Centro de Investigación para la Comunicación
21 de enero 2018
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El 20 de diciembre recién pasado, la misión de acompañamiento electoral de la OEA dio a conocer el informe final de su trabajo en las elecciones municipales de noviembre en Nicaragua. El día anterior, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro sostuvo una reunión con el canciller Denis Moncada C., en la que se abordaron puntos relativos al informe y a los acuerdos establecidos en el Memorándum de Entendimiento publicado el 28 de febrero de 2017.
Al día siguiente, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció que el presidente del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua, Roberto Rivas Reyes, formaba parte de un grupo de trece personas acusadas por graves violaciones contra los derechos humanos y por corrupción, las que fueron sancionadas con la aplicación de la Ley Global Magnitsky Human Rights Accountability Act, por mandato del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Las sanciones incluyen la cancelación de visas, el congelamiento de bienes y activos de esas personas dentro de la jurisdicción de los Estados Unidos, así como la prohibición a ciudadanos estadounidenses de realizar transacciones con ellos.
La comunicación oficial señala a Rivas de acumular riquezas originadas en la corrupción y de haber ejecutado “un fraude electoral que socava las instituciones electorales de Nicaragua”. El primero de diciembre, un relevante grupo de congresistas y senadores solicitaron al presidente Trump la aplicación de esas sanciones a Rivas y a Francisco López C., vicepresidente de Albanisa, tesorero del FSLN y presidente de la Empresa Nicaragüense de Minas (Eniminas).
El mismo día, un muy influyente grupo de senadores demócratas y republicanos que incluye a Ted Cruz, Marco Rubio, David Perdue, Shelley Moore Capito, Patrick Leahy, Bob Menéndez y Dick Durbin, introdujo una versión de la ley conocida como Nica Act, que agregó las sanciones a Rivas y una disposición para que el Secretario de Estado informe sobre las relaciones militares de Nicaragua con Rusia y Venezuela. Los senadores, al presentar el proyecto afirmaron que lo hacen para respaldar los derechos de las personas a libre expresión y asociación, elecciones libres y justas, a contar con Estado de Derecho y un Poder Judicial independiente, a fortalecer la gobernabilidad y restablecer la confianza pública en las instituciones.
Un proyecto de la Nica Act fue aprobado, prácticamente de manera unánime, en la Cámara de Representantes. Esta versión de los senadores podría incluirse como un anexo al presupuesto de 2018 que el Congreso debe aprobar en el mes de enero corriente.
Estos hechos tienen un impacto de primera importancia en el acontecer nacional, lo que se examinará en este boletín.
Reforma electoral para elecciones libres
En 2016, el Secretario General de la OEA y el gobierno de Nicaragua suscribieron un Memorándum de Entendimiento, que estableció que la OEA debe desplegar una misión en las próximas semanas para atender dos áreas de trabajo: político electoral y de fortalecimiento institucional. Habida cuenta de los resultados de la misión de acompañamiento electoral de la OEA para las municipales de noviembre de 2017, se asume que el nuevo grupo tendrá, también, como objetivo el de asegurar la implementación de las recomendaciones de cambios en el sistema electoral, plasmadas en el informe final de los observadores.
El alcance de esa misión estará determinada en gran parte por la voluntad política del Secretario General Almagro. Dos hechos ponen de relieve su posición respecto a Nicaragua y a las actuaciones de Ortega: el nombramiento de Wilfredo Penco como jefe del grupo. Él ha sido ampliamente rechazado en el país por sus estrechos vínculos con el orteguismo, su pasado como colaborador del sistema electoral, así como por su complaciente actuación e informe sobre las elecciones municipales. Almagro muestra, con ese nombramiento, muy escasa sensibilidad a las voces de la oposición y resto de la sociedad civil nicaragüense que ha demandado la designación de una persona de independencia asegurada.
