Política

Suiza sanciona a siete funcionarios orteguistas y tres entidades estatales

Se suma a las sanciones adoptadas por la Unión Europea y aclara que las mismas no se aplican "bajo ninguna circunstancia" a la población nicaragüense

El Gobierno de Suiza se sumó este 24 de enero a las sanciones adoptadas por la Unión Europea, el pasado 10 del mismo mes, contra miembros del Gobierno de Daniel Ortega a quienes considera responsables del deterioro de la situación de derechos humanos, del Estado de derecho y de la democracia en Nicaragua.

Los sancionados son seis miembros del entorno del presidente Daniel Ortega, a quienes se les congelan todos los activos que puedan tener en el sistema financiero helvético y se les prohíbe la entrada o tránsito por Suiza.

El pasado 10 de enero, la Unión Europea (UE) sancionó a siete altos funcionarios del régimen de Nicaragua, incluidos dos hijos de la pareja presidencial —Laureano y Camila Ortega Murillo—; a Luis Ángel Montenegro, superintendente de Bancos; Nahima Janett Díaz Flores, directora de Telcor; y tres magistrados del Poder Electoral, Lumberto Ignacio Campbell Hooker, Brenda Isabel Rocha Chacón y Cairo Amador Arrieta, estos últimos presidenta y vicepresidente del CSE. Además, sancionó a tres instituciones: la Policía Nacional, el Consejo Supremo Electoral (CSE) y el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor).

El Departamento Federal de Asuntos Económicos de Suiza indicó que sus sanciones se aplican a dos asesores personales del presidente nicaragüense y a cuatro representantes de alto rango del Poder Judicial y de la Policía a los que se acusa de violaciones de los derechos humanos.

Las entidades financieras que pudieran tener relación con los sancionados deben declararlo a las autoridades suizas.

Suiza aclaró que las medidas punitivas no se aplican bajo ninguna circunstancia a la población de Nicaragua.

“El Gobierno hace un llamado a las autoridades nicaragüenses a respetar y defender los derechos humanos inscritos en el derecho interno y en el derecho público internacional, en particular la libertad de expresión y de reunión”, indicó el Departamento Federal mediante un comunicado

Aseguró también que “en consideración de los cuarenta años de compromiso en favor del desarrollo de Nicaragua, Suiza está lista para apoyar los esfuerzos dirigidos a encontrar una solución pacífica al conflicto sociopolítico” en el país centroamericano.

Las sanciones de la Unión Europea y EE. UU. el 10 de enero

El Consejo de la UE, que reúne a los Estados miembros, indicó el pasado 10 de enero, en un comunicado, que los sancionados “son responsables de graves violaciones de derechos humanos, incluida la represión de la sociedad civil, el apoyo a elecciones presidenciales y parlamentarias fraudulentas, y el socavamiento de la democracia y el Estado de derecho” en Nicaragua.

Las sanciones se anunciaron horas antes de que Daniel Ortega y Rosario Murillo asuman un nuevo mandato como presidente y vicepresidenta de Nicaragua, respectivamente.

Ese mismo día, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó también a seis operadores del régimen, entre ellos Nahima Janett Díaz Flores, castigada por la UE e  hija del director de la Policía Nacional, comisionado mayor Francisco Díaz, quien ya fue sancionado por la Unión Europea y EE. UU.

Según el Gobierno estadounidense, las sanciones se establecieron en conjunto con la UE. Estas se impusieron contra tres cargos del aparato militar nicaragüense; dos directivas de Telcor, y otro de la Empresa Nicaragüense de Minas (Eniminas).

Las sanciones afectan a la ministra de Defensa, Rosa Adelina Barahona; al general de brigada Bayardo de Jesús Pulido Ortiz, que ocupa el tercer mayor grado en la jerarquía en el sistema castrense del país, y al jefe del Estado Mayor del Ejército de Nicaragua, Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz.

De Telcor, además de Díaz Flores, fue sancionada Celina Delgado Castellón, directora general adjunta. Ambas son señaladas por “desinformación y persecución de medios independientes”.

También fue sancionado Ramón Humberto Calderón Vindell, un general del Ejército retirado y presidente de la junta directiva de Eniminas, para golpear los beneficios generados por el control estatal de la minería de oro, dado que el valor de las exportaciones de ese metal en Nicaragua ha “crecido drásticamente en los últimos años”.

Las sanciones de la Oficina del Control de Activos Extranjeros (OFAC, en inglés) del Departamento del Tesoro implican el bloqueo de todas las propiedades o activos que puedan tener esas personas en Estados Unidos o bajo el control de estadounidenses, y les prohíbe cualquier transacción con ciudadanos que estén en ese país.


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