23 de octubre 2020
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La maquinaria del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en la Asamblea Nacional presentó este 22 de octubre una iniciativa de reforma parcial a la Constitución para establecer la cadena perpetua para "crímenes de odio" en Nicaragua, que ha sido ampliamente criticada por considerar que busca condenar las acciones de la oposición contra el Gobierno de Daniel Ortega, a quienes el oficialismo descalifica todos los días..
El proyecto, rubricado por los 70 diputados sandinistas y sus aliados en la Asamblea Nacional, propone reformar el artículo 37 de la Carta Magna que fija en 30 años la pena máxima en Nicaragua, dijo a periodistas el diputado opositor Maximino Rodríguez.
Ese artículo establece que "no se impondrá pena o penas que, aisladamente o en conjunto, duren más de 30 años", límite que sería derogado con la reforma constitucional, explicó.
El Gobierno, a través de su vicepresidenta, Rosario Murillo, anunció el mes pasado que orientaron "penalizar con prisión a cadena perpetua a quienes cometan estos delitos que tipificamos crímenes de odio, crueles, aberrantes, humillantes y denigrantes que no corresponden a la cultura nicaragüense".
Murillo puso como ejemplos de "crímenes de odio" el asesinato de dos niñas de 12 y 10 años, así como el de dos mujeres, ocurrido en septiembre, aunque no estableció una definición, lo que ha causado el rechazo de diversos sectores del país, que consideran puedan usar esa figura con fines políticos.
"Nueva modalidad de represión"
Grupos opositores han dicho que esa propuesta de cadena perpetua, más la Ley Especial de Ciberdelitos, conocida como "Ley Mordaza" y la de Ley de Regulación de Agentes Extranjeros (ya aprobada) "son claras muestras de la radicalización de la represión y el cierre de los espacios políticos por una dictadura cada vez más represiva y violatoria de los derechos de los nicaragüenses".
La opositora Coalición Nacional las ha catalogado como una "nueva modalidad de represión" en el marco de la grave crisis que vive el país desde abril de 2018.
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Según esa Coalición , el Ejecutivo sandinista está promoviendo leyes que serán usadas contra sus oponentes, críticos y prensa independiente, con el fin de intimidar, acallar y neutralizar la disidencia y las voces críticas.
"Hay unos cuantos pelagatos que se oponen a la cadena perpetua para los criminales y por algo será", respondió entonces Murillo, esposa del presidente del país, Daniel Ortega.
Los sandinistas han levantado firmas a favor de que se apruebe la reforma parcial a la Constitución y una enmienda al Código Penal para que se permita aplicar la prisión perpetua a los asesinos de niños y mujeres.
Conforman Comisión Especial
Rodríguez dijo que la Junta Directiva del Parlamento propuso el nombre de los diputados que integrarán la comisión especial que se encargará de consultar, estudiar y dictaminar esa propuesta.
La misma quedó integrada por seis diputados, tres del FSLN, dos del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y uno de los grupos minoritarios, quienes serán presentado el martes próximo ante el pleno, que tendrá que ratificarla.
Esa comisión tendrá un plazo de 60 días para presentar un dictamen, aunque por tratarse de un único artículo, dijo Rodríguez, puede llevar menos tiempo.
Expertos constitucionalistas han explicado que, para establecer la cadena perpetua, se debe hacer una reforma a la Constitución, misma que, según el proceso legal, debe ser solicitada por el presidente o por un 30 % de los diputados de la Asamblea Nacional, pasar una etapa de revisión de 60 días a cargo de una comisión especial.
Posteriormente debe obtener la mayoría calificada de votos en dos legislaturas, que los reúnen los sandinistas, más reformas al Código Penal.
Dan luz verde a "Ley Mordaza"
Tres comisiones legislativas también avalaron este miércoles una iniciativa de Ley Especial de Ciberdelitos, que plantea castigar con cárcel la propagación de noticias falsas y/o tergiversada que produzcan alarma temor, zozobra en la población, o a un grupo o sector de ella o a una familia.
Las tres comisiones, controladas por los diputados sandinistas, que propusieron ese proyecto, dictaminaron a favor de la iniciativa que ha sido bautizada por la prensa no oficial como "Ley Mordaza" porque consideran fue preparada para afectar únicamente a los medios tradicionales y alternativos, así como a los usuarios de redes sociales críticos con el Gobierno que preside Daniel Ortega.
"Hoy se cometen delitos a través de las tecnologías de la información y comunicación, por lo tanto debemos de resguardar y proteger a las familias, a las mismas empresas públicas y privadas, a las personas como individuos", señaló el diputado oficialista José Antonio Zepeda, presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Medios de Comunicación, a medios oficiales.
"Por lo tanto todo aquello que concierne a resguardar la integridad y el respeto a la dignidad, es lo que pretende esta Ley", agregó.
Control sobre redes sociales
Esa ley, dijo Zepeda, impedirá que las personas puedan "realizar delitos utilizando las tecnologías: no pueden provocar, incentivar, motivar o calumniar a través de las redes sociales porque cometen delito, que están tipificados en el Código Penal".
La presidenta de la Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos, la también diputada sandinista Jenny Martínez, dijo que esa iniciativa "está fundamentada en el respeto a los derechos constitucionales que tenemos todos los y las nicaragüenses de podernos comunicar y transmitir información a través de la tecnología de la información y la comunicación, pero que esa información no incurra en algún delito establecido en esta Ley".
La iniciativa otorga poder al Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR) para ordenar a cualquier empresa, asociación, medio de comunicación o entidad mantener "congelada" hasta por tres meses la base de datos de sus sistemas informáticos, los cuales estarán accesibles para el personal del ente regulador, la Policía y la Fiscalía que podrán intervenir e incautar los equipos en caso de ciberdelitos.
Prensa independiente no fue consultada
El movimiento Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), que no fue consultado por las comisiones, ha anunciado que recurrirán por inconstitucionalidad contra esa ley una vez sea aprobada por la Asamblea Nacional, en donde los sandinistas tienen mayoría absoluta, y luego entablarán "un juicio internacional en contra del régimen de Daniel Ortega".
El denominado Foro de la Prensa Independiente de Nicaragua ha rechazado esa ley bajo el argumento que persigue censurar y amenazar a periodistas, medios de comunicación y ciudadanía en general.
A su vez, que apunta a controlar y censurar la información en internet, criminalizar a los informantes e impedir las investigaciones periodísticas, entre otros.
Según los legisladores sandinistas, el proyecto fue consultado con la Corte Suprema de Justicia, que será el órgano aplicador de la Ley, así como con los Ministerio Público y de Gobernación, Ejército de Nicaragua, Policía Nacional, Telcor, y representantes de medios de comunicación oficiales y afines al Gobierno.
El dictamen fue remitido a la primera secretaría de la Asamblea Nacional antes de ser discutido en el plenario en los próximos días.
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