Arce, Gustavo Porras, Ana Julia Guido, Alba Luz Ramos, Fidel Domínguez y Juan Valle

La Unión Europea (UE) sancionó este lunes dos de agosto a ocho altos funcionarios del régimen de Nicaragua, incluida la vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo Zambrana, así como su hijo Juan Carlos Ortega Murillo.

Completan la lista: Alba Luz Ramos Vanegas, presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ); Bayardo Arce Castaño, asesor presidencial de asuntos económicos; Gustavo Porras Cortés, presidente de la Asamblea Nacional; Ana Julia Guido Ochoa, fiscal general; y los comisionados generales Fidel Domínguez Álvarez, jefe de la Policía en León; y Juan Antonio Valle Valle, jefe de Vigilancia y Patrulla.

Los sancionados tienen inmovilizados sus bienes y, además, los ciudadanos y las empresas de la UE están sujetos a la prohibición de poner fondos a su disposición.

El Consejo de la UE, que reúne a los Estados miembros, indicó en un comunicado que las medidas restrictivas se adoptan contra esos ocho individuos “como responsables de graves violaciones de los derechos humanos o de acciones que socavan la democracia y el Estado de Derecho en Nicaragua”.

“Las medidas van dirigidas contra personas y están concebidas de modo que no perjudiquen a la población ni la economía nicaragüenses”, destacó el Consejo.

Primera vez de Ramos y Arce

Estos ochos altos cargos se suman a seis funcionarios del régimen que ya fueron sancionados por la UE, en mayo de 2020. Estos son: el director de la Policía Nacional, el primer comisionado Francisco Díaz, así como los comisionados generales Luis Alberto Pérez Olivas, jefe de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) que controla la cárcel El Chipote; Justo Pastor Urbina, jefe de la Dirección de Operaciones Especiales (DOEP), y Ramón Avellán, subdirector de la Policía Nacional. La lista de castigados la completan el colaborador cercano de la pareja presidencial, Néstor Moncada Lau, y la exministra de Salud, Sonia Castro.

Los catorce nicaragüenses tienen prohibido viajar a la Unión, lo que les impide entrar al territorio comunitario o transitar por él.

La mayoría de los catorce sancionados por la UE ya figuran en otras listas de castigados por los Gobiernos de Canadá y Estados Unidos, que los señalan de actos de corrupción y violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses.

Sin embargo, es la primera vez que una organización sanciona a la presidenta de la CSJ, Alba Luz Ramos, y al asesor económico, Bayardo Arce.

De Ramos, la UE destacó que es responsable de instrumentalizar el Poder Judicial en favor de los intereses del régimen de Ortega, tipificando penalmente de forma selectiva las actividades de oposición y perpetuando el patrón de violaciones del derecho a un juicio justo, de detenciones arbitrarias e inhabilitación de partidos políticos y candidatos de la oposición.

En el caso de Arce, la Unión lo señaló de respaldar la elaboración de legislaciones que impiden a los candidatos de la oposición participar en las elecciones”, por lo que “es responsable de represión contra la sociedad civil y la oposición democrática en Nicaragua”.

Tras resolución del Parlamento Europeo

La nueva ronda de sanciones llega tres semanas después que el Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que reiteraron su exigencia de ampliar las sanciones específicas e individuales contra los violadores de los derechos humanos en Nicaragua, incluidos el presidente Daniel Ortega, la vicepresidenta Murillo, así como a “su círculo de allegados”.

La resolución fue aprobada por 629 votos a favor, 19 en contra y 40 abstenciones; en la votación participaron 688 de los 705 miembros del Europarlamento. En el documento, los eurodiputados solicitaron además a los organismos internacionales rastrear el dinero del régimen orteguista en el mundo, para proteger al sistema financiero internacional “frente a las operaciones ilícitas del régimen Ortega-Murillo y sus colaboradores”.

La imposición de sanciones ha sido exigida constantemente por los eurodiputados españoles Soraya Rodríguez Ramos y José Ramón Bauzá, quienes además han subrayado que la UE tiene la “obligación” de no “reconocer” los próximos comicios nicaragüenses, porque “no estamos ante unas elecciones democráticas”.

El pasado pleno exigí sanciones para la familia Ortega. Hoy, el Consejo da un paso adelante y amplía la lista de sanciones a responsables de violaciones DD. HH. en Nicaragua. Este es el camino”, escribió en Twitter la europarlamentaria Rodríguez.

En la misma red social, Bauzá celebró las sanciones y remarcó que estamos un paso más cerca de la justicia. Europa será la pesadilla de la tiranía de Ortega. ¡VAMOS!”.

El marco legal para imponer sanciones a ciudadanos o empresas en Nicaragua se adoptó en octubre de 2019, después de que el Consejo manifestara reiteradamente su inquietud ante el deterioro de la situación política y social en Nicaragua y condenara con firmeza la represión ejercida desde abril de 2018 contra opositores políticos, manifestantes, medios de comunicación independientes y sociedad civil.

Para que la UE imponga sanciones, el alto representante de Política Exterior de la UE debe presentar una propuesta, que es analizada en diferentes instancias de cada uno de los 27 países miembros del bloque y del Consejo Europeo, y luego se pasa a votación de los ministros de Exteriores, que debe ser unánime.

Deterioro en los últimos meses

El Consejo aseguró que la situación política en Nicaragua “se ha deteriorado aún más en los últimos meses” y añadió que “el uso político del sistema judicial, la exclusión de candidatos de las elecciones y la inhabilitación arbitraria de los partidos de la oposición son contrarios a los principios democráticos básicos y constituyen una grave violación de los derechos del pueblo nicaragüense”.

“Estas acciones socavan aún más la credibilidad del proceso electoral, ya obstaculizado por una reforma electoral que no cumplió con las recomendaciones de las misiones de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos y la UE”, aseveró la UE, en su comunicado.

Recordó que la Unión ha instado “reiteradamente” al Gobierno nicaragüense a que cumpla “sus propios compromisos, la Constitución de Nicaragua y las leyes y normas internacionales en materia de derechos humanos”.

“La UE también ha pedido en repetidas ocasiones que se establezca un diálogo eficaz con la oposición sobre la adopción de reformas electorales como paso esencial para restaurar la confianza en las instituciones públicas, y que regresen los organismos internacionales de derechos humanos a Nicaragua”, agregó.

De acuerdo con la UE, las sanciones demuestran que los Veintisiete “siguen estando resueltos a utilizar todos sus instrumentos para apoyar una solución democrática, pacífica y negociada a la crisis política de Nicaragua”.

Reiteró su condena a “la represión sistemática por parte de las autoridades nicaragüenses” y les instó a que “deroguen leyes restrictivas, entre ellas la Ley de regulación de los agentes extranjeros”.

Asimismo, reclamó la liberación “inmediata e incondicional” de los presos políticos, así como el pleno respeto de los derechos humanos y los derechos civiles y políticos de todos los ciudadanos nicaragüenses.

*Con información de Efe

 



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