12 de noviembre 2019
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La Comisión de Alto Nivel de la Organización de Estados Americanos (OEA) tenía este lunes 11 de noviembre como plazo para entregar un informe sobre la situación en Nicaragua, pero no se hizo en esa fecha por razones externas. En Estados Unidos, el lunes fue un feriado nacional en conmemoración del Día de los Veteranos, por lo que la OEA no funcionó.
El Consejo Permanente de la OEA, donde se presentará el informe, se reunirá este martes, pero para tratar la situación de Bolivia. Tal reunión se lleva a cabo por solicitud de: Brasil, Colombia, Canadá, Estados Unidos, Perú, Guatemala, Venezuela y República Dominicana.
Se prevé que el informe de Nicaragua se presente entre miércoles y viernes de esta semana, mientras la oposición nicaragüense mantiene su expectativa de un informe contundente de la Comisión, que se ha reunido con familiares de los asesinados por la masacre orteguista, excarcelados políticos, organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil.
Además, la oposición considera que las sanciones que impuso el Departamento del Tesoro de Estados Unidos al presidente en funciones del Consejo Supremo Electoral (CSE), Lumberto Campbell; el comisionado general Ramón Avellán, subdirector de la Policía Nacional, y Roberto López, director ejecutivo del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), son el “fruto de una política” que condena las acciones de una dictadura que ha incumplido con las “obligaciones internacionales que devienen de la carta democrática interamericana”.
“Me refiero al incumplimiento de los acuerdos que se alcanzaron con la Alianza Cívica y la falta de democratización y continua violación de derechos humanos. Asimismo, el hecho de no haber avanzado en los cambios que se requieren para ir preparando un proceso electoral anticipado”, afirma José Pallais, jurista y miembro del consejo ejecutivo de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.
El Tesoro explicó que las sanciones aplicadas el siete de noviembre, apuntaban a miembros del régimen de Ortega que se han involucrado en el abuso y la corrupción de los derechos humanos, asimismo, agregó que la acción se tomó de conformidad con la Orden Ejecutiva (E.O.) 13851, dirigida “a los funcionarios del Gobierno que persiguen a los ciudadanos nicaragüenses que ejercen sus libertades fundamentales; quien manipula las elecciones; y quienes abusan del sistema de Seguridad Social como vehículo para la corrupción”.
En entrevista con la periodista Cindy Regidor, en el programa Esta Semana, Pallais se refiere al efecto que tendrán las sanciones sobre Campbell, una figura importante dentro del esquema de la dictadura orteguista. También expone las expectativas que tiene la Alianza Cívica sobre el informe de la Comisión de Alto Nivel de la OEA, cuyo plazo de entrega se vence la semana entrante, y sobre el proceso que están realizando junto a la Unidad Nacional para conformar la gran coalición opositora.
¿Qué efecto tendrán estas sanciones económicas en el Tribunal Electoral?
Sería la continuidad de una política internacional de EE. UU. y de Canadá, de la Unión Europea (que ya tiene una política de sanciones, un mecanismo aprobado para poder aplicarla). Están enviando un mensaje necesario a Ortega de cambios contundentes. De que realice reformas profundas en materia electoral. Con esos magistrados con que ha venido operando y con la política que ha venido desarrollando, es imposible esperar elecciones libres y transparentes.
¿Habría un reacomodo en el Poder Electoral? ¿Removería Ortega a Campbell?
No solo a Campbell, porque como decíamos aquí las sanciones tienen un componente individual por la actuación de las personas que se han involucrado en los fraudes que ha cometido el régimen, pero el mayor componente es el institucional. Insisto, el primer sancionado es el régimen y no debe de tratarse solo de cambiar a Campbell o provocar la salida de (Roberto) Rivas (quien renunció en mayo de 2018). Es un cambio profundo en la estructura del Poder Electoral, una reforma en la Ley Electoral.
¿Tendría esta sanción a Campbell algún efecto en el tema de reformas electorales que ustedes demandan?
Confirma que estamos en el camino correcto. Que la labor que estamos desarrollando con la Unidad Nacional y con el Grupo Promotor de Reformas Electorales, integrado por técnicos de gran experiencia y de grandes conocimientos en materia electoral para alcanzar una sola propuesta consensuada que represente los intereses de los nicaragüenses, es la apropiada. Eso está pronto a concluir y estaremos presentando y compartiendo con la OEA y la comunidad internacional, para exigir los cambios verdaderos que se tienen que dar.
El informe de la comisión OEA
Sobre el informe de la comisión para Nicaragua conformada por la OEA, cuyo plazo se vence la próxima semana, ¿qué espera la Alianza Cívica de esas conclusiones?
Nosotros esperamos un informe muy contundente. Porque la realidad es muy dura, lo que ha acontecido en Nicaragua está plenamente demostrado por organismos de gran responsabilidad internacional, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Esa realidad que continúa, de mayor represión, de suspensión total y absoluta de los derechos ciudadanos más elementales, de violaciones masivas a los derechos humanos y de incumplimiento a todas las obligaciones en materia de derechos humanos y en materia de democracia, no nos permite esperar más que un informe muy contundente.
¿Y qué seguiría una vez se debata el informe en la OEA? ¿Espera la Alianza la aplicación de la Carta Democrática?
