Política

Orteguismo alista premio a partidos políticos “zancudos” con reembolso del CSE

Reforma electoral eliminará el requisito del 4% de los votos válidos para acceder al reembolso millonario del Consejo Supremo Electoral

Los partidos políticos “zancudos”, que solamente aparecen en periodos electorales de Nicaragua en búsqueda de una o dos diputaciones en la Asamblea Nacional, ahora tendrán derecho a parte del reembolso de gastos de campaña del Consejo Supremo Electoral (CSE), según uno de los cambios que impulsa el Frente Sandinista en su propuesta de reforma a la Ley Electoral o Ley 331.

En la exposición de motivos de la reforma, numeral ocho, los legisladores orteguistas indican que se “suprime el requisito de obtención del 4% de votos válidos para el reembolso de gastos de campaña electoral”. La presidenta del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), Kitty Monterrey, rechazó públicamente la propuesta de reforma por considerarla “un premio” para estos partidos aliados históricos del orteguismo. 

Para Monterrey, esta propuesta de reforma evidencia la intención de quitarle la personería jurídica a los partidos políticos que no obtengan el 4% de los votos en las elecciones del siete de noviembre próximo; sin embargo, la misma reforma “los premia” con parte del reembolso a partidos políticos del CSE. 

El reembolso a los partidos políticos

Según el artículo 99 de la Ley Electoral vigente, el Estado debe designar el 1% de los ingresos ordinarios del Presupuesto General de la República para reembolsar los gastos de la campaña electoral en que hayan incurrido los partidos políticos. Dicho reembolso se otorgará de acuerdo al porcentaje de los votos válidos que haya obtenido en la elección, con un mínimo del 4%.

Monterrey estimó que este año el reembolso del CSE para los partidos políticos ascenderá a 23 millones de dólares, por lo que reclamó que “un partido que obtenga el 1% va a recibir 230 000 dólares de premio por haber ido a zancudear”. 

El presupuesto asignado este año al CSE asciende a 773.4 millones de córdobas para que organice las elecciones nacionales de noviembre, que aún no han sido convocadas oficialmente, mientras el orteguismo sigue acomodando fichas para atornillarse en el poder. 

CSE con poder absoluto

Aunque la propuesta ha generado inquietud entre la sociedad civil, todo indica que será aprobada unilateralmente por la bancada del FSLN, que tiene mayoría absoluta en la Asamblea Nacional. De esta forma, cerrarían toda posibilidad de recurrir de amparo ante otras instancias, como la Corte Suprema de Justicia, porque ahora el CSE tendrá control absoluto. 

“El control (absoluto) lo están obteniendo a través del Registro Civil de las personas, que ahora pasa al CSE y se lo quitan a las alcaldías. En vez de crear un instituto de cedulación están creando más burocracia y más control estatal a través del CSE”, criticó la presidenta de CxL.

A lo que se refiere Monterey es que a pesar de que el Registro Civil pasará a ser una dependencia del CSE, la propuesta del orteguismo dice en el artículo diez, numeral doce, que se mantendrá “la subordinación laboral a cada alcaldía municipal”. 

Otros puntos que cuestionó la presidenta de CxL fueron: la prohibición de teléfonos celulares dentro de las JRV, la eliminación del padrón fotográfico, las capacitaciones virtuales y la imposibilidad real de los partidos opositores para realizar sus mítines políticos.

De forma simultánea a la reforma electoral, el orteguismo ha iniciado un proceso de selección de magistrados del CSE para el que los partidos políticos con representación parlamentaria tienen 15 días para presentar sus propuestas. En el caso de CxL “no tenemos propuestas porque nosotros no tenemos a ningún diputado en la Asamblea Nacional”, subrayó Monterrey.  

De esta forma, la presidenta de CxL descartó la posibilidad de hablar con los actuales diputados para hacer llegar una propuesta a través de esa vía. “Buscar algún diputado significa hablar con el Frente Sandinista y nosotros no estamos dispuestos a eso”, dijo. En el caso hipotético de que la Comisión especial nombrada por la Asamblea Nacional abriera alguna consulta “entonces lo consideraríamos, pero a como están las cosas lo veo poco probable”, agregó. 

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