29 de agosto 2019
AA
El tímido informe que presentó el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, sobre la crisis en Nicaragua en el que resaltó la liberación de los presos políticos, pero obvió que aún quedan más de 100 reos de conciencia en las cárceles de la dictadura Ortega-Murillo, está enfocado en buscar su reelección en el máximo foro político de la región, según exdiplomáticos nicaragüenses y expertos en temas internacionales. Sin embargo, si la dictadura rechaza la comisión de alto nivel, integrada ayer por aprobación del organismo, vendrán más sanciones contra Ortega.
“Es un mensaje de un político que fundamentalmente está empeñado en este momento en su reelección y que no quiere voltear muchas piedras en su camino a esa reelección, por eso es que fue un informe muy prudente que se mantuvo poniendo luces y sombras” sobre la crisis de Nicaragua, dijo el exembajador de Nicaragua ante la OEA, José Luis Velásquez en una entrevista en el programa Esta Noche.
Vista general los representantes del Consejo Permanente de la OEA, reunidos en la sede del organismo en Washington, DC. // Foto: OEA
“Definitivamente es eso (busca su reelección)”, sostuvo el experto en temas internacionales y exfuncionario de la Cancillería nicaragüense, Ricardo De León. “El voto de (Juan) Guaidó (presidente interino de Venezuela reconocido por más de 50 países) en la OEA lo tiene cocinado, Cuba no forma parte de la OEA, imagino que está buscando los votos de las islas caribeñas, Centroamérica y México. El voto de Estados Unidos ya lo tiene, porque no ha aparecido otro candidato”, resaltó.
Velásquez considera que el informe de Almagro reflejó de manera sucinta lo que ha estado sucediendo en Nicaragua. “Definitivamente que hay cosas como la libertad de los presos políticos que se logró y que fue importante, pero también el incumplimiento de los acuerdos a los que se llegó, que también resalta el informe”, dijo.
La OEA conformó una comisión de alto nivel compuesta por representantes de Estados Unidos, Canadá, Argentina, Paraguay y Jamaica, cuyo propósito es cabildear al más alto nivel con la dictadura y buscar una salida negociada y política a la crisis que vive Nicaragua desde abril de 2018, cuando las protestas contra Ortega fueron brutalmente reprimidas. Más de 326 personas fueron asesinadas en el contexto de la crisis, según organismos de derechos humanos, y casi 70 000 nicaragüenses se han exiliado.
El representante permanente de EE. UU. ante la OEA, Carlos Trujillo, en una reunión del Consejo Permanente. // Foto: OEA
La comisión tendrá 75 días para emitir un informe, pero el Gobierno de Nicaragua ya expresó que no la reconoce. “Si Ortega rechaza a la comisión y no le da chance, no le permite hacer su labor de buenos oficios y de mediación, entonces eso se entendería como que se venció la posibilidad de continuar con el diálogo y entonces se tiene que continuar con lo que prevé la Carta Democrática Interamericana, que es la convocatoria a una reunión de cancilleres que profundice las sanciones y las extienda todavía más”, valoró Velásquez.
Las sanciones bilaterales
Según Velásquez, las sanciones contra Nicaragua serían siempre de denuncias y los organismos de la OEA, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), profundizarán sus investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad, “en la línea de los delitos internacionales que ha venido cometiendo el Gobierno”.
“Pero más que todo, las sanciones que se van a presentar son las que pueden hacer miembros de la OEA en forma bilateral, y ahí el que tiene mayor posibilidad de aplicar sanciones es el Gobierno de Estados Unidos porque tiene el arma financiera en sus manos y tiene la Nica Act y la Global Magnitsky”, consideró el exdiplomático.
El informe de Rosadilla
Durante la Asamblea, también leyó un informe el asesor de Almagro, Luis Ángel Rosadilla, testigo y acompañante en el diálogo entre el Gobierno y la oposición, que Ortega dio por terminado abruptamente sin cumplir todos los acuerdos.
