26 de agosto 2021
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Los precandidatos presidenciales Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Arturo Cruz Sequeira, junto a cinco líderes opositores más, fueron acusados este jueves 26 de agosto por el Ministerio Público, controlado por Daniel Ortega, por ser los presuntos autores de los delitos de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”, según un comunicado de la Fiscalía.
El libelo fue aceptado en una audiencia —a la que no tuvo acceso la prensa no oficial ni la defensa de los imputados—, realizada este jueves, en la que por los mismos delitos también se decidió procesar al exvicecanciller José Bernard Pallais, al ex presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, José Adán Aguerri; y a las exdirigentes de la Unión Nacional Azul y Blanco, Violeta Granera Padilla y Daisy Tamara Dávila Rivas, y también al politólogo Manuel Salvador Orozco Ramírez, director del Centro para la Migración y la Estabilidad Económica en Washington, EE. UU.
Según el artículo 410 del código penal de Nicaragua, citado en el comunicado del Ministerio Público, los imputados podrían ser sancionados con penas de diez a 15 años de prisión.
Durante la audiencia secreta se decretó la medida cautelar de prisión preventiva para los acusados que se encontraban bajo detención judicial, y orden de detención para la persona acusada que se encuentra sin detener, en este caso el consultor Orozco.
Ana Lucía Álvarez, hermana de Tamara Dávila, denunció en Twitter que “ninguno de los abogados —escogidos por los familiares de los presos políticos— fue notificado de la supuesta audiencia preliminar”.
Añadió que la causas contra los presos políticos “siguen invisibles en el sistema de consultas en línea del Poder Judicial, a pesar de haberse celebrado ayer la supuesta audiencia”.
Todas las personas acusadas entre ayer y hoy tenían defensas escogida por familiares y apersonadas, sin embargo ningún abogado u abogada fue notificada de la supuesta audiencia preliminar.
— Ana Lucía Alvarez (@AnaluAlvarezV) August 27, 2021
Álvarez señaló que este tipo de acciones del Poder Judicial muestran “una clara intencionalidad seguir ocultando información y obstaculizando el derecho a la defensa” que por ley tienen sus familiares.
Tras acusar a Cristiana Chamorro
La nueva acusación ocurre un día después que el régimen amplió la acusación contra la ex precandidata presidencial, Cristiana Chamorro Barrios, en el caso de la investigación por lavado de dinero que siguen contra la Fundación Violeta Barrios Chamorro, la que se ha desarrollado en un proceso plagado de irregularidades donde los abogados denunciaron que no les han permitido ni entrevistarse con sus clientes, ni acceder a los expedientes.
La Fiscalía acusó también, por el mismo caso de Chamorro Barrios, a sus hermanos Pedro Joaquín y también a Carlos Fernando Chamorro Barrios, director de CONFIDENCIAL, al que el régimen acusa de lavar activos, aunque no tiene ningún vínculo económico con la FVBCH. El periodista rechazó el juicio político como un intento de acallar a la prensa independiente.
La nueva etapa de represión del régimen se da cuando se no han cumplido los 90 días que las autoridades se dieron para investigar a los opositores, capturados arbitrariamente durante la escalada represiva iniciada por Ortega a finales de mayo pasado para eliminar la competencia política de los comicios previstos para noviembre, los cuales el régimen ha deslegitimado con sus actuaciones.
“Ley de Soberanía”
En el marco del proceso electoral, las autoridades nicaragüenses han arrestado —además de Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro— a los precandidatos presidenciales Miguel Mora, Medardo Mairena y Noel Vidaurre, que están siendo investigados por supuesta traición a la patria.
La Policía Nacional, que dirige Francisco Díaz, consuegro del presidente del país, Daniel Ortega, también ha aprehendido a un excanciller, dos exvicecancilleres, un exembajador, dos históricos exguerrilleros sandinistas disidentes, un dirigente empresarial, un banquero, una ex primera dama y seis dirigentes opositores.
Además, dos líderes estudiantiles, dos dirigentes campesinos, una abogada y defensora de los derechos humanos, un politólogo y especialista en sistemas políticos y electorales, un periodista, un comentarista, dos extrabajadores de una ONG y un conductor de Cristiana Chamorro.
Otros dos aspirantes a la presidencia de la oposición, María Asunción Moreno y el exlíder de la “Contra” Luis Fley, abandonaron Nicaragua alegando razones de seguridad.
La Policía Nacional basa sus detenciones citando la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz —conocida popularmente como “Ley de Soberanía”—, aprobada con carácter urgente por la Asamblea Nacional, de mayoría sandinista, en diciembre pasado.
Esa polémica ley, promovida por el Ejecutivo, cataloga los “traidores a la patria” y los inhabilita a optar a cargos públicos.
