20 de abril 2016
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La dirigencia nacional del Partido Liberal Independiente (PLI) denunció este miércoles ante el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) el asesinato de su militante Andrés Cerrato, originario de la comunidad San Martín de Daka, ubicada en la microrregión de Ayapal, en Jinotega. Los opositores emplazaron a la Policía Nacional para que realice una investigación que dé con los responsables del crimen.
El asesinato de Cerrato sucedió la madrugada de este lunes 18 de abril, cuando hombres armados lo sacaron de su vivienda y lo balearon cinco kilómetros después, informó el diputado Luis Callejas.
Cerrato fue asesinado un mes después que brindara declaraciones al Diario La Prensa, en las que aseguró que miembros del Ejército de Nicaragua lo acosaban. “Temo a ser ejecutado”, advirtió el miembro del PLI y también auxiliar de alcalde.
En esa remota comunidad, a dos días a pie de Ayapal, los grupos de supuestos rearmados por motivaciones políticas contra el gobierno de Daniel Ortega "son una realidad con la que los campesinos tienen que convivir", dijo Callejas. Sin embargo, las autoridades catalogan a estos grupos como “delincuentes comunes”. El Ejército ha realizado diferentes operativos en esas montañas, y ha informado de diferentes bajas propinadas “a los delincuentes”, quienes son asociados con abigeato y siembra de marihuana.
“Los grupos armados están más seguros porque están matando a los campesinos, a los miembros del PLI y que fueron Contras, solo por tener contactos con los armados, a quienes la gente les da comida porque caminan armas y tienen miedo”, dijo Callejas.
Esos asesinatos no son aislados para el PLI. “Son sistemáticos” y quedan en la impunidad. Callejas recordó el caso de la mochila bomba en Pantasma, el ajusticiamiento de “El Flaco” y “Pablo Negro”.
Byron Chamorro, presidente departamental del PLI en Jinotega, exigió a la Policía una investigación a fondo que “responda todas estas preguntas”. “Son asesinatos descarados (…) y los campesinos están muriendo por denunciar”, señaló Chamorro.
La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), la doctora Vilma Núñez, subrayó que si fuesen “delincuentes comunes” los perseguidos por las autoridades, la Policía Nacional debería estar al frente de esos operativos y no el Ejército de Nicaragua, ya que no está facultado.
“Condenamos el asesinato de otro campesino más y demandamos a la Policía Nacional una investigación exhaustiva”, exigió Núñez. “La Policía no puede seguir callando, en los informes del CENIDH están recogidos los nombres de los asesinados en esas montañas cuyos casos quedan en la impunidad”.
La defensora de derechos humanos criticó que la postura de omisión de la institución policial al no esclarecer estos casos de “delincuencia común” deja al descubierto “su encubrimiento de lo que es vox populi en las comunidades, de que es el Ejército”.
El vocero de la institución castrense, el coronel Manuel Guevara Rocha, no respondió a las llamadas de Confidencial para brindar su versión sobre la denuncia. El 28 de marzo el Ejército informó a través de una nota de prensa que “dio de baja” a seis sujetos en el Cerro Sibiwas, a 25 kilómetros al noreste de Ayapal, tras sostener un enfrentamiento.
Núñez sostuvo que las características del asesinato de Cerrato no corresponden al típico accionar de la Policía que busca delincuentes, sino más bien “posee características militares”.
La presidenta del CENDIH pidió a la Policía evitar “el doble rasero”, ya que recientemente atrapó a los asesinos de un oficial en Bilwi, en el Caribe Norte de Nicaragua, en 24 horas. “Son diligentes cuando quieren”, dijo Núñez.
Callejas exhortó a “no involucionar al pasado”, en referencia a los asesinatos sucedidos durante la guerra de la Contra con la Revolución Sandinista en los ochentas.
