Política

Relatores especiales de la ONU: proceso contra Cristiana Chamorro y la FVBCH es “ilegal y arbitrario”

Informe detalla anomalías en acusaciones contra precandidatos Juan S. Chamorro, Félix Maradiaga y el director de Confidencial Carlos F. Chamorro

Ocho relatores especiales del Consejo de Derechos Humanos emitieron un amplio informe enviado al régimen de Daniel Ortega sobre el ilegal y arbitrario proceso emprendido por las instituciones controladas por el régimen orteguista en contra de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), contra los precandidatos Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, y contra el director de CONFIDENCIAL Carlos F. Chamorro.

“Quisiéramos señalar a la atención urgente (…) que hemos recibido sobre los alegatos de acoso y detención por parte de los autoridades en perjuicio de integrantes de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, supuestamente por la actividad política que desempeñaba su exdirectora; el periódico CONFIDENCIAL, por la presión a los medios periodísticos durante el proceso electoral; así como los alegatos de detención y desaparición del señor Juan Sebastián Chamorro García y Félix Alejandro Maradiaga Blandón, por su actividad política en contra del Gobierno”, resaltan.

El documento indica que se realizaron diversas solicitudes de cooperación del Gobierno de Nicaragua, que no habrían sido atendidas a la fecha. Se enfoca principalmente en los inicios de la oleada represiva del régimen en junio pasado.

También se refiere a la medida de casa por cárcel emitida en contra de Cristiana Chamorro y de prisión para los funcionarios de la FVBCH, Marcos Fletes y Walter Antonio Silva.

El informe estuvo a cargo de Irene Khan, relatora especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; Miriam Estrada- Castillo, vicepresidenta del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria; Tae- Ung Baik, presidente- relator del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias; Clement Nyaletsossi Voule, relator especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación; Diego García- Sayán, relator especial sobre la independencia de los magistrados y abogados; Nils Melzer, relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; Dubravka Š imonovic, relatora especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias; y por Melissa Upreti, presidenta- relatora del Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas.

Medidas irregulares contra la FVBCh

“Derivado de las investigaciones contra los integrantes de la FVBCh, hasta el momento de la presente comunicación se han adoptado medidas supuestamente irregulares por parte de la autoridad ministerial o judicial. Las medidas son, citar a declarar sin especificar en qué calidad, congelamiento de cuentas bancarias y apertura de procedimientos judiciales penales, siendo que Marco Antonio Fletes, Walter Antonio Gómez Silva y Cristiana Chamorro Barrios han sido privados de libertad en  los respectivos procedimientos en su contra”, cita el informe.

El documento resalta que estas irregularidades han sido motivo de pronunciamiento por parte de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y de la Organización de Estados Americanos (OEA).

“El 28 de mayo de 2021, la ACNUDH mostró su preocupación por las investigaciones contra la señora Chamorro, mientras que el 2 de junio de 2021, la OEA lamentó la inhabilitación de la señora  Chamorro del proceso electoral. El 24 de junio de 2021, la CIDH otorgó a la señora Chamorro, al señor Fletes y al señor Gómez Silva la medida cautelar 480-21. En ella, se solicitó al Gobierno que adoptara todas las medidas necesarias para proteger su vida e integridad personal, además de adoptar las medidas necesarias para garantizar un debido proceso”, añade.

Sin embargo, pese a todas estas irregularidades, el régimen continuó con la persecución judicial contra la FVBCh.  El Ministerio Público controlado por el orteguismo, acusó a Cristiana Chamorro, Fletes y Gómez  de “apropiación y retención indebida, lavado de dinero, falsedad ideológica y gestión abusiva”.

Por estos mismos supuestos delitos fueron acusados los hermanos de Cristiana Chamorro; el periodista y director de Confidencial, Esta Semana y Esta Noche, Carlos Fernando Chamorro y Pedro Joaquín Chamorro, quien era parte del partido Ciudadanos por la Libertad, la principal fuerza opositora, al cual el orteguismo inhibió de participar en el proceso electoral de noviembre de 2021.

 Informe presentado por relatores especiales

 Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga, presos por motivos políticos

El informe destaca también que Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga contaban con medidas cautelares emitidas por la CIDH.  Chamorro y Maradiaga también fueron acusados en los juzgados del régimen por los supuestos delitos de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”. El informe resalta también la persecución que sufre el personal periodístico de Confidencial, el cual tiene tomadas sus oficinas desde 2018 por las fuerzas represivas del régimen

“Quisiéramos expresar preocupación por la presunta detención e incomunicación de Juan Sebastián Chamorro García y Félix Alejandro Maradiaga Blandón en posible conexión con su actividad política de oposición en contra del Gobierno. Los alegatos sobre las circunstancias de su detención y la falta de información sobre su paradero reúnen los elementos de una posible desaparición forzada, una grave violación de derechos humanos, que frecuentemente posibilita otras violaciones, como la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, o a la privación arbitraria de la vida”, cita el texto.

“Del mismo modo, resulta preocupante el acoso al medio periodístico Confidencial, el cual se alega fue para impedir la circulación de cualquier tipo de información crítica o inconveniente al Gobierno durante el periodo electoral en Nicaragua”, agrega.

Exigen información sobre asalto a CONFIDENCIAL y acoso a periodistas

Entre diversas solicitudes hechas por los relatores al Gobierno de Nicaragua, se destaca las referidas a la entrega de información sobre los fundamentos jurídicos en los que el orteguismo basó el asalto tanto a las oficinas de Confidencial en 2018, como el hecho este año a la sede de la FVBCh y los estudios de los programas Esta Noche y Esta Semana. Además, una explicación sobre el acoso a la prensa independiente y los defensores de derechos humanos.

“Sírvase proporcionar información sobre las razones fácticas y jurídicas que sirvieron de base para realizar el operativo en las oficinas del periódico Confidencial. Sírvase proporcionar información sobre el estado de los procesos administrativos y/o judiciales en relación con la devolución de los bienes que habrían sido confiscados por el Estado al medio periodístico Confidencial”, destaca el informe.

Además, solicitaron “proporcionar información sobre las medidas de protección adoptadas por el Gobierno para asegurar que las mujeres defensoras de derechos humanos puedan ejercer su labor, libres de todo tipo de discriminación y violencia basada en el género. Sírvase proporcionar información sobre los mecanismos de protección existentes para que los periodistas puedan llevar a cabo las funciones previstas en su mandato en un entorno propicio y de manera independiente, incluyendo en el contexto electoral”.


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