Sanciones envían un “mensaje” para el Ejército

Las nuevas sanciones individuales impuestas por Estados Unidos a cuatro altos funcionarios de la dictadura Ortega-Murillo –y a las que horas después se sumó Canadá– este viernes, envían varias señales sustanciales a Managua: la condena internacional a la represión, a la falta de libertad de movilización, a la censura, y, en especial, un “mensaje velado” al Ejército de Nicaragua, a juicio de analistas políticos.

El Departamento del Tesoro anunció sanciones individuales para el presidente de la Asamblea Nacional Gustavo Porras; a la ministra de Salud, Sonia Castro; al director del Telcor, Orlando Castillo; y al general en retiro Óscar Mojica. Tras conocerse la decisión norteamericana, Canadá, respaldó estas nuevas sanciones, pero también las amplió a otros personeros del régimen ya afectados antes por el mismo Departamento del Tesoro, entre ellos la vicepresidente Rosario Murillo y su hijo, Laureano Ortega Murillo.

Las sanciones ilustran la posición de Estados Unidos “sobre la ley de amnistía y sobre el llamado cumplimiento que dice el Gobierno que hizo”, indicó Manuel Orozco, investigador del Diálogo Interamericano. “Para Estados Unidos era perceptible el que el Gobierno de Daniel Ortega no iba a cumplir con los acuerdos, entonces ya se había preparado una serie de sanciones”, explicó.

Según Orozco, el mensaje está dirigido al círculo de poder de Ortega, “a los cómplices de las violaciones a los derechos humanos y del estado policial que existe en el país, y tenemos otra lista de gente que está en espera a ser sancionada” como parte de la presión que la política que Estados Unidos tiene hacia Nicaragua.

“Lo importante es que aquí hay tres tipos de mensajes que se están dando. El primer mensaje tiene que ver con la represión intelectual, y castigan a Orlando Castillo, quien ha encabezado la censura a los medios de comunicación. Seguimos con la represión física, aunque el jefe de la policía está ya sancionado, Sonia Castro fue un componente básico para la represión física”, indicó el ex diputado Eliseo Núñez.

Gustavo Porras, Sonia Castro, Orlando Castillo y Oscar Mojica. // Foto: Confidencial

La ministra de Salud y Gustavo Porras se convirtieron en los primeros funcionarios del régimen en ser sancionados bajo la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua de 2018 (NHRAA), es decir la ley Nica Act fusionada por el Senado, en noviembre de 2018. Los otros nueve personeros de la dictadura han sido afectados vía el Departamento del Tesoro.

El excanciller Francisco Aguirre Sacasa dijo que esta NicaAct fusionada lo que hace es “nacionalizar las medidas que ya conocíamos como la Ley Magnitsky”.

El presidente de la Asamblea Nacional es uno de los jefes de las fuerzas de choque y los paramilitares del orteguismo. A Porras, Estados Unidos lo describe de la siguiente forma: “Es el operador político más importante del presidente Ortega y ejerce un control significativo sobre el Instituto de Seguridad Social y el Ministerio de Salud con la aprobación de la vicepresidenta Rosario Murillo”.

Con las sanciones a Porras, estando ya sancionada la vicepresidenta Rosario Murillo, se despeja el camino de la sucesión constitucional en la Asamblea Nacional, a cualquier otro diputado que pueda ejercer el Poder del Ejecutivo de forma transitoria, antes de las elecciones anticipadas.

Mientras que de la ministra de Salud pesan una serie de acusaciones sobre sus órdenes a los hospitales públicos de no atender a los heridos de las protestas. El caso más emblemático es el de Álvaro Conrado.

“Estados Unidos está enviando un mensaje inequívoco al presidente Ortega y su círculo íntimo: apoyamos al pueblo nicaragüense en sus llamamientos a la reforma y al retorno a la democracia”, dijo el subsecretario de Hacienda para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Sigal Mandelker. “No dudaremos en tomar medidas contra aquellos que perpetúan la opresión o apuntalan el régimen de Ortega a expensas del pueblo nicaragüense”.

“El mensaje al Ejército”

Por otro lado, el exdiputado expresó que la sanción en contra del titular del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) general en retiro Mojica, es un mensaje directo para el Ejército de Nicaragua, debido a que “Mojica no es cualquier militar”. “Él fue jefe del Estado Mayor del Ejército” y anteriormente fue presidente del Instituto Social de Previsión Social Militar (IPSM).

