27 de junio 2019
AA
Dentro y fuera de la OEA, Canadá ha jugado un papel beligerante en la crisis nicaragüense. La semana pasada sancionó a nueve altos funcionarios orteguistas, encabezados por la vicepresidente Rosario Murillo, y desde hace meses lidera un Grupo de Trabajo para Nicaragua —integrado por 12 países— en la Organización de Estados Americanos, que presentó un proyecto de resolución a discutirse en el seno de la Asamblea General de ese organismo regional. Kenneth Frankel, presidente del Consejo Canadiense para las Américas, no ve esa “resolución como el fin de la historias. Es parte de la historia”.
La propuesta de resolución, presentada por Canadá y respaldada por otros seis países del Grupo de Trabajo, será discutida este viernes 28 junio, el último día de la Asamblea General, que se celebra en Medellín, Colombia. En ella se propone la creación de una comisión “en el marco del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana”, para que “realice gestiones diplomáticas al más alto nivel para procurar una solución pacífica y efectiva a la crisis política y social en Nicaragua, y que rinda un informe en un plazo de tres meses”.
También insiste en la reanudación del diálogo nacional, el reingreso a Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y la liberación de todos los presos políticos, pues todavía hay más de 80 reos de conciencia en las cárceles orteguistas, aunque el régimen lo niega.
La política exterior canadiense
La resolución ha sido vista por algunos sectores nicaragüenses como una última oportunidad de la OEA para el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, ya que esperaban que en esta reunión se aprobarán sanciones directas a la dictadura, como la aplicación del artículo 21 de la Carta Democrática, que establece la expulsión de un país del organismo regional.
Frankel explicó que “la política exterior de Canadá desde hace muchos años ha sido sobre reconciliación, de ser un mediador, usar sus buenos oficios para buscar resoluciones diplomáticas. Entonces, esa resolución es otra demostración del intento de buscar una salida pacífica, y reconciliada”.
“Hay que entender que Canadá necesita trabajar con sus socios en la OEA y hay que llegar a un consenso. Estoy completamente seguro que Canadá entiende que (la resolución) es una fase que hay que pasar. Ese intento que están haciendo ahora, si eso fracasa y no cambia, hay que reconsiderar otras alternativas para llegar a una solución pacífica y democrática”, destacó el experto durante una entrevista en el programa Esta Noche.
Sanciones a orteguistas
Canadá fue noticia el pasado viernes 21 de junio, cuando sancionó a nueve miembros del círculo cercano de Ortega, entre ellos su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo Zambrana, y su hijo Laureano Facundo Ortega Murillo. Los nueve fueron castigados por las “flagrantes y sistemáticas violaciones a los derechos humanos”.
Los otros sancionados fueron: Gustavo Porras Cortés, presidente de la Asamblea Nacional; Sonia Castro González, ministra de Salud; Orlando José Castillo, director de Telcor; Óscar Salvador Mojica Obregón, ministro de Transporte e Infraestructura; Fidel Moreno Briones, operador de la pareja dictatorial en la Alcaldía de Managua; Francisco Díaz Madriz, director de la Policía Nacional; y Néstor Moncada Lau, secretario privado y asesor de seguridad nacional.
Por las sanciones se les congelan sus activos en Canadá y se prohíbe a ciudadanos y compañías canadienses tener relaciones comerciales con ellos. Asimismo, no pueden viajar a Canadá.
Frankel indicó que más que sanciones económicas, “el Gobierno de Canadá ve esas sanciones como sanciones políticas. Ellos toman la posición para defender la democracia en cualquier parte del mundo”.
Coordinados con Estados Unidos
Los nueve funcionarios han sido objeto de sanciones similares de Estados Unidos. Porras, Castro, Castillo y Mojica, fueron castigados ese mismo viernes por el Gobierno estadounidense. Días previos, los cancilleres de EE. UU. y Canadá, Mike Pompeo y Chrystia Freeland, respectivamente, anunciaron acciones comunes.
El experto en política exterior canadiense dijo que “es mejor para todos” si Canadá se coordina con Estados Unidos, para “promover y proteger la democracia liberal”, aunque si no se puede, “Canadá lo hará igual”.
Aseguró que las sanciones contra los orteguistas no fueron una sorpresa dentro de Canadá, ya que “es un acto altamente consistente con la política exterior del Gobierno actual”, que está encabezado por el joven político liberal Justin Trudeau.
Resaltó que el Gobierno canadiense “no se veía como un líder dentro del hemisferio”, respecto a la defensa de la democracia liberal. Sin embargo, en los últimos años “ese es el papel que ha tomado”.
El protagonismo adoptado por Canadá en Latinoamérica se ha visto en las crisis de Venezuela y Nicaragua, donde ha mantenido un discurso de condena hacia los ataques de la democracia. En ambos países ha sancionado a funcionarios violadores de derechos humanos, y en el caso nicaragüense lidera desde agosto de 2018, el Grupo de Trabajo de la OEA.
“Creo que (Canadá) va a lograr lo que siempre ha querido en el tema de Venezuela y otras partes: que el Gobierno regrese a la democracia, elecciones libres, que se restauren todas las libertades de una democracia. Y ese es el fin que tiene Canadá en eso. No es propiamente un cambio de régimen, es la restauración de la democracia y los atributos de la democracia”, detalló Frankel.
Ortega puede decir lo que quiera
Respecto al discurso del régimen de que en Nicaragua existió un intento de golpe de Estado, el experto resaltó que no puede hablar por el Gobierno de Canadá, aunque “dudo que es la política o la idea de Canadá sobre Nicaragua”.
Subrayó que la canciller canadiense, tras graduarse de la universidad, vivió muchos años en Europa Central y del Este, por lo que “estuvo durante el levantamiento contra los regímenes comunistas”, y “entiende y apoya mucho las ideas de protestas, (además conoce) el tiempo que dura la lucha para hacer una transición hacia una democracia”.
“(Freeland) tiene una idea muy clara de lo que representa la democracia, qué debe tener y lo qué no”, apostilló.
Frankel enfatizó que “el presidente Ortega puede decir lo que quiera, o puede caracterizar las protestas así (como golpe de Estado), pero dudo que sea la visión que tiene Canadá sobre las protestas en Nicaragua”.
