Política

Salida de la OEA: Una “finta” de Ortega para ganar tiempo contra expulsión forzosa

Análisis de EIU advierte impuestos y regulaciones para "socavar" a opositores, y deterioro de seguridad pública por operaciones paramilitares

Daniel Ortega se encamina hacia su cuarto período en el Gobierno ante un escenario de desaceleración económica, riesgos de un profundo deterioro a la seguridad pública por su dependencia del paramilitarismo para mantener sus operaciones de represión política y el creciente aislamiento internacional, agravado por el proceso de salida Nicaragua de la Organización de Estados Americanos (OEA), resume un nuevo reporte de la Unidad de Inteligencia de la revista The Economist (EIU por sus siglas en inglés),

El complicado ambiente político, económico y social para Nicaragua es consecuencia de las votaciones del 7 de noviembre, en las que Ortega y su esposa Rosario Murillo se reeligieron sin competencia política ni transparencia, bajo la sombra de la represión y el estado policial de facto impuesto por el orteguismo. 

Este 10 de enero de 2022, Ortega asume su cuarto mandato consecutivo, con el que sumaría veinte años continuos en el poder, en un nuevo período en el que el caudillo sandinista busca consolidar su dictadura y preparar la sucesión dinástica familiar. 

Salida de la OEA es una “finta” de Ortega, estima EIU

El informe del EIU advierte también que el proceso de salida que inició el régimen de la OEA podría tener un efecto boomerang para el orteguismo, y agravar su situación de aislamiento internacional, la que su vez se vio deteriorada luego de las votaciones del 7 de noviembre.

“La OEA emitió una resolución refiriendo que las elecciones carecían de legitimidad democrática. En respuesta, Nicaragua inició un proceso de dos años para dejar la OEA. Creemos que la medida es principalmente una muestra de política arriesgada por parte del régimen de Ortega, pero, la táctica es arriesgada y podría dejar al régimen aún más aislado”, señala el análisis.

“En nuestra opinión, la iniciativa es una finta (ademán o acción con intención de engañar) que Nicaragua no seguirá en última instancia. Creemos que la medida es probablemente una estratagema para ganar tiempo contra una expulsión forzosa de la OEA, dado que algunos Estados miembros pueden ser reticentes a remover un país que ya está supuestamente de salida. Sin embargo, incluso si tiene éxito, esta táctica de alto riesgo solo retrasaría una salida de la OEA”, añade el reporte.

EIU opina que Ortega está apostando a que la composición ideológica de la OEA cambiará durante el período 2022-2026, o que la atención internacional sobre Nicaragua se irá apagando con el tiempo. Sin embargo, advierte que estos escenarios no están garantizados. 

“La salida de Nicaragua de la OEA-ya sea voluntaria o forzosa- cerraría el acceso del país al financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo , con posibles efectos indirectos para el financiamiento de otros organismos multilaterales como el FMI y Banco Mundial. En consecuencia, Nicaragua dependerá cada vez más del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para su financiamiento externo, que está fuera del alcance de las sanciones estadounidenses”, señala. 

Este 13 de diciembre, el BCIE, con los votos de los representantes de Honduras, El Salvador, Argentina, México, Corea y la misma Nicaragua, aprobó un nuevo desembolso para el régimen orteguista por 382.6 millones de dólares, para la ejecución del décimo ‘Programa de Ampliación y Mejoramiento de Carreteras’.

Este préstamo—que suma casi 13 600 millones de córdobas— estaría destinado para construir y mejorar 185.2 kilómetros de carreteras en nueve municipios del Pacífico y dos del Caribe Sur, comenzando con “la mejora” de 119.5 kilómetros de vías en Rivas, Carazo y Managua, para construir La Costanera.

“Nosotros creemos que es poco probable que el financiamiento del BCIE se vea amenazado en el corto plazo. La mayor parte del poder de voto en el BCIE se concentra en los cinco miembros fundadores: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Con la excepción de Costa Rica, todos estos países carecen de bona fides (buena fe) y desconfiarán de sentar un precedente con Nicaragua que algún día podría utilizarse contra ellos”, advierte el EIU.

Advierte impuestos y regulaciones para “socavar” a opositores

El análisis del EIU señala que el crecimiento económico se desacelerará notablemente entre 2022 y 2026, debido a la falta de crédito al sector privado, un entorno empresarial temeroso en sus inversiones debido al clima de represión y una moderación en la demanda internacional de productos nicaragüenses. 