El Secretario General ha utilizado un doble rasero para medir las elecciones en Honduras, Venezuela y Nicaragua, dejando en entredicho la imparcialidad con que actúan algunas misiones y, en el mejor de los casos, evidenciando serias deficiencias técnicas. En la crisis electoral hondureña, optó por un posicionamiento firme, demandando nuevas elecciones, inmediatamente después de recibir un informe preliminar en el que se consignaban deficiencias graves en el proceso electoral, mismas que en Nicaragua asumió y trató como problemas menores de un sistema susceptible de “perfeccionamiento”. En el país, la misión de acompañamiento de la OEA trabajó con un parche en el ojo, con el deliberado propósito de no molestar al gobierno de Ortega, ni en su proceso de trabajo, ni en su informe final.
La cautela de Almagro contrasta con la voluntad manifiesta de Ortega de limitarse a cambios cosméticos, sin concesiones que hagan peligrar su control sobre el poder político. El régimen sigue jugando a ganar tiempo, aunque las condiciones externas e internas se estén deteriorando. El Secretario General tiene el desafío de lograr la implementación de las recomendaciones de su propia misión, de reformas electorales amplias y suficientes.
Ortega ha visto complicado su juego con las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a Roberto Rivas R., presidente del Consejo Supremo Electoral y de su círculo inmediato. Rivas ha sido convertido en un proscrito a nivel internacional, con consecuencias dentro de Nicaragua. Y aunque en lo inmediato ha quedado descalificado para operar como contraparte de la misión de la OEA, es muy probable que Ortega lo sostenga como magistrado presidente para no mostrar debilidad, desafiar la sanción del gobierno de los Estados Unidos, importante simbólicamente para parte de sus seguidores, y especialmente para conservar su salida como una carta para una negociación eventual sobre el sistema electoral.
Ortega, procederá como ya lo hizo en 2016, cuando Rivas desapareció de la escena pública durante varios meses para reaparecer en el momento en que la crisis en torno a su figura parecía diluirse. Si Ortega lo hace renunciar, lo destituye o remueve en las actuales circunstancias, estaría enviando un mensaje de abandono a sus incondicionales. Rivas ha cumplido con importantes misiones para el régimen, está estrechamente vinculado a la familia Ortega Murillo y es protegido del Cardenal Miguel Obando. Su salida, en cualquier caso, será convenientemente amortiguada, asegurando que cuente con inmunidad que lo proteja, dentro y fuera de Nicaragua. Este no es un asunto menor. En Costa Rica se ha iniciado un proceso de investigación contra Roberto Rivas para determinar si él, sus propiedades y actividades económicas han estado vinculadas a lavado de dinero.
Indudablemente, la condición de Rivas obliga a realizar ciertos cambios en el Consejo Supremo Electoral. En materia financiera, el presidente de ese órgano ha dejado de ser firma libradora de las cuentas institucionales, aceptable en el sistema financiero nacional pues ningún banco en el país aceptará realizar transacciones con él. Para Ortega es el momento de recurrir a Lumberto Campbell H., quien ya estaba en el círculo de espera. Campbell es ficha incondicional de Ortega, ha sido su delegado para todos los asuntos de las regiones del Caribe, es magistrado y vicepresidente del CSE desde 2014. Seguramente comenzará a asumir funciones ejecutivas y administrativas, entre las que se encuentra ejercer de contraparte de la misión de la OEA. Rivas se mantendrá fuera de la vista pública el tiempo que Ortega considere necesario.
A pesar del trecho recorrido desde noviembre del año pasado, de las voces que hablan de una necesaria reforma electoral e incluso de las presiones desde los Estados Unidos, no se ha visto ningún gesto del régimen para avanzar en esa dirección. Conforme ha procedido en el pasado, Ortega solamente entrará a una negociación, de verdad, en condiciones de una crisis aguda. Hasta ahora, solo está constatando el deterioro de su situación y tratando de evitar que evolucione a una condición crítica.