“Cualquier investigación sobre Mojica, en cualquier momento, puede tener nexos con lo que él hizo en el Ejército. Ese el otro mensaje porque el Ejército tiene en este momento que tomar una decisión, no se les está pidiendo un golpe de Estado ni nada por el estilo, se le está pidiendo al

Ejército que abandone la posición de falsa neutralidad, cuando es evidente que ha prestado servicios de inteligencia política al partido de gobierno y al régimen”, continuó Núñez.

Daniel Ortega y Rosario Murillo con el general de Ejército, Julio César Avilés, en la XXIII Graduación del Centro Superior de Estudios Militares “General José Dolores Estrada”, este 11 de diciembre. Foto: Presidencia

Por su parte, fuentes diplomáticas que prefirieron no ser identificadas insistieron que Estados Unidos está lanzando “un mensaje velado” al Ejército. “A lo interno de la dictadura y la jefatura nacional, esto generará alarmas y tensiones”, aseguraron.

Mojica, además de ser exdirector del emporio inversionista del Ejército (IPSM) está ligado al entorno empresarial de Albanisa.

Estados Unidos asegura que el general en retiro “promovió” en televisión nacional la estrategia de “exilio, cárcel o muerte” del régimen de Ortega para silenciar a la oposición, “una política que ha dejado cientos de muertos, miles de heridos y decenas de miles de personas encarceladas, expulsadas o desplazadas internamente”. Además, afirma que Mojica administra una parte significativa de las finanzas personales y oficiales del presidente Ortega y de la vicepresidenta Murillo, incluidas las inversiones en plantaciones de café y establecimientos hoteleros.

“La acción está dirigida a los funcionarios del Gobierno nicaragüense que persiguen a los ciudadanos nicaragüenses que ejercen sus libertades fundamentales, promulgan leyes represivas, silencian a los medios de comunicación y niegan atención médica al pueblo nicaragüense”, afirma el comunicado del Departamento del Tesoro.

Canadá sanciona a 9

 La decisión de Canadá de acompañar las sanciones estadounidenses tiene un impacto considerable, tomando en cuenta el liderazgo del gobierno canadiense que preside Justin Trudeau en derechos humanos, y la tradicional política de neutralidad canadiense, que se manifestó hacia el primer gobierno de Ortega en los años 80, durante el conflicto con Estados Unidos

Canadá sancionó a nueve funcionarios de la cúpula del régimen, que han sido antes sancionados por Estados Unidos: Rosario Murillo, Gustavo Porras, Francisco Díaz, Néstor Moncada, Fidel Moreno, Laureano Ortega, General (r) Oscar Mojica, Sonia Castro, y Orlando Castillo.

El excanciller Aguirre Sacasa explicó que Canadá ha sido uno de los países más beligerantes en el Grupo de Trabajo sobre Nicaragua en la OEA. “Canadá ha sido muy firme. Es uno de los países más comprometidos con la democracia en Nicaragua”, afirmó.

El asesor John Bolton, asesor de seguridad nacional de Donald Trump, celebró la movida en conjunto con Canadá.

“Las acciones actuales de Estados Unidos y Gobierno de Canadá sobre Nicaragua son una fuerte señal de nuestros esfuerzos conjuntos para defender la democracia y los derechos humanos en el hemisferio occidental. Estamos comprometidos a trabajar juntos con nuestros socios regionales para asegurar que la democracia y el Estado de derecho se restablezcan en Nicaragua”, expresó Bolton.

Aguirre Sacasa aseguró que, muy posiblemente, esta movida terminó de arreglarse en la reciente reunión que sostuvieron el Secretario de Estado Norteamericano, Mike Pomepo, y la Ministra de Asuntos Exteriores canadiense, Chrystia Freeland.

Pese al duro significado de este combo de sanciones binacionales, aplicadas por dos de los países más importantes de la región, Aguirre Sacasa no cree que influyan de manera decisiva en la venidera Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Medellín para suspender a Managua del organismo.

“Quizás estas sanciones influyan en Medellín pero no va a persuadir a mucha gente (países). Eso es un tema más político. Hay países que votan por principios, otros votan a cambio de ciertos beneficios. No sé si ese trabajo de persuasión se ha realizado en la OEA”, dijo Aguirre Sacasa. Y advirtió que en caso de no conseguirse los votos necesarios para una suspensión del gobierno de Ortega en la OEA, resultaría “una derrota para la diplomacia nortemericana”.

Lo más probable, considera Manuel Orozco, es que la Asamblea General se incline por una resolución abogando por ”el agotamiento de las medidas diplomáticas”, y a que “Nicaragua cumpla con la exigencia de que regrese al país la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que entre el Grupo de Trabajo de la OEA”.