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Premian como magistrados en Apelaciones a exjueces que condenaron a presos políticos

CSJ asciende a Ernesto Rodríguez Mejía como presidente del TAM, y nombra magistrado a su cuñado el exjuez Henry Morales, ambos fieles al FSLN

La presidenta de la CSJ, Alba Luz Ramos Vanegas, toma la promesa de ley a Henry Morales Olivares, como nuevo magistrado del TAM. Foto: CSJ

Octavio Enríquez

7 de octubre 2021

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La Corte Suprema de Justicia (CSJ), integrada mayoritariamente por magistrados afines al partido de Gobierno, recompuso la dirección del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), ascendiendo a dos judiciales leales al régimen de Daniel Ortega, 72 horas después de la abrupta destitución del exmagistrado sandinista Gerardo Rodríguez Olivas. 

El primer paso lo dieron el miércoles al juramentar como nuevo magistrado de Apelaciones a Henry Morales Olivares, en sustitución de Rodríguez. El segundo es el nombramiento como presidente del TAM del magistrado Ernesto Leonel Rodríguez Mejía, según una nota de prensa publicada este jueves.


En sus primeras declaraciones, Rodríguez Mejía sostuvo que esta responsabilidad “significa más compromiso y seguir consolidar el trabajo que hemos venido haciendo de la mano con la Corte Suprema de Justicia”.

Morales y Rodríguez son cuñados y se identifican políticamente con el FSLN —aunque el primero en sus inicios fue liberal, según versiones de prensa—. El otro rasgo común es que llevaron procesos contra los presos políticos en el contexto de las protestas cívicas de 2018.

“El régimen suele premiar y no castigar a quienes han violado los derechos humanos. Quienes se destacan como sus principales serviles y ejecutores de ilegalidades. A mí no me sorprende que asciendan al juez Morales”, reaccionó este jueves la periodista Lucía Pineda Ubau, quien estuvo encarcelada por razones políticas entre el 21 de diciembre de 2018 y el 11 de junio de 2019.

Pineda Ubau conoció personalmente a Morales, quien llevó a cabo la audiencia en la que admitió la acusación en su contra, pero además firmó la orden de allanamiento contra el Canal 100%Noticias. “Él se prestó a la censura de un medio de comunicación. Son los magistrados de la vergüenza por todas las ilegalidades que han hecho”, agregó.

El rostro de la “primera audiencia de la represión”

Un abogado consultado, que ha dado seguimiento a estos casos políticos en los cuales el régimen ha buscado silenciar a los medios y la oposición en general, explica que Morales aparece más en los procesos contra presos políticos, porque ocupaba el cargo de juez de audiencia, es decir se desempeñaba en la primera etapa antes de que los encausados fuesen enviados a juicio. 

Morales procesó a un buen número de los presos políticos de 2018. Entre ellos se destacan los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda, los líderes campesinos Medardo Mairena y Pedro Mena, entre otros.

En la escala represiva iniciada en mayo pasado, que ha significado la detención de 37 líderes cívicos y políticos, Morales también llevó los casos del aspirante presidencial Noel Vidaurre y del comentarista político Jaime Arellano, según los datos de los juzgados. Pero antes de las violaciones a derechos humanos de 2018, el nuevo magistrado de Apelaciones es recordado por allanar el camino para el irrespeto al proceso judicial ocurridos en casos sonados como la masacre del 19.

Morales aceptó procesar en Managua a todos los acusados por la masacre del 19 de julio de 2014, cuando una caravana sandinista fue acribillada en Matagalpa, pese a que, según el ordenamiento jurídico nacional, correspondía a un juzgado de esa localidad llevar el juicio. Esa investigación estuvo marcada no solo por esta anomalía, que supuso un mayor aislamiento para los detenidos y una mayor cantidad de gastos para sus parientes que debieron trasladarse a Managua. Fue irregular también por la injerencia de las propias autoridades del partido encabezadas por Ortega que los condenó antes que hubiese alguna resolución judicial desde una tribuna pública.

¿Quién es el nuevo presidente del TAM?

La carrera del matagalpino Rodríguez Mejía, el nuevo presidente del TAM, ha sido meteórica en el Poder Judicial desde hace cinco años. Fue juramentado como juez penal en 2016 por el mismo exmagistrado Gerardo Rodríguez, y se convirtió en titular de apelaciones tres años después. 

