Régimen podría usar excarcelación para esquivar más sanciones

La dictadura de Daniel Ortega se vio forzado a excarcelar a 91 presos políticos luego de la presión nacional e internacional que demanda la liberación total y sin condiciones. Algunos opositores sostienen que el régimen podría usar la excarcelación para esquivar más sanciones, en especial las que podría imponer el Parlamento Europeo. Aunque la excarcelación ha significado un alivio para las familias y los reos de conciencia, en las celdas de la dictadura todavía quedan 65 personas. 

Entre los 91 liberados este 30 de diciembre, solo cuatro de los seis presos políticos de las madres que montaron una huelga en la iglesia San Miguel, en Masaya, fueron excarcelados. Los otros dos quedaron dentro de una lista de al menos 65 que probablemente recibirán el año nuevo dentro de los penales del país.

Los cuatro presos políticos que lograron su excarcelación son:

Melkissedex López, hijo de Luisa Guevara. López fue capturado en Managua en diciembre del año pasado y un juez orteguista lo condenó a cuatro años por el delito de robo agravado en una estación de servicio.

Fausto Ruiz, esposo de Flor Vargas. Ruiz fue detenido el 19 de febrero de 2019. Es originario de La Paz Centro, León, y está recluido en el sistema penitenciario de Chinandega.

Virgany Zavala, esposo de Suleika Sánchez. Zavala fue arrestado desde el 31 de julio de 2018. Todos cercados por una decena de policías.

También fue excarcelado Scannierth Merlo Lacayo, hijo de Diana Lacayo. Merlo estuvo preso desde el seis de noviembre del año pasado. Fue sentenciado a cinco años por el delito de robo con fuerza.

Los dos presos políticos que todavía continúan detenidos son:

Edward Lacayo, hermano de Karen Lacayo, mejor conocido como “La loba feroz”. Edward fue capturado por civiles encapuchados el 15 de marzo en El Ostional, Rivas, cuando pretendía cruzar hacia Costa Rica, huyendo de la dictadura de Daniel Ortega.

También continúa detenido Denis Javier Palacios, capturado el 23 de julio de 2019, luego de presentarse voluntariamente a una cita en la delegación policial de Masaya. A pesar de que no tenía ningún antecedente delictivo. Las autoridades procedieron a dejarlo encerrado y acusarlo de explotar una bomba de contacto en el kilómetro 34 de la carretera hacia Masaya y Catarina, el 27 de julio, es decir, cuatro días después de su ilegal secuestro.

Carlos Herrera | Confidencial

De acuerdo al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), que de los 91 excarcelados 41 estaban condenados, 39 estaban siendo procesados, y 4 estaban en condición de detenidos.

José Adán Aguerri, integrante de la Alianza Cívica, señaló que tampoco fue excarcelado Jaime Navarrete, a quien la Fiscalía lo acusó por tenencia de droga y posesión ilegal de armas de fuego. Luego, un juez lo condenó a ocho años de prisión. Es un caso que preocupa a Aguerri debido a que Navarrete ha sido golpeado en la cárcel.

"Mientras no resolvamos temas como la devolución garantías ciudadanas y la reforma electoral, vamos a tener esta situación (presos políticos) de manera constante. Es importante que tenga continuación el tema de fondo de la crisis", dijo Aguerri, también presidente del sector empresarial. 

¿Treta de Ortega?

José Pallais, integrante de la Alianza Cívica, no descarta que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo pueda usar la excarcelación de los reos de conciencia como una pieza para maniobrar políticamente. En primera instancia, el régimen buscaría esquivar más sanciones, en especial las de la Unión Europea, que están en ciernes en el Parlamento del viejo continente. Asimismo, buscan detener el proceso de activación de la Carta Democrática Interamericana que lleva a cabo la Organización de Estados Americanos (OEA).

Sin embargo, para Carlos Trujillo, embajador de Estados Unidos ante la OEA, la excarcelación de los presos políticos es una forma de "Ortega de engañar al mundo". "Mientras el régimen de Ortega intenta engañar al mundo para que crea que los nicaragüenses viven en paz y seguridad, los hechos muestran la realidad. El informe de la OEA emitido en noviembre de 2019 señala acciones que socavan y perjudican la democracia", escribió Trujillo.

Pallais también advirtió que para 2020 el caudillo sandinista estaría apostando a convocar a un tercer diálogo nacional para discutir la recuperación de la economía nacional, y dejaría por un lado la demanda de la liberación total de los reos de conciencia y las reformas profundas al sistema electoral.

De hecho, la vicepresidenta Rosario Murillo catalogó la excarcelación de las 91 personas como una "muestra de voluntad" de su gobierno. "El Ministerio de Gobernación ha ratificado la Voluntad del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, de contribuir a la Reconciliación precisamente, que és nuestro sentido, nuestra razón de ser, y al reencuentro de las Familias para la Convivencia Armoniosa que nuestra Nicaragua merece" dijo Murillo.

