Política

Senado de Estados Unidos aprueba la Ley Renacer

“La paranoia de Ortega de perder en las urnas no es excusa para su desmantelamiento sistemático del sistema democrático de Nicaragua”, afirma senador

El Senado de Estados Unidos aprobó la iniciativa de Ley Renacer, que amplía los motivos para sancionar a funcionarios del régimen y solicita al presidente estadounidense, Joe Biden, revisar la participación de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, República Dominicana y Centroamérica (DR-Cafta).

La propuesta —titulada Ley de Reforzamiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral— fue aprobada por una mayoría de los senadores estadounidenses.

La iniciativa fue presentada en marzo pasado de manera bipartidista en el Senado. El proyecto iniciativa ha sido liderado por el senador demócrata Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores.

“Este es un día de acción contundente, el día en que el Senado de los Estados Unidos dice que la paranoia de Daniel Ortega de perder en las urnas no es excusa para su desmantelamiento sistemático del sistema democrático de Nicaragua”, dijo Menéndez tras la aprobación de legislación.

“Hoy, dejamos en claro que la descarada táctica de Ortega de encadenar a cualquiera que se atreva a desafiarlo no dará sus frutos y, de hecho, nuestro compromiso de brindar esperanza y oportunidad al pueblo de Nicaragua apenas está comenzando”, añadió el senador estadounidense. 

“No dejaré de pedir el fin de la persecución política, incluidos los esfuerzos para silenciar a líderes de la oposición como Arturo Cruz, Cristiana Chamorro, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro. Los Gobiernos de nuestro hemisferio y de todo el mundo deben solidarizarse con los ciudadanos de Nicaragua y en contra de la consolidación de una tercera dictadura de hojalata en América Latina”, comentó.

Además de Menéndez, la propuesta ha contado con el apoyo del senador republicano Marco Rubio, y los demócratas Tim Kaine, Dick Durbin, Ben Cardin y Chris Murphy.

“Con este voto unánime, Estados Unidos envía un inequívoco mensaje de apoyo al pueblo nicaragüense. Nuestra nación debe usar todas las herramientas para responsabilizar al régimen represivo de Ortega y a su familia. Insto a la Cámara de Representantes a aprobar rápidamente este proyecto de ley”, subrayó Rubio.

A la espera del Congreso

Para que la iniciativa se convierta en ley faltan dos pasos: su aprobación en el Congreso o Cámara de Representantes, y la firma del presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

La iniciativa legislativa fue aprobada, el pasado 28 de julio, por el Comité de Relaciones Exteriores del Congreso, y ahora está a la espera de su confirmación en el pleno de esa cámara, donde ha sido liderada por el congresista demócrata Albio Sires.

Si el documento, aprobado por ambas cámaras, es idéntico se pasa directamente a la Casa Blanca para que sea firmado por Biden, y así entre en vigencia. En cambio, si contiene diferencias, el texto será enviado a un comité —integrado por senadores y representantes— para su homogeneización.

Sanciones de la legislación

Chris Murphy opinó que “la Ley Renacer nos permite apuntar a los funcionarios nicaragüenses que buscan descarrilar el proceso electoral del país, y proteger la democracia, un principio clave de la política exterior de Estados Unidos”.

El proyecto de ley propone que la Administración de Biden haga “gestiones diplomáticas” con los Gobiernos de Canadá, la Unión Europea (UE) y países de Latinoamérica y el Caribe “para imponer sanciones selectivas” contra los ciudadanos que obstruyan las elecciones nicaragüenses.

Entre 2019 y 2021, Canadá, la Unión Europea, Reino Unido y Suiza han seguido los pasos de Estados Unidos, al sancionar a algunos funcionarios del régimen, acusados de corrupción y violaciones contra los derechos humanos.

La Ley Renacer establece que serán sujetos a sanciones económicas las “personas extranjeras que obstruyan directa o indirectamente el establecimiento de las condiciones necesarias para la realización de elecciones libres, justas y transparentes en Nicaragua”.

El documento detalla que los posibles sancionados incluyen a funcionarios del Gobierno y familiares de Ortega; miembros de la Policía Nacional, el Ejército Nacional, y del Consejo Supremo Electoral (CSE). Así como “miembros del partido y funcionarios electos del Frente Sandinista de Liberación Nacional y sus familiares”.

Salida del DR-Cafta

La iniciativa contiene además un artículo que sugiere al presidente Biden “revisar la participación continua de Nicaragua” en el acuerdo comercial DR-Cafta.

Para los senadores, la participación de Nicaragua debería estar sujeta a si el régimen “continúa endureciendo su Gobierno autoritario en un intento de subvertir las elecciones democráticas de noviembre de 2021 y socavar la democracia y los derechos humanos en Nicaragua”.

La salida del acuerdo comercial le costaría a Nicaragua unos 1500 millones de dólares en exportaciones, solo del sector textil. Empresarios y economistas consultados por CONFIDENCIAL aseguran que también afectará el empleo, la recaudación de impuestos y las cotizaciones al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).

El DR-Cafta —que entró en vigencia para Nicaragua el 1 de abril de 2006— representó una gran oportunidad para el país. Nicaragua pasó de exportar a Estados Unidos, 228.4 millones de dólares, en 2006, a 1402.1 millones de dólares, en 2020.

 


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