Política

Precandidatos presidenciales opositores se mantienen en la carrera electoral

Medardo Mairena, Luis Fley y George Henríquez continúan en la contienda, pese a la persecución del régimen orteguista contra dirigentes opositores

Los precandidatos presidenciales opositores se mantienen en la carrera por la presidencia, pese a la escalada de arrestos del régimen contra los aspirantes presidenciales y dirigentes de la oposición. En las últimas semanas, el Gobierno ha encarcelado a los precandidatos Cristiana Chamorro Barrios, Félix Maradiaga, Arturo Cruz y Juan Sebastián Chamorro.

Chamorro Barrios y Maradiaga solo habían firmado una carta de intenciones para unirse al mecanismo de elección del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL); mientras Cruz y Chamorro son precandidatos inscritos en esa plataforma opositora.

El precandidato presidencial del Movimiento Campesino, Medardo Mairena, dijo que no ha descartado competir en la carrera por la presidencia, aunque, por “solidaridad con los otros precandidatos secuestrados”, “no es momento de hablar precandidaturas”.

Este miércoles, Mairena tuvo una reunión en la sede de CxL. Aseguró que fue a consultar sobre la situación de los otros opositores detenidos por la Policía Nacional.

Además de Mairena, los aspirantes presidenciales, Luis Fley y George Henríquez, confirmaron a CONFIDENCIAL que se mantienen en la contienda política, pese a los riesgos de ser apresados como ocurrió con los otros cuatro aspirantes.

Cruz, Maradiaga y Chamorro fueron arrestados porque supuestamente cometieron “actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación de los pueblos e incitar la injerencia extranjera”, según comunicados que la Policía y la Fiscalía han publicado para cada uno de los casos. Chamorro Barrios está bajo arresto domiciliario por una “investigación” por supuesto lavado de dinero en contra de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que ella presidía hasta febrero de este año.

“Mantengo mi intención de seguir siendo precandidato y estoy dispuesto a correr el riesgo que sea. Es parte del precio que hay que pagar por tratar de vivir en democracia”, expresó Fley, precandidato por Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN).

Henríquez dijo que él como cualquier otro nicaragüense que levante su voz para denunciar al régimen, también se expone a perder su libertad.

Caso de Mairena

De los tres precandidatos, Mairena es el único que está bajo un estado de facto de ciudad por cárcel. La Policía ha instalado vigilancia permanente afuera de su casa y una patrulla lo sigue a todos lados donde se moviliza en Managua.

Mairena fue apresado en 2018 y condenado en 2019 por la justicia orteguista a 216 años de prisión por varios supuestos delitos. Él fue liberado junto a varios presos políticos bajo una Ley de Amnistía, que la dictadura creó a su medida.

El líder campesino aseguró que pese al alto riesgo de ser nuevamente encarcelado, el exilio no es una opción porque “esta es mi patria que me vio nacer. No tengo porqué esconderme, nunca le he hecho daño a nadie”.

“Creo en que los nicaragüenses debemos resolver nuestros problemas a nivel interno, para que podamos lograr la democratización de Nicaragua, pero sobre todo la construcción de la Nicaragua que soñamos”, expresó.

CxL mantiene suspendido mecanismo

La Alianza Ciudadana, integrada por la Alianza Cívica y el partido CxL, mantiene “congelado” el mecanismo de selección de candidatos desde el 2 de junio, después que la Policía allanó e impuso casa por cárcel a la precandidata Cristiana Chamorro Barrios.

Óscar Sobalvarro, vicepresidente de CxL, explicó vía WhatsApp que el mecanismo seguía suspendido y que, a como lo habían estructurado, no se podía implementar por la situación de los precandidatos.

“Aún no tenemos fecha, vamos trabajando de conformidad al calendario electoral”, respondió cuando se le consultó sobre un tiempo estimado para retomar la elección del candidato presidencial.

Asimismo, sobre la posibilidad que inscriban a los precandidatos secuestrados por la dictadura en la nueva metodología que apliquen para definir al candidato único, Sobalvarro, condicionó dicha participación.

“No sabemos si van a ser liberados y de serlo, desconocemos en qué calidad los estarían liberando y dependerá de eso y del calendario electoral que va corriendo”, expresó a CONFIDENCIAL.

Los partidos políticos tienen hasta el 2 de agosto para presentar el candidato presidencial, lista de diputados a la Asamblea Nacional y al Parlamento Centroamericano ante el Consejo Supremo Electoral (CSE).

El Poder Electoral, dominado por el orteguismo, publicó el pasado tres de junio un acuerdo en el que “recordaba” a los partidos políticos que las candidaturas que presenten cumplan con las disposiciones y requisitos de ley, incluyendo leyes como la “Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz”, mejor conocida como “Ley de Soberanía” o “Ley Guillotina” y la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, que han sido utilizadas para inhibir a los precandidatos presidenciales.

Secuestros no detienen la resistencia cívica

Previo a su secuestro, los precandidatos Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro exhortaron en una entrevista en el programa Esta Noche, a que diferentes sectores se mantuvieron en resistencia cívica ante la embestida represiva del régimen orteguista.

Catorce días después de aquella conversación, 16 personas, incluidos ellos y otros líderes opositores han sido apresados y aislados en la prisión, bajo actos investigativos carentes de legalidad.

Tres miembros de la oposición coincidieron que la lucha cívica que se inició en 2018 va más allá de los liderazgos y aunque uno caiga preso, siempre habrá alguien que alce la voz por los demás. Aseguraron que el intento de retomar las calles no es viable en el actual contexto, de recrudecimiento del estado policial de facto.

Ivania Álvarez, miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), calificó como un “gran golpe” que varios de sus miembros estén presos, pero afirmó, que esa situación no detiene el trabajo que han desarrollado en las estructuras territoriales.

Asimismo, Alex Hernández, miembro del Consejo Político de la UNAB, expresó que están escuchando a sus bases para valorar cómo pueden continuar con la movilización de acuerdo a la evaluación de nivel de riesgo y persecución de cada localidad.

Álvarez consideró necesario que organizaciones acompañen los actos de resistencia pacífica, ya que, por los niveles de represión, el llamado de autoconvocados es muy difícil que se logre.

“Creo que ya no se puede esperar qué va hacer un autoconvocado. Hay demasiada represión, el régimen asedia todos los días a diferentes liderazgos, ha creado el miedo, hay una especie de campaña de terror que espera las noches para amedrentar más”, expresó.

Max Jerez, miembro de la Alianza Ciudadana, coincide con Álvarez que la protesta autoconvocada no ha tenido el mismo impacto que al inicio de la Rebelión Cívica. Frente a eso, asegura que se necesita fortalecer la organización de las diferentes estructuras de oposición para mantener la resistencia cívica.

 



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