27 de junio 2019
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El embajador de Estados Unidos para Nicaragua, Kevin Sullivan, calificó de una “catástrofe” la crisis que afecta al país desde abril de 2018, que ha dejado más de 300 asesinados, miles de heridos y centenares de presos políticos. Al mismo tiempo, advirtió que las sanciones estadounidenses seguirán contra más “individuos, entidades e instituciones” nicaragüenses, mientras el régimen no vuelva a la senda democrática y de respeto a los derechos humanos.
Durante su primer discurso ante la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AmCham), el diplomático estadounidense manifestó: “No es necesario que les diga que la crisis sociopolítica que Nicaragua ha vivido a lo largo del año pasado ha sido una catástrofe. Todos ustedes lo saben. Todos lo han vivido. Las organizaciones internacionales de renombre lo han investigado y documentado, junto con los medios independientes que todavía subsisten en Nicaragua”.
Añadió: “El rastro de sangre y destrucción que la crisis ha dejado ha afectado a casi todas las familias nicaragüenses de una u otra manera, ya sea que hayan perdido a un hijo cuando las protestas pacíficas fueron reprimidas brutalmente o hayan soportado el largo encarcelamiento de su padre, madre o hermana. Miles se han visto obligados a exiliarse, dejando atrás sus familias y carreras, así como al país que aman. Otros perdieron su empleo en el sector formal, el que les brindaba la promesa de una vida mejor”.
Respecto a la economía, subrayó que “a este punto ya se han evaporado el crecimiento y la creación de empleo que se había dado en los últimos años y está amenazando con hacer retroceder a Nicaragua décadas, en caso que continúe. La destrucción de negocios viables y, sobre todo, la huida de un talento humano precioso hacia el extranjero, puede que tome muchos años remediarlo”.
Economistas e instituciones nacionales pronostican que la economía nacional se contraerá este año entre un 7% y 11%. La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) ha calculado que por la crisis, durante 2018, fueron despedidas o suspendidas de sus empleos unos 450 000 ciudadanos.
Urge una negociación
“En ausencia de un acuerdo político, las actuales tensiones y el declive económico de Nicaragua solo empeorarán, y la presión internacional solo se va a intensificar”, dijo Sullivan, quien destacó que “una negociación exitosa tiene el potencial de dar vuelta a la página de la pesadilla nacional que el país ha vivido y construir un camino hacia una verdadera reforma y una auténtica reconciliación nacional”.
En mayo pasado, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia suspendió las negociaciones con el régimen, luego de que este se negó a liberar a todos los presos políticos y a restaurar verdaderamente derechos constitucionales, como la libertad de expresión y manifestación.
Sullivan expresó que las negociaciones se han estancado principalmente por la “intransigencia” del Gobierno, aunque apuntó que, en ocasiones, “la Alianza Cívica también ha enfrentado dificultades de coordinación y de manejar los tiempos”.
“El Gobierno tampoco ha demostrado la apertura o flexibilidad necesaria hasta ahora en las discusiones sobre los principales temas de la reforma electoral o de la justicia”, acotó.
Pese a este panorama, el embajador aseguró que “todavía hay una oportunidad de avanzar dentro del actual marco de negociaciones, si ambos lados ponen la voluntad necesaria”. En el caso de la Alianza Cívica, le sugirió centrarse en “los objetivos a largo plazo de la negociación y representando fielmente las aspiraciones de los nicaragüenses para un futuro mejor”.
Vienen más sanciones
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó en su lista negra cuatro altos funcionarios orteguistas: Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional; Sonia Castro, ministra de Salud; al general en retiro Oscar Mojica, ministro de Transporte e Infraestructura; y Orlando Castillo, director del Telcor.
Estos funcionarios se unieron a los ya sancionados: Rosario Murillo, vicepresidenta y esposa de Daniel Ortega; Laureano Facundo Ortega Murillo, hijo de la pareja presidencial; Fidel Moreno, secretario de la Alcaldía de Managua; Francisco Díaz, director de la Policía Nacional; y Néstor Moncada Lau, secretario privado del presidente. El Banco Corporativo (BanCorp), brazo financiero del régimen, también ha sido sancionado por EE. UU.
Sullivan calificó las sanciones como “esfuerzos” que “están diseñados para crear incentivos para que el Gobierno nicaragüense ponga fin a la represión y aborde las demandas legítimas para reformas democráticas”.
Adelantó que “tal como ocurrió en Venezuela, se espera que su implementación (de las sanciones) continúe y se amplíe para incluir a más individuos, entidades e instituciones, hasta que se alcancen los objetivos establecidos en la Nica Act y la Orden Ejecutiva (del presidente Donald Trump)”. Estas metas son democracia, respeto de los derechos humanos y fin de la corrupción.
Empresarios reconocen error
“A pesar de todos los indicadores desalentadores que hemos visto en el último año, ha sido inspirador ver a los nicaragüenses, especialmente a los jóvenes, reafirmar su compromiso con la democracia genuina. Eso después de varios años en que muchos nicaragüenses, en particular los del sector privado, parecieron priorizar la estabilidad económica por sobre la integridad de las instituciones democráticas del país”, subrayó el diplomático estadounidense, quien asumió el cargo en noviembre pasado.
Las últimas palabras de Sullivan coinciden con el mensaje de despedida de su antecesora en el cargo, Laura Dogu, quien en un discurso en AmCham, en octubre pasado, recordó que antes del 18 de abril de 2018, los empresarios nicaragüenses defendían “sacrificar” algunos derechos fundamentales —como el Estado de derecho y la democracia— porque “Nicaragua no estaba en guerra, ni sufría violencia de los países del triángulo norte” de Centroamérica.
“Los eventos del año pasado pusieron de relieve los altos costos de descuidar estos cimientos de cualquier sociedad moderna”, recalcó Sullivan, quien reveló que en conversaciones con los “líderes de todo el sector privado me han dicho que ahora reconocen la necesidad de trabajar junto con otros miembros de la sociedad civil, incluidos los estudiantes y activistas cívicos que lideraron las protestas del año pasado, para insistir en una restauración total del Estado de Derecho y otras reformas institucionales esenciales”.