La Carta Democrática ya se está aplicando. Este informe es producto de ese proceso. De la aplicación que se inició hace varios meses cumpliendo los plazos. Los parámetros, las etapas que desarrolla la disposición del articulado de la Carta ya está en la etapa final. Ahora, después de escuchar el informe, los miembros de la Organización en el Consejo Permanente podrán valorar si convocan o no convocan a una Asamblea General Extraordinaria para proceder a aplicar la medida más extrema que tiene la carta, que es la de expulsión de los países que incumplen los compromisos ahí contenidos. Pero también pueden generarse otro tipo de resoluciones, siempre en la línea de que la tarea más importante de la OEA no es expulsar, sino que es impulsar los cambios para que los países que sean excluidos con sus actitudes violatorias de sus obligaciones en materia de derechos humanos y democracia, vuelvan al camino correcto. Para nosotros es bienvenido todo aquello que pueda impulsar que el Gobierno de Nicaragua, con la presión nacional y con la presión internacional, retome el camino que lleve a que podamos tener elecciones anticipadas y encontrar esa salida democrática que tanto anhelamos
El camino de la unidad
La Alianza anunció esta semana el avance de sus pláticas con la Unidad Nacional. ¿Cuáles son sus resultados concretos y qué es lo que impide la creación de una coalición?
No hay impedimentos. Hemos tenido reuniones de trabajo muy profundas en las que hemos comprobado que hay coincidencias plenas en los objetivos de esta coalición. Estamos trabajando en la redacción de los documentos que la deben definir, de cómo debe ser el gobierno de esta coalición, cuál es el plan de nación que hemos de presentar. Ya hemos coincidido en la necesidad de, primero, demandar la restitución de los derechos y libertades de los nicaragüenses. Segundo, lo que estamos trabajando: reformas electorales profundas para permitir que el pueblo se exprese. Tercero: elecciones libres y transparentes y, después, ese compromiso que va más allá de una alianza electoral, que consiste en refundar el país y transformar en lo económico, en lo social, en lo ético, para curar el gran daño que el régimen Ortega Murillo ha causado en el país.
Yo te diría que tenemos en este momento un avance de un 60% en la redacción de esa propuesta, que es muy positivo.
¿Y han presentado esta propuesta a los partidos políticos que tienen personería jurídica?
La Alianza Cívica en concordancia a los comunicados que hiciera de que la unidad es ahora y que debe ser una unidad incluyente basado en programas y objetivos claros, ha respondido a la inquietud de algunos partidos políticos que han mostrado su interés o han respondido a este llamado de la Alianza. Y hemos sostenido reuniones exploratorias con ellos, son reuniones en que la Alianza ha reiterado cómo ve el proceso de conformación de la unidad. Les hemos dicho y repetido cuáles serían los objetivos de esta unidad, una unidad sin exclusión.
¿Y cuáles han sido esos partidos con los que se han reunido?
Hasta este momento, hemos sostenido reuniones con tres partidos políticos. No hemos concluido la labor, que también está en el propósito ya anunciado de la Alianza, de ampliarla a todos los partidos políticos con personería jurídica diferentes a la del Frente Sandinista, y con organizaciones que han sido privadas de su personería jurídica, como el MRS y como organizaciones laborales, sociales, movimientos de la sociedad civil, porque esta unidad es de todos. Todos estuvimos unidos en la lucha contra el régimen en las calles y en los tranques y debemos seguir unidos para lograr ese cambio.
¿Cuáles serían los alcances de esta coalición? ¿Cuál sería el método además para elegir candidatos a cargos de elección popular?
Nosotros hemos señalado que, como demócratas, (la elección de candidatos para cargos populares), debe ser el producto de un proceso democrático interno en el que no cabe ni dedazos ni negociaciones debajo de la mesa de los integrantes de la coalición. Hasta hoy, no hemos encontrado diferencia en ese criterio, sino que hemos encontrado que ese compromiso democrático es factible. Pero, como te decía, han sido exploraciones, reuniones muy preliminares que hay que continuarlas. Esto nos va a permitir hacer un mapeo, completar un mapeo de todas aquellas organizaciones que podrían integrarse a la coalición una vez que termine esta ronda de consultas con los partidos, los movimientos sociales y políticos.
¿Se ha discutido un medio para ir a una elección si el régimen no les otorgara personería jurídica?
Definitivamente vamos a demandar que otorgue personerías jurídicas a las fuerzas emergentes, pues es un derecho que se ha negado por demasiado tiempo. Es una falta a la democracia, un elemento que también se ha incumplido en las garantías constitucionales y por lo cual es de justicia que todos aquellos que aspiren a constituirse en una fuerza política puedan tener esa oportunidad, pero lógico, no para dividir si no para su propia identidad. Lógicamente, si el régimen no quiere aceptar esos cambios que estamos proponiendo en la reforma, para facilitar esos obstáculos, esa política de exclusión, estaríamos abiertos a considerar la participación en alguna de las casillas que ostentan los que ya tienen personería jurídica. Y hemos dicho muy claramente que esa posibilidad está abierta, pero que tiene que ser una nueva forma de hacer alianza.
¿Y cuáles serían esas opciones?
Están abiertas todas hasta este momento. Han sido reuniones de exploración, hay disposición de todo, a facilitar su casilla, pero lo más importante es romper con la tradición, y lo hemos dicho muy claramente, que (la idea de que) el partido que encabeza, es el partido que impone y que se adhiere y que es el socio mayoritario privilegiado, ya no es inadmisible en una nueva alianza en la que todos somos iguales. Es la alianza la que se gobierna con el concurso de todos sus partícipes, con igualdad de aporte de decisión y que, por ejemplo, el representante legal no puede ser, como ha pretendido o ha sido la práctica en el pasado, ser el representante legal del partido que facilita su casilla a la alianza, sino que el representante legal debe ser el que designe el organismo de dirección de esa unidad y que tenga el respaldo, la confianza de todos los miembros.
