17 de febrero 2017
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El Parlamento Europeo (PE) condenó este jueves en una detallada resolución el deterioro del Estado de Derecho y de la democracia en Nicaragua, además de lamentar la desprotección de los defensores de los derechos humanos en el país e instar al gobierno de Daniel Ortega a que cese las represalías contra la líder campesina del movimiento anticanal, Francisca Ramírez.
Los eurodiputados también se pronunciaron sobre el estado de los Derechos Humanos en Guatemala, y en el caso de Nicaragua mencionaron "los ataques y actos de acoso de los que han sido objeto las organizaciones defensoras de los derechos humanos y sus miembros y periodistas independientes por parte de personas individuales, fuerzas políticas y órganos vinculados al Estado".
"Profundamente preocupado por la destitución de diputados de la oposición de la Asamblea Nacional de Nicaragua", ocurrida a finales de julio de 2016, que considera "modificó la estructura de
liderazgo del partido de la oposición", el PE también "instó" al gobierno de Nicaragua a que "respete plenamente los valores democráticos, incluida la separación de poderes, y a que restaure la posición de todos los partidos políticos de la oposición permitiendo que se expresen críticas dentro del sistema político y en la sociedad en general".
"La plena participación de la oposición, la despolarización del poder judicial, el fin de la impunidad y una sociedad civil independiente son factores esenciales para el éxito de cualquier democracia", recordaron los eurodiputados.
Además, destacaron las obligaciones internacionales de Nicaragua sobre los derechos humanos y respeto a los derechos de los pueblos indígenas.
Concretamente, el PE solicitó al gobierno de Nicaragua que "pongan fin a la impunidad de los autores de delitos cometidos contra defensores de los derechos humanos". También, indicó que "apoya el derecho de los defensores del medio ambiente y de los derechos humanos a protestar sin sufrir represalias; pide a Nicaragua que realice efectivamente una evaluación independiente del
impacto medioambiental antes de dar nuevos pasos y que haga público todo el proceso".
Los eurodiputados recordaron la aprobación de la concesión del proyecto del canal interoceánico, la protesta campesina y las represalias del gobierno, para indicar que "es necesario" que las autoridades protejan "las tierras de los pueblos indígenas del impacto del desarrollo de megaproyectos que afecten a la capacidad de sustento vital de sus territorios, situando a las comunidades indígenas en escenarios de conflicto y exponiéndolas a actos de violencia".
Igualmente, el Parlamento no perdió oportunidad para mencionar que "las medidas ilegales adoptadas en violación del sistema judicial que han dado lugar a cambios constitucionales para eliminar los límites de los mandatos presidenciales,permitiendo a Daniel Ortega permanecer durante años en el poder" y las críticas de la comunidad europea hechas tras las elecciones municipales de 2008 y las nacionales de 2011 y 2016.
El PE señaló que "toma nota de que existe actualmente un proceso de diálogo en curso con la OEA y que, para el 28 de febrero de 2017, debería estar firmado el memorando de entendimiento, lo que podría --estiman-- contribuir a mejorar la situación".
Puede descargar la resolución completa siguiendo este enlace.
