Política

Precandidatos rechazan reforma electoral que busca perpetuar a Daniel Ortega en el poder

Demandan al régimen orteguista cumplir acuerdos de marzo de 2019 y la resolución de la OEA, cuyo plazo acaba en mayo

Los diez precandidatos presidenciales rechazaron, mediante un pronunciamiento en conjunto, la reforma electoral que el Ejecutivo, presidido por Daniel Ortega, envió a la Asamblea Nacional la semana pasada. Denuncian que los cambios que esperan lograr con la reforma a la Ley Electoral evidencian “maniobras” y la “manipulación” del Gobierno, quien ocupa “una clara ventaja para el desarrollo de su campaña electoral con el objetivo de permanecer en el poder indefinidamente”.

El documento fue publicado la tarde de este lunes, 19 de abril, cuando se cumple el tercer aniversario de la Rebelión Cívica bajo el recrudecimiento del estado policial de facto. La Policía Nacional ha pasado de la vigilancia y asedio que durante meses ha sometido a opositores, activistas, víctimas de abril, excarcelados, y demás, a allanar viviendas y en algunos casos, a agresiones físicas.

A través de once incisos, los precandidatos describen los fallos que tiene la reforma hecha a la medida del Gobierno. Consideran que su contenido evidencia la falta de voluntad para realizar reformas electorales significativas y coherentes con las normas internacionales.

Denuncian que la Ley “institucionaliza un régimen represivo contra la oposición política” al incorporarse leyes que violan la Carta Magna y derechos fundamentales de los nicaragüenses, entre estas, la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, que somete a las organizaciones no gubernamentales a un mayor control de sus fuentes de financiamiento, así como la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo, a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, que desde su creación ha sido señalada como el escudo legal para la inhibición de candidatos de la oposición.

Si la reforma se llegase a aprobar sin cambios, como suele suceder con las iniciativas que envía el Ejecutivo a la Asamblea, donde domina por mayoría la bancada del Frente Sandinista, la Policía Nacional autorizará o no las manifestaciones partidarias, lo que coloca a Daniel Ortega en “juez y parte” del proceso electoral, ya que es el jefe supremo de la institución policial, y a la vez, sería el candidato de su partido, a como todas las señales de propaganda lo indican.

Otras de las irregularidades que señalan los precandidatos en el documento, es que se “pretende desconocer el mandato constitucional expreso de elegir magistrados electorales en consulta con las organizaciones civiles pertinentes”.

El 12 de abril fue ratificada la Comisión Especial de Asuntos Electorales, dominada por diputados orteguistas, que evaluarán los candidatos para ocupar las cargos de siete magistrados propietarios y tres suplentes en el Consejo Supremo Electoral (CSE), que hasta ahora es otra extensión más del poder de Ortega.

Otras irregularidades

El documento también señala que la reforma no establece mecanismos para realizar una efectiva cedulación masiva, se mantiene el padrón activo y pasivo que limita el ejercicio del sufragio, se elimina el concepto de observador electoral y se sustituye por uno más limitado como acompañantes.

Los precandidatos señalaron la falta de voluntad del Gobierno y coincidieron en demandar reformas que restablezcan la confianza en el sistema electoral, garantice elecciones justas, competitivas, trasparentes y observadas, además que cumpla con los acuerdos adquiridos en marzo de 2019, durante el segundo intento de Diálogo Nacional y la resolución de la Organización de Estados Americanos (OEA), cuyo plazo para ejecutar los cambios demandados se acaba en mayo.

Los firmantes son: Arturo Cruz, Cristiana Chamorro, Félix Maradiaga por parte de la Unidad Nacional Azul y Blanco; George Henríquez, ratificado por Yátama;  Juan Sebastián Chamorro, integrante de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia; Luis Fley, ratificado por Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN); María Eugenia Alonso, Medardo Mairena, por el Movimiento Campesino, Miguel Mora, ratificado por el Partido Restauración Democrática y Noel Vidaurre.


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