30 de diciembre 2017
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El magistrado presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas Reyes, sancionado el pasado 21 de diciembre por la Ley Global Magnitsky, de Estados Unidos, aplicada a “personas envueltas en serios abusos a los derechos humanos o corrupción”, fue visto durante los últimos días en España, según fuentes de la comunidad nicaragüense en Madrid.
El funcionario, que lleva casi dos décadas al frente del CSE, está señalado de orquestar diversos fraudes en elecciones municipales, regionales y nacionales durante la última década, en beneficio del gobernante Frente Sandinista. Las sanciones ejecutadas a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC, por sus siglas en inglés) incluyen el congelamiento de visas, bienes y activos.
Nueve días después de que el gobierno de Estados Unidos impusiera las sanciones contra Rivas, el magistrado protegido por el presidente Ortega se ha mantenido en silencio y no ha brindado ninguna reacción que le ubique en Nicaragua o fuera del país. Sin embargo, al menos dos nicaragüenses que residen en Madrid confirmaron haber visto a Rivas en los últimos días en esa ciudad. “Le puedo asegurar que hasta este jueves Roberto Rivas Reyes estaba en Madrid, pero no sé si después de esa fecha viajó de regreso a Nicaragua o a otro país”, dijo una de las fuentes, y añadió que las visitas de Rivas a Madrid, donde residen varios de sus hijos, han sido más frecuentes en los últimos meses.
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Las sanciones de la Ley Global Magnitsky implican que todos los bienes e intereses de los individuos y empresas afectadas, que estén en Estados Unidos, o que lleguen a estar en el futuro en este país, o incluso que en cualquier momento estuvieran en posesión o control de cualquier persona de Estados Unidos, “están bloqueados y no pueden ser transferidos, pagados, exportados o retirados”. Estas sanciones, también afectan a los hijos y sociedades del señalado: Stephanie, Indira y Roberto Rivas Delgado.
Uno de los alegatos de Estados Unidos para sancionar a Rivas es que el titular del CSE ha trabajado al servicio del comandante Daniel Ortega, durante más de una década, para negar a los nicaragüenses el derecho a elecciones libres y transparentes.
La orden ejecutiva, firmada por el mandatario Donald Trump, se produjo un día después un día después que la Organización de Estados Americanos (OEA) avaló los resultados de las cuestionadas votaciones municipales del pasado cinco de noviembre en Nicaragua, tras las cuales el tribunal electoral cedió al FSLN 135 de 153 alcaldías. La sanción no especifica los delitos atribuidos a Rivas y establece que “la corrupción y el abuso de los derechos humanos, socavan los valores que constituyen un fundamento esencial para el funcionamiento de sociedades estables y seguras, y tiene devastadores efectos sobre los individuos, debilitan las instituciones democráticas, degradan el Estado de Derecho, perpetúan los conflictos violentos, facilitan las actividades de las personas peligrosas, y socavan los mercados económicos”.
La suerte de Rivas y el relevo de Campbell
Roberto Rivas Reyes llegó al CSE en julio de 1995, en el contexto de un “Acuerdo Marco” que postergó un conjunto de reformas constitucionales durante el gobierno de Violeta Barrios de Chamorro.
El nombre de Rivas fue propuesto por el cardenal y entonces arzobispo de Managua, Miguel Obando y Bravo, garante de aquel acuerdo y protector del futuro magistrado, hijo de su secretaria Josefa Reyes, a quien conoció cuando se desempeñaba como obispo de Matagalpa. Rivas fungía hasta entonces como director ejecutivo de la Comisión de Promoción Social Arquidiocesana (Coprosa), que luego se vio envuelta en un escándalo de corrupción por la importación de más de cincuenta vehículos libres de impuestos.
Apadrinado más tarde por el entonces presidente liberal Arnoldo Alemán, Rivas se mantuvo en el CSE tras su pacto con el comandante Daniel Ortega a finales de los noventa, asumiendo la presidencia del CSE, que ahora conserva como ficha de Ortega.
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En 2016, previo a las elecciones nacionales de ese año, en las que Ortega se reeligió para un tercer período consecutivo, ahora junto a su esposa Rosario Murillo como vicepresidenta, Ortega contempló la separación de Rivas de la presidencia del CSE, para relevarlo por el actual vicepresidente del tribunal, Lumberto Campbell, antes responsable de la logística electoral del FSLN y hombre de confianza de Ortega y Murillo.
Sin embargo, el cambio no se realizó y Rivas se mantuvo al mando del CSE, ahora como ejecutor del acuerdo entre el Gobierno y la Organización de Estados Americanos OEA, siempre bajo la protección de la pareja presidencial, que ha guardado silencio sobre las recientes sanciones de Estados Unidos.
Fuentes del partido de gobierno afirman que la eventual salida de Rivas y el ascenso de Campbell como presidente del CSE aún no está descartada. Sin embargo, Ortega y Murillo conservarán este movimiento como una “carta bajo la manga”, para “ofrendarlo” como supuesta prueba ante la OEA de un compromiso de renovación de la estructura central del CSE, y no como resultado de las presiones o sanciones de Estados Unidos.
¿Un cargo diplomático para garantizar su inmunidad?
“Si Estados Unidos comienza a presionar en contra de Rivas, Daniel y la Rosario lo van a tener que sacar, aunque no digan que lo sacan por eso. Se van a inventar algo, una versión que les convenga, ascenderán a Campbell y a Rivas lo enviarán a otro cargo para garantizar su inmunidad”, comentó la fuente.
Desde que en 2016 se empezó a considerar la salida de Roberto Rivas como presidente del Consejo Supremo Electoral, fuentes vinculadas al entorno del funcionario revelaron que éste aspiraría a un cargo diplomático. A Roberto Rivas, indicaron, le interesaría la Embajada de España, donde residen sus hijos.
Mientras, en Costa Rica, donde su hermano Harold Rivas, funge como embajador de Nicaragua, Roberto Rivas posee lujosas propiedades en residenciales exclusivas, donde incluso ha alojado a los hijos de la pareja presidencial: Maurice y Laureano Ortega Murillo.
En 2009, el diario La Nación, de Costa Rica, reveló que la sociedad Chibulú del Oeste S.A., propiedad de Roberto Rivas y su esposa Ileana Delgado Lacayo, es propietaria de un complejo habitacional de cuatro residencias en la exclusiva comunidad Villa Real, con vista al cantón de Escazú.
