30 de marzo 2022
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La Asamblea Nacional controlada por los diputados orteguistas y sus aliados colaboracionistas aprobó este 29 de marzo las reformas y adiciones a la Ley de Notariado y el Código de Comercio, que permite al sistema judicial del régimen controlar quienes son los involucrados en toda operación de “compraventa, permuta y donación” de bienes y propiedades, además de las referidas a la “administración de dinero, administración de cuentas bancarias y creación de personas jurídicas”.
Este control de los denominados “beneficiarios finales” de estas operaciones mencionadas y la ruptura de los acuerdos de confidencialidad y sigilo entre los abogados y notarios con sus clientes, generan preocupación en este gremio, debido al riesgo de ya no poder ofrecer este tipo de servicios, debido a la vigilancia del régimen, de acuerdo a consultas hechas por CONFIDENCIAL.
Boanerges Fornos, exfiscal departamental de Managua del Ministerio Público, advirtió varios aspectos peligrosos de esta nueva ley, debido al contexto del estado policial impuesto por la dictadura orteguista para someter a la población.
“Convierten al notario en una fuente de información de inteligencia relacionada a sus clientes, principalmente con aquellos que pueden tener una posición crítica al régimen, ya sea para criminalizarlo o controlar su actividad económica”, explicó Fornos.
“Se pretende controlar toda actividad que realice el notario, como un mecanismo de intimidación para brindar toda la información que lleve de sus clientes, sobre todo, si los clientes del notario son percibidos como opositores o críticos al régimen Ortega-Murillo. El notario ahora se ve forzado a brindar la información de su relación con su cliente, ante el temor de ser criminalizado o suspendido del ejercicio profesional”, añadió.
El especialista señaló que con esta nueva legislación quedan expuestas a la vigilancia y control del régimen las operaciones económicas que realicen empresarios, organizaciones sin fines de lucro, profesionales y aquellas actividades notariales que por su naturaleza misma requieren un alto nivel de sigilo y discreción.
“Al exponer esta información sensible, convierte a las personas que participen en actos notariales que impliquen ciertos valores económicos, en blancos de procesos de criminalización del régimen o de la misma delincuencia”, advirtió.
Será la Corte Suprema de Justicia, controlada por operadores del régimen, la que se encargará por medio de dependencias como el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial y la Dirección de Registro y Control de Abogados y Notarios Públicos, la que ejecutará estas operaciones de control y vigilancia.
Entre los principios constitucionales que esta nueva ley violenta está el artículo 25, relativo al derecho a la seguridad individual de los ciudadanos y el artículo 26, referido a la vida privada; que establece conocer toda información que sobre esta se haya registrado en las entidades de naturaleza privada y pública, así como el derecho de saber por qué y con qué finalidad se tiene esa información.
Orteguismo: "Vigilancia es para evitar narcoactividad y lavado de dinero"
La reforma fue defendida por los operadores de la dictadura en la Asamblea Nacional como un mecanismo para fortalecer la prevención de actividades vinculadas al narcotráfico, el crimen organizado y el lavado de dinero. Igual alegan que estas se originan en recomendaciones exigidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Los principales oradores por parte de los diputados del régimen para defender la reforma fueron los diputados Wálmaro Gutiérrez y Edwin Castro. Ambos legisladores se encuentran sancionados por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
“Debemos garantizar que la fe pública notarial sea bien utilizada y no se convierta en una herramienta para delinquir. Evitar que a través del ejercicio notarial, se cometan delitos. El que quiera decir lo contrario, lo que está haciendo es haciéndole el juego a la narcoactividad, al crimen organizado y al blanqueo de capitales. Tenemos compromisos para regular la actuación del notario como sujeto obligado en el marco del combate a la narcoactividad y el crimen organizado”, justificó el diputado Gutiérrez durante su intervención en el hemiciclo.
La iniciativa reformó los artículos 1, 2 y 14 de la Ley de Notariado. Además, se reforma el numeral 7 del artículo 15 de la misma ley y se adicionan al mismo los numerales que van del 15 al 20. Se deroga el artículo 13 también de esta misma ley y se reforma el artículo 121 del Código de Comercio de Nicaragua.
“Que ahora algunos abogados, colegas de profesión, me venga a decir: 'es que si nosotros empezamos a informar, se nos van a correr los clientes'. Pues que se vayan esos clientes, porque el cliente que se te corre porque sabe que vos tenes un deber de informar a tu órgano supervisor, definitivamente no anda en buenos pasos y te va a meter en un clavo. Vas a terminar preso. Igual que tu cliente”, advirtió Gutiérrez.
Castro apela al “patriotismo”
El diputado Castro por su parte justificó la aprobación de esta ley señalando que los abogados y notarios del país, antes que tener el deber de salvaguardar la confidencialidad de sus clientes, tienen una responsabilidad de informar al “pueblo de Nicaragua”.
“Tenemos obligaciones como fedatarios públicos. No es al cliente que me paga señores por el cual debo dar fe pública, por quien debo dar fe pública es por el pueblo de Nicaragua. Es como nosotros (los diputados). Nosotros con quienes nos debemos es al pueblo que votó por nosotros, por eso no podemos votar en contra de esta ley”, exclamó en su intervención el diputado Castro.
El orteguismo mantiene el control de la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional gracias a las asignaciones de escaños otorgadas por el Consejo Supremo Electoral durante las votaciones del 7 de noviembre de 2021, las que fueron adjudicadas al orteguismo en un proceso sin competencia política y bajo la sombra de la represión política.