Pallais dijo que uno de los retos de la oposición no es dividirse ante una posible convocatoria a un tercer diálogo nacional que eventualmente haga el régimen. Aunque dijo que la Alianza Cívica no se sentará en ninguna mesas hasta que no se concrete la liberación definitiva de todos los presos políticos.

2020, un enigma llamado Daniel Ortega

Veinte meses y medio de crisis no han convencido al régimen Ortega-Murillo de adelantar las elecciones de 2021, y si nada cambia, el país tendrá en 2020 un año preelectoral con una incertidumbre llamada Daniel Ortega.

Daniel Ortega, habla durante el acto de clausura de la XVII Cumbre ALBA, en La Habana, Cuba. Foto: EFE/Yander Zamora

Ortega es la gran incertidumbre porque si bien se ha descartado renunciar para solucionar la crisis, como le ha sido recomendado, sus métodos policiales para mantenerse en el poder le generan una presión que hace insostenible su mandato.

Aunque Ortega descarta la alternativa de adelantar las elecciones, existen acciones que parecen tener la capacidad de acelerar el proceso. Entre ellas están las manifestaciones permanentes a pesar del veto a toda protesta contra Ortega, el fracaso de su modelo económico, denuncias de violaciones a los derechos humanos, y especialmente las sanciones económicas contra sus familiares y allegados.

Incluso si Ortega extiende su mandato hasta 2021, existe un rechazo generalizado a unas elecciones con las mismas autoridades que se han mantenido en el poder por casi 13 años. Organizaciones como la Unidad Nacional Azul y Blanco o la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que han propuesto reformas electorales con nuevos árbitros, sostienen que los sufragios ideales serían unos sin Ortega en la Presidencia y sin derecho a reelección. Otros movimientos como la Articulación de Movimientos Sociales y Organizaciones de la Sociedad Civil, consideran que el gobernante debe renunciar de inmediato, para no contaminar los comicios. El rechazo se debe a que Ortega, afirman, no garantiza las "elecciones libres, justas, transparentes y observadas", que exigen los nicaragüenses no sandinistas.

Actualmente Ortega, además de presidir el Poder Ejecutivo, mantiene control absoluto sobre los Poderes Electoral, Judicial y Legislativo, además de la Policía, las Fuerzas Armadas, las alcaldías municipales y algunos partidos opositores, condición perfecta para un "fraude electoral", según los opositores.

Los líderes de la Unidad y de la Alianza basan sus temores en las elecciones de los últimos 11 años, cuyos resultados totales nunca fueron divulgados, padrones electorales alterados, prohibición de la observación, expulsión de fiscales opositores, eliminación de posibles votantes, entre otros síntomas de fraude.

Las dudas sobre Ortega han hecho que la Alianza rechace un acuerdo firmado en febrero de 2017 entre el presidente y la Organización de los Estados Americanos (OEA), para mejorar el sistema electoral, pues sostiene que se necesitan reformas profundas, ya que Nicaragua "no es la misma desde abril de 2018".

Una hipotética renuncia de Ortega igual causa incertidumbre, pues asumiría su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, quien a juicio de algunos, no haría diferencias. Las dudas se extienden a la Asamblea Nacional, ya que tendrían que renunciar el presidente y dos vicepresidentes sandinistas, antes de encontrar a un opositor que asuma la Presidencia, en este caso del PLC, partido considerado "zancudo" o colaborador del FSLN, por una parte de los electores.

Además de cerrar las puertas a su renuncia o adelanto de elecciones, Ortega insiste en su reelección, aspiración que calza con la falta de líderes alternos en el FSLN y la ropa de los sandinistas con la frase "Daniel 2021".

Con lo que no coinciden los anhelos de Ortega, pese a las encuestas que lo dan como favorito, es con el rumbo de la economía nicaragüense, que según el Fondo Monetario Internacional (FMI) cerrará 2019 con una caída del 5,7 %, y en 2020 retrocederá 1,2 %, tras haber descendido 3,8 en 2018. La no gubernamental Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), que aglutina a economistas y empresarios locales, ha advertido que la economía solamente se recuperará cuando se arregle el tema político, con Ortega fuera de la ecuación.

Este 2020 debería ser el año en que los partidos políticos de Nicaragua resalten sus colores, definan a sus candidatos, muestren sus intenciones y organicen a sus bases, en cambio enfrentan decisiones de otra índole.

El Partido Conservador recién se retiró de la Asamblea Nacional, dominada por el FSLN, el PLC no sabe si dejar solos a los sandinistas en el Parlamento, Ciudadanos por la Libertad (CxL) ha aceptado tímidamente unirse con todos los disidentes, y la anunciada Gran Coalición opositora que retaría a Ortega, no toma la forma que desean sus posibles integrantes. Todo lo anterior frente a la incertidumbre del rumbo que tomará Ortega, rector de los árbitros, las reglas, los participantes y el método electoral. (Con información de EFE).