18 de diciembre 2020
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El Gobierno de Daniel Ortega intenta recuperar, mediante la reducción estimada del 12.5% de la tarifa energética, a los simpatizantes que ha perdido desde el estallido social de 2018, pero “estos no regresarán a sus filas”, aseguraron opositores. Para ellos, la disminución de la tarifa representa un “acto populista” a las puertas de un año electoral.
El Ministerio de Energía y Minas (MEM) informó de la reducción de un 15% en la tarifa eléctrica para los consumidores de hasta 150 kilovatios por mes y de 10.6% para los consumidores mayores a 150 kilovatios por mes. No obstante, el impacto real en la factura será mucho menor, porque los consumidores asumirán otros costos —el deslizamiento de la moneda (2%), una disminución tarifaria que finaliza en diciembre (3%), y un recorte gradual, establecido por ley en 2018, de un subsidio energético—, explicaron especialistas a CONFIDENCIAL.
Para el político opositor Eliseo Núñez, el Gobierno apuesta a iniciar el año electoral —la rebaja se aplicará a partir del 1 de enero— “dando cosas, tratando que (los ciudadanos) se olviden de lo malo que son. Consideran que el votante al recibir regalías olvidará los abusos que han cometido”.
“Miran al votante como un estómago con patas. No lo miran como persona. Creen que si le dan alimento y le promete que va a vivir mejor, el resto de las cosas dejan de importarle. Tienen esa concepción del pueblo, que es absurda, como si el pueblo no siente, no piensa, que lo alimentan con el populismo”, expresó.
La reducción en la tarifa energética es una demanda histórica que el régimen orteguista ha eludido. Este miércoles sorprendió con la nueva medida, que aseguró ser resultado de “negociaciones voluntarias” con empresas generadoras de energía. Según el Gobierno, unas 890 000 familias, que consumen hasta 150 kilovatios por mes, serán beneficiadas con la medida.
Campaña constante
Ivania Álvarez, miembro del consejo político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), consideró que Ortega busca reforzar su base política “con regalías” e “intentará ganar adeptos” utilizando el presupuesto estatal.
“El populismo es una constante del régimen orteguista”, recordó Álvarez, para quien esto se observó en la entrega de los planes techo en el Caribe Norte y los paquetes alimenticios, después del paso de los huracanes Eta y Iota, “que son entregados por afinidad partidaria y no a los más necesitados”.
“El régimen vive en constante campaña y la intensifica acercándose a las elecciones”, dijo Álvarez, quien al igual que otra decena de opositores vive bajo el asedio y persecución de elementos de la Policía Nacional y paramilitares orteguistas.
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Para Alexa Zamora, también miembro del consejo político de la UNAB, la reducción tarifaria busca posicionar a Ortega, como “una persona que toma medidas a favor de los sectores más empobrecidos del país”.
“Él (Ortega) piensa que tomando este tipo de acciones la gente olvidará todo el aumento en los impuestos, el aumento del precio de la canasta básica, el estancamiento de los salarios”, sostuvo Zamora.
Armando Herrera, miembro de la Coalición Nacional, recordó que el régimen ha eliminado, de forma gradual, el subsidio eléctrico para la tarifa social, por lo que la reducción debería de ser mayor. “Esto (rebaja) es un insulto a la inteligencia de los nicaragüenses”.
El miércoles, que anunciaron la reducción, la vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo, calificó la medida como un “logro” en beneficio del pueblo. “Seguimos pensando siempre en el bien, en el bien común, en las familias que necesitamos, necesitan trabajar mejor”.
No es una solución estructural
El ingeniero eléctrico Fernando Bárcenas explicó que la reducción tarifaria “no es una solución estructural”, ya que el Estado utiliza sus recursos, “pero ahora en vez de subsidio, lo hace a través de los impuestos”.
En una entrevista con CONFIDENCIAL, César Zamora, presidente de la Cámara Nicaragüense de Energía, explicó que las generadoras energéticas bajaron sus precios de venta porque el Gobierno les extendió los plazos de los contratos o los favoreció con exoneraciones fiscales.
“Es algo como decirle a los generadores: mirá, vos me tenés que pagar impuestos en tal concepto, ¿Cuánto significa en dinero esto que me pagás? No me lo pagués en impuestos y calcúlalo en el costo de la energía”, destacó Bárcenas.
“De manera, que el subsidio que le daban a la distribuidora, ahora el Gobierno lo está aportando siempre para que exista esta reducción, pero lo está apostando sobre los ingresos fiscales. Es siempre una actividad que no tiene que ver con la reducción estructural de los costos de la energía”, explicó.
El experto cuestionó la forma cómo el régimen publicó la información sobre la reducción, porque no dice “cómo va a afectar por bloques de consumo, mientras que el subsidio sí (…) al bolsazo dice que va a significar 15% al que consumen menos 150 kilovatios, pero no dice cómo va a incidir por los bloques de consumo”.
Bajo esa misma línea, César Aróstegui, abogado experto en legislación energética, indicó que el Gobierno no explicó cómo llegó a la conclusión que esa reducción era la “correcta”.
El presidente ejecutivo del Instituto Nicaragüense de Energía (INE), José Antonio Castañeda afirmó, en una entrevista en un medio de comunicación afín al Gobierno, que “los subsidios continúan” y que una gran parte de estos cubren el 50% de la tarifa. Sin embargo, los consumidores hasta 100 kilovatios horas son los únicos que reciben ese porcentaje de subsidio sobre la tarifa plena. No obstante, en 2022, los consumidores de 51 a 100 kilovatios sufrirán un recorte del 5%, será del 45%.
El funcionario tampoco explicó, de forma técnica, cómo el régimen orteguista redujo la tarifa al 15%, pese a que expertos han señalado que puede ser mayor. Castañeda se limitó a reforzar el discurso del régimen que la reducción tarifaria era real, y que lo demás, son noticias falsas.
