Política

Régimen señala a miembros de la OEA de “cabildear” para interferir en los asuntos de Nicaragua

Intentó justificar las acciones represivas que en las últimas semanas ha ejecutado contra la opositores y candidatos a la presidencia

Tras sumar la detención de 14 miembros de la oposición, entre ellos: precandidatos a la presidencia, exguerrilleros Sandinistas, activistas y miembros de partidos políticos, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo intentó este fin de semana justificar sus acciones, calificadas por organizaciones nacionales e internacionales como “represivas y violatorias” de los derechos humanos de los nicaragüenses.

En un documento de 21 páginas, el régimen se mostró preocupado por lo que denominó  “acciones” que ejecutan algunos miembros del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), que han introducido una propuesta de resolución ante la dicha organización para pronunciarse sobre la situación de Nicaragua en la sesión programada para el próximo martes, 15 de junio. 

Lea aquí: El documento completo del régimen orteguista sobre la sesión de la OEA

El orteguismo señaló -sin decir claramente el nombre de las misiones a las que se refería- a algunos integrantes de la OEA de estar “cabildeando y presionando… con el propósito de aprobar resoluciones que interfieren en los asuntos internos y soberanos de Nicaragua”.

Advirtió que el cabildeo de las misiones que integran la OEA, que públicamente han denunciado que en Nicaragua se están violentando los derechos de los nicaragüenses, solo pueden “considerarse una grave violación de los propósitos y principios del Derecho Internacional, la Carta Democrática de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) y la Carta Democrática Interamericana”.

Cabe señalar que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, durante esta semana señaló al régimen Ortega-Murillo de haber infringido el orden constitucional, calificándolo como una “dictadura”.

El Gobernante Frente Sandinista se defendió -en la misiva- diciendo que está “comprometido” con la celebración de elecciones generales “libres, justas y transparentes el próximo 7 de noviembre” y que ha realizado reformas electorales. Por lo que, indicaron que “Nicaragua debe exigir la no injerencia de cualquier gobierno extranjero, dado que una opinión o declaración expresada por un gobierno extranjero, puede afectar la correcta implementación del proceso electoral”.

Además resaltaron que “Nicaragua no representa una amenaza para ningún país del mundo, por el contrario, siempre ha tenido como objetivo establecer relaciones bilaterales basadas en el respeto mutuo, la solidaridad y la cooperación”.

Las “investigaciones” impulsadas por el régimen

El régimen orteguista -en un intento de justificarse- detalló los motivos por los que asegura se mandó a detener a los precandidatos presidenciales  Cristiana Chamorro, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Arturo Cruz, indicando que hay una investigación en curso por los delitos de “lavado de dinero, fraude, traición o conspiración sediciosa”.

Resaltan que dicha investigación contra los precandidatos y otros diez opositores, que supuestamente han infringido la Ley 1040 y la Ley 1055, debe darse “sin interferencia de actores nacionales o extranjeros”, advirtiendo que “cualquier intento de un actor nacional o extranjero de socavar una investigación de esta naturaleza… debe ser percibido como un ataque frontal contra los principios del respeto al Estado de Derecho, la Democracia, la Soberanía Nacional y la Libre Autodeterminación en Nicaragua”.

El régimen señaló -sin dar detalles- a “algunos funcionarios de alto nivel de dichos gobiernos han tratado de desviar su progreso, buscando en cambio, centrar la opinión internacional en las posibles candidaturas de los acusados, en lugar de en la probabilidad de que los recursos de su pueblo se estén utilizando para desestabilizar a toda una nación, incluso en medio de la pandemia del covid-19”.

Además aprovechó para exigir que “sean eliminadas todas las medidas unilaterales, coercitivas e ilegales impuestas a países, instituciones o individuos”, reiterando que la aplicación de tales medidas en tiempos de pandemia “eleva su ilegalidad al nivel de crimen de lesa humanidad”. Cabe señalar que, las sanciones hasta ahora giradas por gobiernos como Estados Unidos han sido enfocadas a integrantes del Gobierno del Frente Sandinista a quienes se les ha señalado de violentar los derechos de los nicaragüenses.  El Gobierno estadounidense ha sancionado a más de 30 allegados al régimen orteguista, entre estos: la vicepresidenta Murillo y nueve instituciones públicas o entidades mixtas, entre ellas la Policía Nacional.

 



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