25 de junio 2019
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La aplanadora sandinista en la Asamblea Nacional aprobó una reforma a la Ley 606 o Ley Orgánica del Poder Legislativo, con la que le quitaron facultades administrativas al presidente del Parlamento, Gustavo Porras, y de esta forma evitan que ese poder del Estado tenga problemas financieros por las recientes sanciones de Estados Unidos y Canadá.
La propuesta, presentada por los diputados del FSLN, solicitó reformar con trámite de urgencia el artículo 44 de dicha legislación, y de esta forma se eliminó que el presidente de la Asamblea Nacional sea la autoridad administrativa; poder que recaerá en el secretario ejecutivo, quien ahora será nombrado por la Junta Directiva, y no por el Presidente del Legislativo.
“La Presidencia es un órgano unipersonal que lo desempeña el Presidente o la Presidenta de la Asamblea Nacional durante el período de su elección. La Presidenta o Presidente representa políticamente al Poder Legislativo, preside la Asamblea Nacional y su Junta Directiva, dirige y garantiza el funcionamiento de la Asamblea Nacional”, expone el texto de la reforma.
Agrega que “la Autoridad Administrativa de la Asamblea Nacional es el Secretario Ejecutivo o Secretaria Ejecutiva de la Asamblea Nacional, responsable de la administración del presupuesto y del personal de la Asamblea Nacional. La Junta Directiva de la Asamblea Nacional nombrará al Secretario Ejecutivo o Secretaria Ejecutiva de la Asamblea Nacional”.
Los sancionados
Con la reforma, aprobada por una mayoría de 70 votos, Porras seguirá como presidente de la Asamblea, pero únicamente tendrá la representación política del mismo, mientras que la administración del Parlamento recaerá en el secretario ejecutivo.
“Para mí es un orgullo, un reconocimiento, una condecoración, que el imperio asesino hable de lo que él le llama sanción, esa es la condecoración a los nicaragüenses dignos”, dijo el diputado orteguista tras la votación.
Porras fue sancionado, el viernes 21 de junio, junto a los funcionarios: Sonia Castro, ministra de Salud; Orlando Castillo, director del Telcor; y al general en retiro Óscar Mojica, ministro de Transporte e Infraestructura.
Gustavo Porras, Sonia Castro, Orlando Castillo y Oscar Mojica. // Foto: Confidencial
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló a Porras de ser “el operador político más importante del presidente Ortega y ejerce un control significativo sobre el Instituto de Seguridad Social y el Ministerio de Salud con la aprobación de la vicepresidenta Rosario Murillo”.
A partir de estas sanciones, todos los bienes e intereses en la propiedad de estos individuos y de cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, del 50% de dichos individuos, que se encuentren en los Estados Unidos o en posesión o control de las personas estadounidenses están bloqueadas y deben ser reportadas a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
Les cierran cuentas
José Luis Velázquez, politólogo y exembajador de Nicaragua ante la OEA, explicó que una vez sancionados, los funcionarios dejan de ser “sujetos financieros”, ya que sus cuentan pasan a ser escrutadas, investigadas y luego cerradas por los bancos.
“El banco los llama y le dice que vayan por su dinero porque ya no les pueden tener su cuenta de ahorro, corriente o a plazos”, acotó.
Fuentes vinculadas al sector financiero indicaron a CONFIDENCIAL que los bancos nacionales ya les cerraron las cuentas personales a estos cuatros funcionarios. Esto los obliga también a delegar en otros empleados públicos las firmas libradoras en las cuentas de cheques de las instituciones.
Aunque la sanción no sea en contra de las entidades, estas deberán hacer cambios administrativos, como ya lo han hecho otras instituciones nicaragüenses, cuyos titulares o firmas libradoras han sido sancionadas por Estados Unidos. Fidel Moreno, en el caso de la Alcaldía de Managua, y Francisco Díaz, en la Policía Nacional.
Igual que con Rivas
La excombatiente Dora María Téllez explicó que en el caso del MTI, MINSA y Telcor, lo único que deben hacer es cambiar de funcionario encargado en firmar los cheques. Pero, en el caso de la Asamblea Nacional le representación legal es por una ley, por lo que deberán cambiarla o destituir a Porras.
El exembajador dijo que en el caso de los ministros deberán removerlos o los viceministros u otra persona que no ha sido sancionada se harán cargo de las cuentas, porque ellos ya no pueden comparecer en las firmas de préstamos, convenios u otros documentos.
La reforma a la ley 606 es una maniobra similar a la que utilizó el régimen para mantener a Roberto Rivas como presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), luego de este fuera sancionado por Estados Unidos, por corrupción.
En febrero de 2018, la Asamblea Nacional reformó el artículo 14 de la Ley Electoral, Ley 331, y restó facultades legales y administrativas al presidente del CSE, para trasladarlas al vicepresidente de este Poder del Estado, en ese momento, Lumberto Campbell.
Téllez, fundadora del Movimiento Renovador Sandinista, añadió que la reforma es “un intento vano de evadir las sanciones”, ya que el hecho mismo de cambiar las firmas libradoras, muestra que las “sanciones causan un efecto en el papel de estos funcionarios”.