Sus primeros pasos como judicial fueron en Matagalpa, donde fue juez de audiencia en 2003, luego pidió traslado a Managua como juez local. En 2011, en esa posición, llevó el proceso por injurias y calumnias contra los concejales Luciano García y Leonel Téller, críticos de la administración del FSLN en la Alcaldía de Managua.

Rodríguez es hijo de la profesora Salomé Mejía, dirigente histórica de la asociación de maestros Anden y quien ha sido concejal del FSLN en aquella ciudad al norte del país. “Es peor que Gerardo Rodríguez, es más fiel es más sicario”, dijo un abogado que lo conoció de cerca.

A diferencia de su cuñado, el nuevo presidente del TAM llevó menos casos de índole político en la etapa de juicio a raíz de las protestas de 2018, pero fue conocido por el proceso contra el asesinato del periodista Ángel Gahona, el que sus familiares han denunciado se encuentra en la impunidad

Según el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que investigó la represión en Nicaragua entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018, fue Rodríguez Mejía quien prohibió el ingreso a un equipo de este organismo a una de las audiencias, en las cuales se ventilaba el caso, pese a que las mismas son públicas. El principal argumento del entonces juez fue que la misión del GIEI debía canalizar su solicitud a través del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Ernesto Leonel Rodríguez Mejía, nuevo presidente del TAM. Foto: Tomada de la CSJ

Ese juez fue ascendido rápidamente a magistrado de apelaciones en 2019. Algunos casos conocidos que pasaron por sus manos fueron los del líder estudiantil Edwin Carcache y el señor Cecilio Gómez, de 67 años, un comerciante que salvó la vida del alcalde de Nagarote Juan Gabriel Hernández, y luego en el contexto de las protestas lo terminaron acusando por robo agravado en perjuicio del partido de gobierno. De hecho, en el caso de Gómez se vio la cara con el juez Morales inicialmente y posteriormente conoció al cuñado. Lo mismo pasó con Carcache.

“Hace tres años tuve a estas personas (Morales y Rodríguez) frente a mí. El sistema de justicia está viciado en Nicaragua. Es duro para mí ver como son premiados, por seguir en las filas de un partido terrorista como es el FSLN. Estos (son) abusadores de derechos humanos que lo único que han hecho con la justicia es usarla para justificar crímenes que ellos cometen”, dijo vía telefónica el ex preso político Edwin Carcache.

Yader Morazán, exmiembro de los tribunales matagalpinos, conoce la trayectoria del presidente interino del TAM. Según él, fue “utilizado como operador político de la represión del FSLN, trasladado a Managua donde llevó a cabo juicios importantes para su partido. Este juez se destaca por manipular la ley”, afirmó.

Mientras ocurren todos estos movimientos a lo interno de ese tribunal, aún nadie aclara de la CSJ qué pasó para que se diera la remoción del exmagistrado Gerardo Rodríguez. Lo único público es que ocurrió cuando dio trámite al recurso de amparo de Ciudadanos por La Libertad por el despojo de la personería jurídica.

Las fuentes consultadas por CONFIDENCIAL asocian su salida, sin embargo, a una pugna de poder que ha dejado a Gerardo Rodríguez en el limbo tras 15 años en la dirección del TAM y la coordinación de los juzgados de Managua. Su destitución sorprendió a defensores de derechos humanos como Gonzalo Carrión, quien lo describió como “un guardián de la tiranía”.

La Policía tampoco ha ofrecido explicación alguna sobre la investigación que realizan al exfuncionario judicial, a su esposa y su entorno. Según Morazán, la ejecución del despido estuvo a cargo del vicepresidente de la CSJ, Marvin Aguilar, quien dirige a la institución bajo órdenes del asesor en temas de seguridad de Ortega, Néstor Moncada Lau, mientras desde el punto de vista institucional el liderazgo lo ostenta la presidenta Alba Luz Ramos.

“Para mí el mensaje es claro. La misma campaña de terror que implementan en la calle la están aplicando en las instituciones del Estado. Eso ha provocado que nadie confíe en nadie ahorita, ahorita (los trabajadores del Estado) se vigilan recíprocamente”, dijo Morazán.

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Octavio Enríquez

Periodista nicaragüense, exiliado. Comenzó su carrera en el año 2000, cuando todavía era estudiante. Por sus destacadas investigaciones periodísticas ha ganado el Premio Ortega y Gasset, el Premio Internacional de Periodismo Rey de España, el Premio a la Excelencia de la Sociedad Interamericana de Prensa, y el Premio Latinoamericano de Periodismo de Investigación del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS).

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