10 de noviembre 2020
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La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó en primera legislatura la reforma constitucional que establece la pena de cadena perpetua en el país, misma que sería ratificada en enero del próximo año, con el inicio de la siguiente legislatura, para su posterior entrada en vigencia. La llamada ley de cadena perpetua, que es una adhesión al artículo 37 de la Constitución Política, es la última de un tridente de leyes punitivas que el régimen orteguista ha promovido en las últimas semanas.
La reforma agrega un nuevo párrafo al artículo 37 de la Constitución Política que establece un máximo de treinta años de condena, al que se añadió: “excepcionalmente se impondrá la pena prisión perpetua para la persona condenada por delitos graves, cuando concurran circunstancias de odio crueles, degradantes, humillantes e inhumanas, que por su impacto causen conmoción rechazo, indignación, repugnancia en la comunidad nacional”.
Los cambios constitucionales fueron respaldados por la aplanadora de diputados sandinistas en la Asamblea, quienes argumentaron que el establecimiento de cadena perpetua responde a la solicitud de tres millones de nicaragüenses que enviaron su firma al parlamento. Mismas que fueron reunidas con presiones y chantajes, según diversas denuncias.
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La iniciativa de reformar la Constitución surgió el pasado 15 de septiembre en el seno del Poder Ejecutivo, cuando el mandatario Daniel Ortega anunció en un discurso a la nación los cambios que orientó realizar en las leyes del país.
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La presidenta de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos, María Auxiliadora Martínez, señaló que la reforma constitucional fue consultada con magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la Policía Nocional, el Ministerio Público, el Sistema Penitenciario Nacional y la Procuraduría General de la República; instituciones controladas por el orteguismo que concluyeron que el establecimiento de cadena perpetua "no contradice la Constitución Política ni los instrumentos internacionales de los que Nicaragua es Estado parte".
"La prisión perpetua es una herramienta legal de protección, prevención y resguardo de la vida", señaló el diputado sandinista Carlos Emilio López. A su juicio "la prisión perpetua es un escudo gigantesco de protección" para las mujeres, porque cumple "una función preventiva" porque envía un mensaje de persuasión a los agresores.
Los legisladores sandinistas insistieron en que la cadena perpetua será aplicada de forma "excepcional" y será "revisable" una vez que el condenado se reeduque. Además, argumentaron que la prisión perpetua es algo que se aplica en 180 países del mundo. Finalmente la reforma parcial a la Constitución fue aprobada, en lo general y particular, con 70 votos a favor, 15 en contra, 3 abstenciones, 1 presente.
Una vez que la reforma constitucional sea aprobada en segunda legislatura y sea puesta en vigencia, los diputados sandinista continuarán con una reforma al Código Penal.
Una ley que castigará a opositores
La ley de cadena perpetua fue una orden del régimen de Ortega para castigar, según ellos, a quienes cometan crímenes de odio en el país. El régimen ha utilizado como argumento el asesinato de menores de edad, pese a que colectivos feministas han documentado la falta de interés del Gobierno por castigar los femicidios.
Organizaciones, abogados y opositores alegan que, en cambio, esa ley no es más que un castigo que se aplicará contra quienes se atrevan a expresarse en contra del régimen, siendo herramienta para allanar el camino a la continuidad del poder de Daniel Ortega junto con la Ley Especial de Ciberdelitos o Ley Mordaza, aprobada el 27 de octubre, y la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, aprobada el 15 de octubre.
Ante la aprobación de este tridente de leyes punitivas, el Parlamento Europeo aprobó el 07 de octubre una solicitud para ampliar las sanciones contra funcionarios del régimen de Ortega, incluyendo a la pareja presidencial, y demandaron la no aprobación de estas leyes. Advirtieron que ellos -inclusive- podrían iniciar los trámites para la suspensión del Acuerdo de Asociación con Centroamérica y la Unión Europea.
