21 de enero 2017
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El gobierno de Daniel Ortega “ganó tiempo” en el diálogo político con la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que produjo este viernes un primer comunicado sobre supuestos “avances”, omitiendo las principales demandas ciudadanas para restablecer la institucionalidad democrática en Nicaragua. Sin embargo opositores y analistas coinciden en que el acuerdo, tal como va, no libraría al país de las posibles sanciones de Estados Unidos, planteadas en la iniciativa de ley Nicaraguan Investment Conditionality Act, conocida como NicaAct.
El excanciller Francisco Aguirre Sacasa considera que los planteamientos en el acuerdo conjunto, revelado ayer por el gobierno y la OEA, no convencerán a los círculos políticos estadounidenses de descartar el paquete de sanciones, que incluyen el veto estadounidense a los préstamos de la cooperación internacional para Nicaragua, y cuya preocupación ha sido expresada por representantes del sector privado nacional.
Aguirre visitó Washington en noviembre pasado y afirma que está “segurísimo” que los expertos de la delegación de la OEA “iban a estar muy pendientes de lo que piense de esto el gobierno norteamericano”, ahora presidido por el republicano Donald Trump.
El gobierno y la OEA acordaron firmar un “memorando de entendimiento” el próximo 28 de febrero, en el cual precisarían los “aspectos técnicos” del trabajo que ambas partes realizarían durante los próximos tres años.
Aguirre estima que “en el fondo lo que (el gobierno) está obteniendo son seis semanas más para poder lograr algo que se venda en Estados Unidos y ver qué es lo mínimo que pueden hacer para descarrilar el NicaAct”, pero sugiere al gobierno manejarse “con mucho cuidado”.
El comunicado del gobierno y la OEA coincidió con la toma de posesión del magnate neoyorquino Donald Trump. Aguirre, considera que “Trump es un hombre que necesita victorias, que está buscando victorias” y en ese sentido no descarta que el nuevo presidente pueda actuar sobre las sanciones propuestas a Nicaragua.
Critican ausencia de principales demandas
La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Vilma Núñez, y la candidata ilegalizada a la vicepresidencia por la Coalición Nacional por la Democracia, Violeta Granera, opinan que el informe demuestra que Ortega solo busca tiempo para acallar las voces que critican su deriva autoritaria.
Según la doctora Núñez, el caudillo sandinista se salió “con la suya al tener el agua al cuello” con las presiones nacionales e internacionales sobre el “colapsado” sistema electoral, la eliminación de la oposición, un proceso electoral con una baja participación, la poca legitimidad de su gobierno, que ha sido catalogado como dinastía familiar.
La OEA y el gobierno acordaron un plazo de tres años para “fortalecer” en materia electoral y política. Esto, a los ojos de la doctora Núñez, resulta ganancia para Ortega. “Este informe es inocuo para poder contribuir con eficacia a la resolución de los problemas de Nicaragua”, precisa.
La defensora de derechos humanos lamenta que de esa forma la OEA “acepta el sistema electoral” impuesto por Ortega, que ha sido cuestionado ampliamente por diversos sectores sociales y políticos, mientras no se atienden las demandas principales.
“No hay ninguna alusión que el sistema electoral debe estar integrado por funcionarios imparciales, sino que dicen que van a revisar si todo el mundo está cedulado, si el padrón electoral… cosas de esas naturaleza”, asegura Núñez. “No va a la raíz: el carácter partidario que tiene el sistema electoral nicaragüense desde su raíz, y la corrupción de los funcionarios”, agrega.
Granera igual critica que el informe suscrito por Almagro y el nuevo canciller nicaragüense, Denis Moncada Colindres, no aborda, “con la contundencia y la premura que requiere, el colapsado sistema electoral de Nicaragua”.
“La OEA fue más clara y contundente en el informe de la misión de observación electoral del año 2011. Allí están reflejados algunos puntos importantes como recomendaciones, que todo el mundo sabe que no han sido cumplidos”, recuerda Granera.
A su juicio, “hay que esperar el memorándum de entendimiento, que se publicara el 28 de febrero, para ver si hay un plan de trabajo más claro. Porque ciertamente este informe conjunto es un pincelazo, lamentable de nuestro punto de vista, a un problema que requiere seriedad absoluta, y profundidad en el análisis y la propuesta”, añade.
MRS y CxL interpretan diferente el acuerdo
El Movimiento Renovador Sandinsita (MRS), cuya personalidad jurídica fue cancelada a mediados de 2008, indicó en un comunicado que “lo acordado es una acción absolutamente mínima, que no responde al interés y a las aspiraciones de la mayoría de los nicaragüenses de lograr elecciones limpias y transparentes, con plenos derechos y garantías” y critica que “con este acuerdo, la misión de la OEA no está cumpliendo a profundidad, su papel de promover los postulados de la Carta Democrática Interamericana”.
