12 de noviembre 2021
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Tres días antes de las votaciones del 7 de noviembre, la Policía del régimen de Daniel Ortega allanó la empresa encuestadora Mercaplan, que hace unos meses realizó una encuesta sobre el clima político e intención de voto en el país en las elecciones en las que Daniel Ortega se reeligió tras anular la competencia política, encarcelando a siete precandidatos presidenciales de la oposición y a decenas de líderes políticos y cívicos.
La empresa Mercaplan, fundada en Honduras y dirigida por Asís Arechavaleta Pintó, realizó una encuesta en que incluía preguntas sobre si los ciudadanos participarían en las elecciones o si tenían confianza en el proceso electoral, según fuentes que conocen sobre el allanamiento ocurrido el viernes pasado, pero que solicitan omitir sus nombres por temor a represalias.
De acuerdo con el relato de las fuentes, la Policía Nacional decomisó las computadoras portátiles de los trabajadores. Además, varios de los empleados fueron citados a la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), en el complejo carcelario Evaristo Vásquez, conocido como “el nuevo Chipote”, donde los interrogaron sobre el trabajo que realizaban para la empresa. Ninguno fue detenido, pero los oficiales les advirtieron que podían ser llamados otra vez.
“A algunos de los trabajadores interrogados en Auxilio Judicial, se les cuestionó sobre cuánto dinero ganaban en la empresa, si recibían bonos o cuáles eran sus funciones específicas”, detalló una de las fuentes.
Mercaplan, compañía de capital hondureño
Las fuentes explicaron que, como no estaban directamente involucradas en el proceso de la encuesta, desconocen quiénes son los clientes que contrataron los servicios de la compañía.
Mercaplan es una empresa de capital hondureño que realiza estudios e investigaciones de mercado y consultoría de marcas a nivel regional. La primera oficina la abrieron en San Pedro Sula, en 1987; luego iniciaron operaciones en Tegucigalpa, la capital de Honduras, en 1990. Desde entonces se han expandido a los demás países centroamericanos y República Dominicana.
Algunos trabajadores de la empresa cuestionan por qué el director de Mercaplan no se ha pronunciado sobre el allanamiento y tampoco ha habido un comunicado informando sobre lo sucedido.
CONFIDENCIAL ha intentado, sin éxito, conocer la postura oficial de la empresa. Al cierre de esta información, continúan sin responder las diversas consultas realizadas.
Los trabajadores afectados sí han recibido asesoría de abogados facilitados por Mercaplan, pero más allá de eso, desconocen qué ocurrirá a nivel administrativo y con sus puestos de trabajo. Un estimado de 20 personas se quedarían sin empleo.
Algunos de los trabajadores que hablaron con CONFIDENCIAL, bajo condición de anonimato, aseguran que al principio se encontraban “temerosos” de ser detenidos durante sus citas a la DAJ, pero decidieron ir por recomendaciones legales.
