16 de julio 2020
AA
La persecución del régimen de Daniel Ortega en contra de la familia Montenegro Centeno en Wiwilí, de Jinotega, no cesó con el asesinato de cuatro de sus miembros. Un año después, Oliver Montenegro Muñoz, hijo de una de las víctimas, se encuentra preso y acusado por supuesto homicidio frustrado, las mujeres de la familia fueron echadas de sus puestos de trabajo y los varones que sobreviven permanecen en la clandestinidad o el exilio.
La doctora Elia Montenegro, una de las cuatro mujeres de la familia, es ahora uno de los pilares que sostienen la finca familiar, enclavada en un claro del cerro Kilambé, a más de 250 kilómetros de la capital. Desde ese lugar viajó con sus padres, el pasado 21 junio, en búsqueda de información sobre el arresto de su sobrino Oliver, de 21 años de edad, ocurrido en una calle del municipio de Wiwilí, pero las autoridades policiales no les brindaron información. Un día después el joven fue trasladado a la delegación departamental de Jinotega.
- La orden es “matar a los Montenegro”
- Asesinato de un excontra y su hijo comprueba violencia estatal en el campo
En la delegación policial de Jinotega “no nos permitieron verlo y se pasaron las 48 horas que la ley permite para presentar las pruebas y al acusado ante el judicial”, recuerda la doctora Montenegro. Después de eso “mi sobrino fue presentado por un delito en el que la misma víctima se ríe porque dice: “Oliver no fue. Yo nunca he dicho que haya sido Oliver, incluso hasta somos amigos”, comenta.
Oliver Montenegro Muñoz, hijo de uno de los cuatro asesinados de la familia Montenegro. Foto: Cortesía
Sin embargo, la Fiscalía acusó de oficio a Oliver Montenegro por el delito de homicidio frustrado en perjuicio de Juan Carlos García Vásquez. La acusación fue admitida el pasado 26 de junio por el juez Carlos Molina Rugama del Juzgado Distrito Penal de Audiencia de Jinotega y en la audiencia inicial, realizada el nueve de julio, fue enviado a juicio a realizarse el próximo 3 de agosto.
Los hechos que la Fiscalía le imputa a Oliver Montenegro ocurrieron el 19 de mayo a eso de las 7:00 de la noche afuera de un bar llamado Maribel Vásquez, ubicado en la comunidad Maleconcito del municipio de Wiwilí, en Jinotega. Según la Fiscalía, la víctima se encontraba levantando una motocicleta, cuando el acusado que conducía otra motocicleta supuestamente se acercó y su copiloto Edwin Rivera Montenegro aprovechó para darle tres disparos y huir del lugar.
Esa acusación “es algo ridículo, un teatro prácticamente, algo montado, algo elaborado”, reclama la doctora Montenegro. En la prisión su sobrino ha presentado fiebre, malestar en el cuerpo y dolor, “yo asumo que se trata de una enfermedad por coronavirus, pero no podemos saber más. La única esperanza que tenemos es que él es un joven saludable”, explica.
Las represalias contra la familia
Los Montenegro Centeno son una familia campesina de opositores de vieja data. Durante la Rebelión de Abril, en el 2018, los varones de la familia participaron en las protestas contra el Gobierno y en septiembre de ese año la Policía acusó a Edgard Montenegro, de 56 años, de asesinar al “policía voluntario” Héctor Moreno, de 30 años. También lo tildó de “terrorista” y lo señaló de liderar a un grupo “golpistas que se dedicaban a cometer crímenes en el tranque de Wiwilí”, en Jinotega.
La acusación policial desató una cacería mortal en contra de los miembros de esta familia de 12 hermanos —ocho hombres y cuatro mujeres—, algunos de ellos se exiliaron y otros se refugiaron en la finca familiar. El 27 de enero, Oliver Montenegro Centeno, de 43 años, fue acribillado por un grupo de hombres, cuando se dirigía a traer una cosecha de café.
Los colores azul y blanco están presentes en las tumbas Edgard Aristo Montenegro Centeno y Yalmar Antonio Zeledón Olivas. Foto: Carlos Herrera.
Seis meses después, el 27 de junio, fueron asesinados Edgard Montenegro y su hijo adoptivo Yalmar Zeledón, de 31 años, en el municipio de Trojes, en el departamento hondureño El Paraíso, fronterizo con Nicaragua. La persecución contra los Montenegro también alcanzó a Francisco Blandón, de 53 años y esposo de Thelma Montenegro Centeno, quien fue asesinado el 27 de agosto de 2019 cuando regresaba a su vivienda.
- Ejecuciones en el campo: La masacre contra los campesinos
- Ejecuciones en el campo incrementan en la era de Ortega: 234 campesinos asesinados
A las mujeres de la familia “nos ha tocado enterrar a nuestros muertos”, comenta la doctora Elia Montenegro. También “hemos sufrido todo tipo de represalias” políticas.
La doctora Montenegro, quien es cirujana pediatra, laboraba en el hospital San Juan de Dios, en Estelí y en una clínica del Seguro Social, en esa misma ciudad, pero fue echada de sus dos trabajos después de la desarticulación de los tranques en 2018 sin ninguna justificación.
“Fui llamada a la dirección de la clínica del Seguro y me dieron una carta (de despido), el doctor fue franco y me dijo “esta orden viene de arriba”. Agarré la carta y me fui para el hospital. Cuando llegué al hospital, el director me dijo que me estaban despidiendo porque tenía doble contratación. Entonces, le mostré que ya me habían despedido del otro trabajo... Él se volteó hacia la administradora de Recursos Humanos y le dijo “ponele cualquier cosa que se te ocurra en esa carta, pero ponele algo”, recuerda la doctora Montenegro.
Aunque las cartas no explican las razones del despido, la doctora Montenegro está convencida de que la despidieron porque “estuve pendiente en la sala de Emergencia para que todos los heridos recibieran atención adecuada”.
“Nunca vamos a callar”
Más de un año ha transcurrido desde el asesinato de los cuatro miembros de la familia Motenegro y esos crímenes siguen en la impunidad, la Policía se negó a recibir la denuncia y la Fiscalía no realizó ninguna denuncia de hecho —como lo hizo en contra del joven Oliver Montengro—, pero la familia “nunca vamos a callar”, asegura la doctora Montenegro.
Vista del frente de la casa paterna de la familia Montenegro Centeno, en la hacienda Rancho Quemado, en la comunidad La Esperanza de Kilambé, en Wiwilí, Jinotega. Foto: Carlos Herrera
Desde entonces, en la finca del cerro Kilambé se vive “con mucha incertidumbre”. Los hombres de la familia ya no están para cultivar los cafetales y a los progenitores de la familia, Viviano Montenegro y Ángela Centeno, con 85 años a cuestas, apenas les quedan fuerzas para seguir viviendo, “sus corazones están destrozados”, comenta su hija.
Enoc Montenegro Centeno, uno de los sobrevivientes, ha tenido que huir para proteger su seguridad física y su vida. En una entrevista que brindó a CONFIDENCIAL a finales de 2019 aseguró que después de la Rebelión de Abril “todos los que representábamos algún liderazgo opositor, en nuestras comunidades o municipios, hemos sido perseguidos. En el caso de nosotros, ha sido para matarnos”, dijo.
El régimen “teme a las víctimas que no callan y no importa lo que pase, nosotros vamos a continuar denunciando todas las arbitrariedades, todos los atropellos, denunciando la violación a nuestros derechos como individuos, hasta el derecho a la vida, que es el derecho más preciado que podemos tener”, agrega la doctora Montenegro.