El delegado de la Secretaría General de la OEA en la mesa de negociación, Luis Ángel Rosadilla, en una foto de abril de 2019. // Foto: Carlos Herrera
Rosadilla reveló que el pasado 25 de agosto se reunieron con una delegación del Gobierno que les planteó la posibilidad de hacer reformas electorales unilateralmente, propuestas por la misma dictadura en un comunicado oficial del 28 de julio.
“Definitivamente que Rosadilla está retomando esa propuesta y tratando de incorporarla dentro de la aprobación de la comisión. Lo que Ortega ha planteado es proseguir con un proceso diferente de las negociaciones y tratar de trasladarlo a otro plano, pero siempre teniendo a la Organización de por medio para tratar de darle alguna legitimidad a este tipo de negociaciones”, expresó Velásquez.
En la reunión de la OEA se vieron dos posturas, según Velásquez. La burocracia de la organización, representada en los informes de Almagro y Rosadilla “que estarían buscando como acoplarse a la estrategia de Ortega” y, por el otro lado, la posición de Brasil y del embajador de Estados Unidos en el organismo, Carlos Trujllo, “que fueron muy claros en decir que la solución no podía transitar por algo cosmético” como lo que propone Ortega.
Alianza apoya, Gobierno rechaza
La Alianza Cívica reaccionó al nombramiento de la Comisión, ofreciéndole su respaldo y la invitó “a llegar al país a la mayor brevedad y así contribuir a la salida negociada a la crisis”.
“Ante la propuesta hecha por el gobierno a la Secretaría General de la OEA el pasado 25 de agosto, de recibir acompañamiento en la elaboración de reformas electorales unilaterales, la Alianza Cívica insta a dicha Secretaría General a rechazar dicha solicitud y ratificar al gobierno que este tema debe ser abordado conforme la Hoja de ruta y la Agenda consensuada con la Alianza Cívica. A juicio de la Secretaría General, los temas de la agenda de negociación son concordantes con las necesidades expuestas en la Carta Democrática de la OEA”, indica la Alianza.
Por su parte el gobierno de Ortega, a través de su representante en la OEA Luis Alvarado, rechazó nuevamente al Grupo de Trabajo sobre Nicaragua, y el nombramiento de la comisión de los cinco, “que no han sido solicitadas por Nicaragua”, y reiteró su interés de trabajar con la Secretaría General de la OEA de forma bilateral.
Haydée Castillo, miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco, calificó como positivo el hecho de que se haya conformado la comisión, pero lamentó el hecho de que el "informe de la Secretaría General no recoja en lo más mínimo todo el dolor que embarga a la población nicaragüense".
"Todavía tenemos 126 presos políticos, el asedio continúa sobre la Nicaragua ensangrentada", detalló Castillo.
Castillo agregó que no aceptarán reformas electorales bilaterales de la dictadura o en contubernio con la OEA excluyendo a la oposición. "Demandamos reformas profundas, la Unidad Nacional tiene su propuesta y en estas condiciones actuales no vamos a ir a un proceso electoral maquillado y que a la vuelta de u corto tiempo estemos sufriendo nuevamente fraudes", resaltó.
Importancia para la lucha cívica
La creación de la comisión acarrea más presión a la dictadura y podría volver abrirse otro capítulo de negociación entre la Alianza Cívica y aprovechar para que se cumplan los acuerdos que no se cumplieron.
“Desde el punto de vista del Gobierno, es muy difícil que el Gobierno vaya a ceder solo en el caso de que ellos vean que pueden salirse con las suyas, simplemente haciendo una finta que lance el término hacia el 2021, (solo así) es que ellos podrían aceptar”, dijo Velásquez.
Sin embargo, el exdiplomático considera que la situación no resuelta en Venezuela, con la dictadura de Nicolás Maduro que “sigue en veremos, hay muchos ruidos provenientes de la comunidad internacional y Ortega se nutre de todas esas indecisiones” de la OEA, puntualizó.