“El acuerdo pretende hacer ‘borrón y cuenta nueva’, a la farsa y al fraude electoral de noviembre del año pasado. Para nosotros, no hay borrón y cuenta nueva. Hubo una farsa y un fraude a la vista de todos y rechazado por la absoluta mayoría de los nicaragüenses que con su abstención expresó su voluntad”, añade el MRS.
Sin embargo, el grupo de Ciudadanos por la Libertad (CxL), que está gestionando su personalidad jurídica para participar en las próximas elecciones municipales, lee el comunicado del gobierno y la OEA con más optimismo.
“Ciudadanos por la Libertad considera que es un paso muy pequeño con relación al desastre institucional que ha generado Daniel Ortega con sus ambiciones dictatoriales, pero es un paso en la dirección correcta y brinda una oportunidad de retomar pacíficamente el camino de la institucionalidad que demandamos todos para progresar libertad”, comentó la organización en un comunicado.
En el mismo texto, CxL agrega que “interpretando el lenguaje diplomático de la OEA, este informe conjunto significa que el gobierno de Daniel Ortega tuvo por fuerza que reconocer que ha violentado y sigue violentando los derechos políticos de los nicaragüenses tal como lo hemos venido denunciando, que no ha cumplido ni está cumpliendo la Carta Democrática Interamericana, que el sistema de electoral nicaragüense no cumple los estándares democráticos, y por eso tuvo que prometer cambios fundamentales en el sistema electoral y tuvo que aceptar que la OEA supervise bajo sus estándares internacionales las próximas elecciones municipales”.
Creen que OEA debe insistir en observación
Núñez se declara sorprendida con que la OEA no pudo siquiera conseguir la visita de una misión de observación electoral para las elecciones municipales de 2017. El informe refleja que vendrán en calidad de acompañamiento.
“Se habla que van a venir a acompañar de conformidad con la invitación que les hizo Daniel Ortega de acompañar, y después de eso se detienen a analizar, a mencionar, una serie de decisiones muy puntuales; vicios que tiene el sistema electoral, pero que no ataca, no dicen que van a revisar lo fundamental, que es la partidización”, fustiga la defensora de derechos humanos, que en una carta suscrita por el Cenidh y seis organizaciones más de la sociedad civil advirtieron a Almagro sobre las medidas “cosméticas” que Ortega podría pretender.
Granera considera que la publicación de este informe conjunto evidencia “que la dictadura Ortega-Murillo no está dispuesta a dar paso para garantizar” el derecho de los nicaragüenses “a vivir en democracia y en paz”.
“En nuestra perspectiva, ese ganar tiempo es una victoria pírrica de Ortega, porque el podrá ganar tiempo para manipular algunos momentos, pero ese mismo tiempo se va a revertir contra todos los nicaragüenses, porque la situación se va a poner más difícil de lo que ya está”, advierte la excandidata a la vicepresidencia.
El exdiputado liberal Eliseo Núñez, destituido junto a otros 27 legisladores de la oposición en julio del año pasado, considera que el trabajo de la OEA aún puede llegar a un buen término si la organización logra compromisos más concretos del gobierno en el memorándum que se revelaría el último día de febrero.
¿Y el diálogo?
Núñez y Granera coincidieron en que el informe tampoco expone un diálogo inclusivo en el país, que es la demanda que los impulsó a buscar la mediación de la OEA ante la sordera del gobierno de Ortega.
“Pero si el gobierno no atiende un diálogo, es la sociedad es la que tiene que sentarse a dialogar para tener un acuerdo frente a las pretensiones del señor Ortega”, argumenta Granera.
Para la ahora integrante del Frente Amplio por la Democracia (FAD), lo que Ortega quiere es un “borrón y cuenta nueva” de las elecciones del pasado seis de noviembre, cuando la abstención rondó el 70%. También considera que “es una lástima” que la intermediación de la OEA se haya perdido, aunque aclara que no estaban esperanzados en que la organización resolviera los problemas del país.
Núñez además lamenta que el informe no haya retomado las violaciones a los preceptos de la carta democrática cometidos de forma sistémica por el régimen de Ortega.
“Aquí no existe democracia, no existe institucionalidad. Aquí lo que hay es violación de derechos humanos, y era responsabilidad de Almagro era encausar nuestras denuncias concretos y fundamentadas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, insiste la presidenta del Cenidh.