Aunque hay varias organizaciones que han anunciado estar trabajando en una propuesta de reformas electorales, solamente el Frente Amplio por la Democracia ha presentado la suya bajo el nombre de “Quince puntos para iniciar la transición hacia la democracia”, que incluye 1) la recomposición del Consejo Supremo Electoral; 2) la constitución de los consejos electorales departamentales y municipales y de las juntas receptoras de votos, sin control partidario; 3) cedulación ciudadana sin discriminación, eficiente y sin control de partido político alguno; 4) depuración del padrón electoral; 5) libre participación de partidos políticos y alianzas; 6) asignación de escaños conforme la proporción real de votos obtenidos; 7) voto de los nicaragüenses en el exterior; 8) plebiscitos y referéndum de obligatorio cumplimiento; 9) publicación en tiempo real de los resultados de cada mesa de votación; 10) procedimientos electorales claros y preestablecidos; 11) reglas para la impugnación de resultados en cada nivel; 12) promulgación de una Ley de Partidos Políticos; 13) restablecimiento de personalidad jurídica a partidos políticos a los que le ha sido cancelada o suspendida; 14) acreditación de fiscales y aseguramiento del cumplimiento de su trabajo; 15) observación nacional e internacional obligatoria.
A la fecha, ninguna otra fuerza política se ha manifestado sobre la reforma electoral con propuestas. En el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) hay opiniones en contra de una regulación que obligue al funcionamiento democrático de los partidos políticos, del restablecimiento de la suscripción popular y de la posibilidad de inscribir alianzas con su propio nombre y no obligatoriamente del partido que la encabeza. Estas dos últimas disposiciones existían en la ley electoral que fue liquidada por el pacto Alemán-Ortega de 1998. Por su parte, CxL ha mantenido un comportamiento oscilante desde las votaciones municipales, respaldando escasamente a sus candidatos y candidatas que han denunciado fraudes. Su posición es de retomar los puntos para una reforma a la Ley Electoral que había propuesto en 2016.
El papel de la OEA ha contado con el respaldo de congresistas y senadores críticos del régimen de Ortega, mismos que han promovido la Nica Act y la aplicación de la Ley Magnitsky. Pese a ello, ni los acuerdos suscritos entre el Secretario General y el gobierno, ni el informe de las elecciones de 2017, han detenido las sanciones específicas, ni el proceso de aprobación de la Nica Act.
Enjambre sísmico en las finanzas del orteguismo
La aplicación de la Ley Magnitsky y la Nica Act, también persiguen otros objetivos en la correlación interna de Ortega y en sus conexiones internacionales.
Apenas unas semanas antes de la aplicación de la Ley Magnitsky a Roberto Rivas R., la administración Trump había dictado sanciones contra los negocios venezolanos, prohibiendo a los ciudadanos y empresas estadounidenses realizar transacciones con intereses económicos del gobierno de Venezuela. En Nicaragua, el impacto de esas medidas se hizo sentir con la advertencia de los funcionarios de la embajada de los Estados Unidos, sobre Albanisa y sus ramales de negocios, pues PDVSA, la empresa petrolera venezolana, posee la mayoría accionaria.
En las semanas siguientes, bancos del sistema financiero nacional, en especial BANPRO y LAFISE-BANCENTRO, debieron cerrar las cuentas de la empresa y pedir el retiro de sus fondos; un grupo amplio de empresas fue notificado de los riesgos de establecer negocios y realizar operaciones comerciales o financieras con ese conglomerado.
El repliegue de los fondos fue realizado hacia el Banco Corporativo S.A. (Bancorp), una entidad financiera propiedad de Albanisa, creada para controlar el dinero venezolano y asegurar su centralización, que comenzó a funcionar desde 2015. La progresiva conversión de la deuda privada con Albanisa en deuda pública, realizada en los últimos años, colocó al Bancorp como el gran acreedor del Estado de Nicaragua que también se ha hecho cargo de las deudas que poseían diversas instituciones con Alba Caruna, una empresa que ha ido prácticamente desapareciendo. El Bancorp, por su propiedad y naturaleza, no puede realizar transacciones con otras entidades del sistema financiero nacional e internacional, con la excepción de Venezuela. Tampoco está trabajando como un banco con operaciones abiertas al público, a pesar que está autorizado para ello. De alguna manera, el Bancorp actúa como caja fuerte, con muy limitadas posibilidades de mover los fondos que posee en resguardo.
El movimiento en torno al Bancorp se ha intensificado, con el objetivo de asegurar y salvaguardar el dinero que ha sido manejado como dinero de bolsillo por la familia en el poder. En el mes de diciembre recién pasado, Ortega ordenó que se absorbiera una deuda de la empresa Correos de Nicaragua, la que se incorporó y registró como deuda pública interna por un monto de 25 millones de córdobas. En el mismo acto, también ordenó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público que la pagara. El mismo procedimiento de absorción y pago, se realizó por un monto de 140 millones de córdobas, en concepto de una deuda de la empresa de electricidad, ENEL, con ese banco.
