Política

Cristiana Chamorro “prácticamente secuestrada”; CIDH tramita medidas cautelares

Abogada defensora informa que régimen impide que la precandidata presidencial tenga comunicación con sus familiares y defensa legal

La precandidata presidencial Cristiana Chamorro se encuentra bajo arresto domiciliar, incomunicada y bajo una fuerte vigilancia policial, desde el pasado miércoles 2 de junio. Es “prácticamente un secuestro”, afirma su abogada defensora, Orieta Benavides. Mientras tanto, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares a favor de la precandidata debido al contexto de “especial vulnerabilidad” en que se encuentra la ciudadana.

La petición del Cenidh incluye a los extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh): Walter Antonio Gómez Silva y Marcos Antonio Fletes Casco, quienes se encuentran detenidos e incomunicados desde el pasado 28 de mayo. También Erlinda Arróliga, Ana Elisa Martínez Jarquín, Cristiana Lacayo Chamorro, Lourdes Arróliga, Guillermo José Medrano y sus familiares.

Chamorro Barrios ha sido acusada por la Fiscalía “por los delitos de gestión abusiva y falsedad ideológica, ambos en concurso real con lavado de dinero, bienes y activos” a través de la extinta FVBCh, de la que ella fue presidenta. Mientras, Gómez, el exfinanciero de la oenegé, y Fletes, el contador, están siendo investigados por los mismos delitos.

Benavides explicó en el programa Confidencial Radio —que se transmite por Radio Corporación— que Chamorro se encuentra incomunicada en su propia vivienda, después que fue allanada por la Policía la tarde del miércoles. Un hecho “ilegal” que prácticamente “es un secuestro”.

“El arresto domiciliar, a como se establece en la legislación, no es lo que en la práctica está ocurriendo con Cristiana; no debería de estar incomunicada; no debería de ser privada de comunicarse con sus familiares y defensa; no debería de tener totalmente (cerradas) todas las vías de comunicación y acceso. Es una situación que escapa de lo legal y que lo convierte prácticamente en un secuestro”, manifestó Benavides.

La abogada precisó que hasta el momento “no existe oficialmente una orden de medida cautelar de arresto domiciliar”. El expediente judicial “se encuentra bajo sigilo en el despacho judicial, ni siquiera como defensa hemos logrado tener acceso y, por lo tanto, no hemos conocido en qué consistió esa diligencia de allanamiento y si existe alguna medida” contra la precandidata.

Benavides valoró que las investigaciones de la Fiscalía no prueban ningún ilícito en contra de Chamorro o de los extrabajadores Marcos Fletes y Walter Gómez, quienes podrían pasar hasta 90 días detenidos bajo investigación.

Aunque la situación legal de Gómez y Fletes es distinta a la de Chamorro, “lo común en ambos casos es que existe es una violación completa a los procedimientos y que hay una amplia discrecionalidad en la aplicación y el tratamiento que le están dando a cada uno de ellos”, subrayó la abogada.

Solicitud de medidas cautelares para extrabajadores de la FVBCh

El Cenidh relató a la CIDH que en la investigación “se ha violado el debido proceso” y desde el 20 de mayo de 2021, cuando Chamorro, Gómez y Fletes fueron citados al Ministerio de Gobernación (Migob), para responder por supuestas inconsistencias encontradas en los reportes financieros, prácticamente se les culpó de previo.

Muestra de esa violación al debido proceso es que, la noche del 28 de mayo, la Policía se presentó a la casa de Gómez “y sin presentar la respectiva orden de autoridad competente allanó la casa y se lo llevó detenido”. Paralelamente Fletes, quien se encontraba en una casa de seguridad en Managua, “fue secuestrado mientras salía de esta por unos sujetos no identificados. Ambos se encuentran en grave peligro de violación a su vida e integridad personal”, subrayó el Cenidh.

Para los defensores de derechos humanos “es claro que el proceso de investigación no es más que un acto directo para inhibir la candidatura de Cristiana Chamorro, el cual es alarmante no solo porque lesiona gravemente la democracia del país, sino porque ubica en grave peligro a los propuestos beneficiarios”, quienes desde marzo de este año se encuentran intensivamente vigilados por la Policía Nacional en sus casas de habitación.

“Cargos sin fundamento”, afirma el Centro Carter

El pasado primero de junio el Juzgado Quinto del Distrito Penal de Audiencias inhabilitó a la precandidata independiente para optar a un cargo público, tan solo horas después que la Fiscalía formalizó la acusación en su contra y solicitó medidas cautelares. Un hecho totalmente “ilegal”, reclamó Orieta Benavides, abogada defensora de Chamorro.

Para Benavides, su defendida continúa “en pleno goce de sus derecho civiles y políticos, mientras no exista una sentencia firme que mantenga una inhabilitación como tal”. Mientras eso no exista, “es ilegal ese pedimento y cualquier aplicación que pudieran hacer de esa medida en contra de Cristiana porque estaría alejada de cualquier procedimiento legal”.

Por su parte, el Centro Carter condenó la violación al debido proceso legal en el caso contra la precandidata Chamorro, quien está siendo procesada “por cargos sin fundamento”.

A Chamorro “se le privó de su derecho a competir por cargos públicos y se la mantiene incomunicada bajo arresto domiciliario. Este es el último intento del Gobierno de manipular el proceso electoral y representa una grave amenaza para las elecciones” de noviembre próximo, señaló el Centro Carter.

Mientras tanto, la petición del Cenidh enfatizó que en este caso “es claro que el procesamiento y detención se da por motivos políticos, y más gravemente de impedir la participación política de Cristina Chamorro como precandidata presidencial”.

 



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