14 de julio 2019
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La Asamblea Nacional aprobó –menos de 52 horas después de haberlas recibido- las reformas a la Ley 606 “Ley Orgánica del Poder Legislativo” y la Ley 290 “de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo”, con lo que ahora, el presidente del primer poder del Estado, Gustavo Porras, se consolida como una figura protocolaria, y cada ministerio puede tener dos o más ministros.
La reforma a la 606 “deja a Porras abriendo y cerrando sesión y dando la palabra. El tema de fondo aquí es cómo deforman la administración pública, solo para mantener a alguien en una posición política”, dijo el abogado Eliseo Núñez Morales.
Por su parte, las reformas a la 290, que permiten nombrar “a uno, o más de un ministro”, “incrementan la discrecionalidad, y aumentan las facultades del titular del Poder Ejecutivo, a unos extremos ridículos y sin sentido”, dijo a Confidencial un profesional del Derecho con experiencia en Administración Pública, que pidió no revelar su nombre.
“Eso es bizarro, es kafkiano”, abundó Núñez, al referirse al mismo tema.
La exposición de motivos para reformar la Ley 290, indica la necesidad de hacerlo para “fortalecer y dinamizar la gestión en las entidades que conforman el Poder Ejecutivo”.
Poder nombrar más de una persona al frente de un ministerio, se hace “con el propósito de tratar de burlar las sanciones internacionales, lo que incrementa el nivel de desafíos hacia la comunidad internacional, porque Ortega les está diciendo: “Nombro cuatro ministros. Si sancionan uno, hay tres más. Si sancionan a los cuatro, nombro cinco”, dijo la fuente que solicitó el anonimato.
Por si eso sucede “los relevos ya están nombrados”, aseveró.
Ministros baratos
Esta fuente opina que la comunidad internacional interpretará la reforma a la 290 como un mecanismo para burlar las sanciones. En ese caso, “la reacción podría ser sancionar a la institución completa, lo que sería devastador para un Estado que ya está pasando gravísimas dificultades económicas y financieras”.
Su análisis le indica que estamos cerca de un colapso financiero, pero “parece que el Ejecutivo no lo ve. El Gobierno tendría que estar negociando con la comunidad internacional, y en vez de eso, están tratando de burlarlos”, añadió.
Esta fuente no cree que el factor económico, o la necesidad de premiar lealtades, tenga mayor peso en la presente coyuntura, por considerar que en el partido de Gobierno pesan más las lealtades que el currículo o la formación profesional.
Gustavo Porras, secretario general del Frente Nacional de Trabajadores (FNT) y actual presidente de la Asamblea, en una foto de 2016. Foto | Carlos Herrera | Confidencial
“En el Ejecutivo hemos pasado de funcionarios de categoría tres, a cinco o nueve, con lo que podés encontrar a personas de bajísimo nivel académico, ejerciendo cargos de alta responsabilidad”, relatando el caso de una joven recién graduada, que fue nombrada en un puesto importante.
“Por su nivel y experiencia, esa persona debería estar desempeñándose como pasante, con un estipendio de 300 dólares, pero si le ofrecen 1000 dólares, y ya no digamos 3000 o 5000, lo aceptaría feliz de poder incluso poner en su currículo que fue ministra de algo”, refirió.
La fuente dice que solo puede catalogar lo sucedido, como “realismo mágico, absurdo total. ¿Varios ministros? Es una cosa demencial. Ese modelo no existe en ningún lugar. Lo estamos inaugurando en Nicaragua, creyendo que es una viveza, una genialidad política, pero es una torpeza”, sentenció.
El ‘presidente’ Porras
Cuando las reformas a la Ley 606 se publiquen en La Gaceta, el diputado Gustavo Porras será una suerte de vocero de lujo, encargado de abrir y cerrar la sesión parlamentaria, de llamar a votar por determinada ley o artículo, y de determinar en voz alta, cuántos votos a favor, en contra y abstenciones, tuvo una ley determinada. Y poco más.
Cuando la reforma a la 606 ya esté vigente, las actas de las sesiones, las leyes aprobadas que se envíen a la presidencia para su sanción, modificación o rechazo, etc., serán firmadas por el diputado que ocupe la primera secretaría, pero ya no por Porras, que fue sancionado por Estados Unidos, al amparo de la NICA Act.
Aunque la exposición de motivos señala que la reforma a la 606 permitirá “facilitar mejores prácticas parlamentarias para el desarrollo de la democracia”, el exdiputado Núñez piensa que “estos cambios no deberían ocurrir por la necesidad de una persona, sino según los intereses del país”.
“Aquí vemos no solo esa mezcla Estado - partido, sino que las decisiones personales de Ortega se convierten en leyes. Él se ve obligado a reformar la Ley como se le ocurre, y deforma la administración pública en todo sentido”, rechazó.
Citando la teoría, Núñez recuerda que “las leyes tienen que ser de carácter general, y esta (la que reforma la Ley 606) tiene todos los trazos de ser de carácter particular. El danielismo no cree en la democracia porque si así fuera, sabrían que el presidente de la Asamblea Nacional, es un funcionario que sí debe tener atribuciones”.
Por suerte, deshacer estas leyes es muy fácil.