Nicaragua experimentó una notable recuperación económica en 2021, impulsada en gran parte por condiciones externas extremadamente favorables, que ayudó a las finanzas nicaragüenses a alcanzar los niveles existentes antes del impacto de la pandemia de la covid-19

“El régimen de Daniel Ortega recibió importantes fondos multilaterales para la asistencia en contra de la pandemia y la reconstrucción después de los huracanes (Eta y Iota) en 2021. Sin embargo, las fuentes de financiamiento se reducirán en el mediano plazo, aumentando la presión sobre las cuentas fiscales y las reservas internacionales”, cita el informe de la Unidad de Inteligencia de The Economist.

EIU sostiene que “el control absoluto” del régimen sobre las instituciones estatales y las fuerzas de seguridad le permitirá continuar desarrollando su régimen autoritario dinástico.

“Habrá un riesgo de intervencionismo estatal, principalmente en términos de impuestos y regulaciones, principalmente con el objetivo de socavar a los opositores al régimen. Sin embargo, en términos generales, el Gobierno mantendrá un marco de política ortodoxa, con el sector privado impulsando modestas ganancias de productividad en el período 2022-2026”, añade. 

El deterioro del clima de seguridad pública en Nicaragua

Otra advertencia del EIU es el aumento del deterioro de la seguridad pública debido al uso del paramilitarismo para mantener el control orteguista ante posibles protestas. Esto ha conllevado al Frente Sandinista a tener que pagar un alto costo político, que ha implicado la pérdida de simpatía partidaria. 

“Aunque la represión sistemática permitió un control sin incidentes del proceso electoral, el FSLN pagó un precio por su victoria en forma de una grave pérdida de apoyo político, que lo complicará seguir gobernando en el próximo período. Esperamos que el régimen de Ortega aumente su dependencia de grupos paramilitares para controlar los disturbios sociales y civiles. Sin embargo, tales arreglos aumentan la anarquía y los riesgos para la seguridad pública. Los informes independientes ya indican un aumento de los delitos violentos, el tráfico ilícito de drogas e incluso la trata de personas”, cita el EIU. 

Una encuesta de CID Gallup, auspiciada por CONFIDENCIAL y divulgada esta semana, proyecta una simpatía partidaria hacia el Frente Sandinista de un 14%, y revela a Daniel Ortega y Rosario Murillo como los personajes con menos simpatía política en el país.

Sanciones seguirán, pero no buscarán descarrilar economía

El mismo reporte, EIU explica que las sanciones de la comunidad internacional hacia el régimen orteguista van aumentar. Reconoce que estas no pretenden tener un alcance que implique descarrilar por completo la economía de Nicaragua. Sin embargo, esto podría cambiar. 

“Los conflictos políticos recurrentes y la poca confianza en el Estado de derecho frenarán las perspectivas de crecimiento, a pesar de las lucrativas oportunidades en sectores como la minería, la energía eléctrica y manufactura. Nicaragua seguirá siendo uno de los países más pobres de la región. Estados Unidos y sus aliados aumentarán la presión sobre el régimen nicaragüense para que emprenda reformas a favor de la democracia. Aunque EIU cree que las potencias occidentales se abstendrán de imponer sanciones desestabilizadoras de toda la economía, existen riesgos sobre esta suposición”, advierte el análisis

Afectar el CAFTA no estaría en el radar, por ahora 

Sobre el impacto de las sanciones de la comunidad internacional y otras medidas de presión en contra del régimen, el EIU señala que dado que estas acciones no han logrado que el orteguismo abra espacios para una negociación política para destrabar la crisis que vive el país, es posible que estas aumenten en 2022, principalmente las generadas desde Estados Unidos. 

Sin embargo, aunque la denominada Ley Renacer establece una revisión de la participación de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (DR-CAFTA), el EIU estima que dado las consecuencias de la medida, esta no será puesta en marcha, al menos en un corto plazo. 

“Nuestro pronóstico de referencia asume que EE. UU. no avanzará con los esfuerzos para excluir a Nicaragua del DR-CAFTA. No solo porque tal medida sería legalmente complicada, también impondría graves dificultades económicas a los nicaragüenses y podría tener efectos secundarios negativos significativos para la región”, aduce el informe.


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