Como seguidilla de las sanciones a Rivas, un grupo de altos funcionarios del gobierno de Ortega ha sido señalado para posibles sanciones similares, originando un trasiego de fondos y propiedades para evitar eventuales consecuencias de dichas medidas. La acción de Costa Rica contra Rivas, muestra las dificultades que tiene el movimiento de dinero originado en la corrupción.
Con el objetivo de asegurar el dinero sucio procedente del negociado con fondos venezolanos y fondos públicos de los nicaragüenses, es muy posible que sus poseedores lo destinen a la compra de activos, tales como tierras, bienes inmuebles y empresas. Sin embargo, es improbable que haya empresarios con negocios formales que mantengan o inicien negocios con empresas vinculadas a Albanisa, a la familia Ortega y a un grupo de funcionarios de su círculo cerrado, pues puede significar eventualmente la pérdida de sus recursos. La Ley Magnitsky no se aplica solamente a funcionarios públicos, sino que también puede ser usada para sancionar a empresarios privados.
El uso de las sanciones de la Ley Magnitsky y la muy posible aprobación de la Nica Act están en el centro de la preocupación de los grupos empresariales nicaragüenses, pues afecta negocios en curso y la imagen del país frente a posibles inversionistas. Uno de los objetivos de tales medidas es, sin duda, provocar la ruptura del gran capital nicaragüense y el régimen de Ortega.
Hasta ahora, un segmento del sector empresarial percibía que los negocios prosperaban en el régimen de Ortega, pero actualmente se está convirtiendo, cada vez más en un problema, una amenaza y un riesgo. El hecho que los senadores impulsores de la Nica Act en su última versión hayan puesto de relieve lo relativo a las relaciones militares y de seguridad del gobierno de Ortega con Rusia, constituye también una preocupación adicional en estos sectores.
Un año decisivo
Ortega inicia el año 2018 en el peor momento de las relaciones de su gobierno con los Estados Unidos, con el menor flujo de recursos externos y la mayor presión del gobierno de Venezuela por recuperar parte de su dinero; con la menor legitimidad social de los últimos diez años; sin contraparte útil para realizar y consagrar un nuevo pacto político que le asegure bendecir unas tibias reformas electorales y con amplia preocupación en los círculos empresariales.
Para recomponer su situación Ortega tratará de golpear, dividir o inhabilitar la acción del Frente Amplio por la Democracia que aglutina a los sectores opositores; dará oxígeno al PLC y a CxL que han demostrado pueden ser contrapartes manejables y tratará de administrar la presencia de la misión de la OEA, mientras busca estabilizar su relación con el gran capital.
Aunque para el gobierno el año se anuncia muy positivo económicamente, la mayoría de los nicaragüenses continúa resintiendo los elevados precios de la energía eléctrica y los combustibles, el desempleo, la carestía de la vida y el virtual estancamiento de los salarios y los limitados ingresos. La fragilidad e inestabilidad en las finanzas del INSS continúa siendo una preocupación de un segmento de población cada vez mayor, trabajadores cotizantes y jubilados.
El régimen no ha logrado volver a instalar mecanismos de liberación de la presión política y social. Al contrario, la fraudulenta imposición de alcaldes y la repetición de muchos de ellos en el cargo, constituye un factor adicional de fricciones con las comunidades que sienten que sus problemas no son tomados en consideración, ni resueltos por las autoridades municipales. Los programas gubernamentales que funcionaban como paliativos se han ido liquidando o ha disminuido su cobertura y alcance.
El desafío de la oposición es el de catalizar, agregar y representar las demandas sociales más sentidas, constituirse en una esperanza de cambio para activar presión y movilización ciudadana que abra las puertas a la transición hacia una Nicaragua con democracia y oportunidades.
*Este texto fue publicado en el Boletín Perspectivas del Centro de Investigación para la Comunicación (CINCO), No. 120, con el título: "Un año decisivo para el régimen Ortega". Puede descargar el PDF aquí.
